La negativa del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique de Lau Cortés, de suministrar información pública, es sólo el último capítulo de una larga historia plagada de opacidad y secretismo en la esfera gubernamental.
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Lotería Nacional de Beneficencia, la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Asamblea Nacional y la Autoridad Nacional de Descentralización, son algunas de las instituciones del Estado que se han negado a dar detalles sobre el manejo de sus programas y otros asuntos ligados a su gestión.
El velo del Ifarhu
Uno de los más persistentes en esta práctica es el Ifarhu, cuyo director Bernardo Meneses, en reiteradas veces ha omitido dar detalles sobre quiénes son los beneficiarios de las becas y auxilios económicos no reembolsables que entrega la entidad. Meneses, activo militante del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), negó esa información a La Prensa, al diputado independiente Gabriel Silva y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), alegado que se trata de “datos personales” y -según él- es información que no puede ser compartida, según las leyes 81 de 26 de marzo de 2019 (datos personales), 6 de 2002, (que dicta normas para la transparencia en la gestión pública) y la 33 de 2013, que creó la Antai.
Meneses ni siquiera atendió el tema en medio del escándalo generado en octubre pasado cuando se divulgó que hijos de políticos del PRD y otros, gozaban de jugosos auxilios económicos para estudiar en el extranjero.
Otra autoridad, en este caso la que regula las pequeñas empresas, la Ampyme, también se negó a entregar información del Capital Semilla, su programa emblema. En 2021, este medio le solicitó los nombres de los beneficiarios, su ubicación, montos asignados, ramo de negocios, comités de evaluación de los emprendimientos, pero su director Oscar Ramos, invocó la Ley 81 de datos personales para no entregar la data.
Una orden de la Corte
En octubre de 2020, el pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió un habeas data al diputado independiente Gabriel Silva, y ordenó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) entregarle información sobre la asignación de los cupos de taxis y otros. Todo ocurrió porque en enero de ese año, Silva solicitó al que era director de esa oficina en ese momento, Miguel Martínez, que le suministrara una lista completa de los cupos que la institución ha otorgado para el transporte selectivo [taxis] en cada provincia del país durante los últimos cinco años. Además le pidió el número de placa, modelo y año del vehículo, así como también la cédula del propietario.
A raíz del fallo, la ATTT divulgó en sus redes sociales una lista de los certificados de operación (2,150 hojas) con el número de cupo, el propietario, la prestataria y la ruta o zona de trabajo.
Algo similar ocurrió en la Lotería Nacional de Beneficencia, entidad bajo el mando de Gloriela Del Río. En diciembre de 2019, después de declarar “confidencial y de acceso restringido” los nombres, cédulas y las provincias donde trabajan los tenedores de libretas de lotería, se vio obligada a divulgar los nombres de los billeteros.
Mientras que en noviembre de 2022, la Autoridad Nacional de Descentralización, que dirige Edward Mosley Ibarra González, no contestó cuáles son las juntas comunales y municipios del país que han recibido fondos adicionales a los del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el de Impuesto de Bien Inmueble (IBI), ni a cuánto han ascendido estos fondos en el 2019, 2020, 2021 y 2022. La petición la hizo el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien ante la negativa de Ibarra González, llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia a través de un habeas data. A finales de diciembre de 2022, se dio a conocer que ese órgano del Estado no admitió el recurso de Vásquez, alegando cuestiones de forma.
Otra de las instituciones que tiene larga trayectoria de opacidad es la Asamblea Nacional, cuyos presidentes se han negado a divulgar las distintas planillas, los contratos que asigna y los traslados de partida que tramitan en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, entre otros temas.
Esta nota periodística sólo contiene algunos ejemplos del secretismo que predomina en algunas instituciones. La lista es más larga.
Lombana en la Procuraduría
Por ahora, todo parece indicar que el capítulo de la planilla de la CSS no termina aquí. Luego de que su director Enrique Lau Cortés, declarara “confidencial” las comunicaciones que envían diputados y otros funcionarios a la entidad solicitando puestos de trabajos, Ricardo Lombana, el abogado que pidió la información, llevó el tema a la Procuraduría de la Administración. Le pidió opinión al procurador Rigoberto González, sobre la respuesta que dio Lau Cortés.
“Vamos a llegar hasta el fondo del asunto de las planillas que se utilizan políticamente para el pago de favores”, manifestó el excandidato presidencial y presidente del Movimiento Otro Camino.
El artículo 14
De hecho el procurador González ya se ha pronunciado sobre ese asunto. En julio de 2021 respondió una consulta que le hizo Elsa Fernández, directora de la Antai, sobre la documentación de carácter confidencial o de acceso restringido.
González contestó, entre otras cosas, que el artículo 14 de la Ley 6 de 2002, de transparencia, establece la documentación que se considerará restringida, y “solo esta puede ser clasificada como tal”.
De acuerdo a la citada norma, en esa lista está, la información relativa a la seguridad nacional, manejada por los estamentos de seguridad, los secretos comerciales obtenidos por el Estado producto de la regulación de actividades económicas, los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales del Ministerio Público, la información que versa sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, la Fuerza Pública, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Consejo de Seguridad Nacional, la información sobre existencia de yacimientos minerales y petrolíferos, entre otros.
Lea también: ¿Qué es lo confidencial en un expediente de personal?
