Mientras el Ejecutivo oficializó la instalación de la denominada Mesa Única de Diálogo por Panamá, aún se desconocen las condiciones con las que otras organizaciones participarán en la segunda fase de las conversaciones, y se incrementan las críticas por la creación de una comisión anticorrupción en la que solo participan tres grupos sociales.
Alicia Jiménez, de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá y vocera de la Gran Alianza por Panamá, organización que aspira a participar en la segunda fase, indicó ayer martes que aboga por una “metodología ampliamente consensuada entre todas las partes” y “revisar lo actuado” desde julio pasado.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, a cargo de Marcela Galindo, alertó sobre la comisión anticorrupción, pues considera que es “insuficiente’' y “carece de representatividad”.
La Comisión Ciudadana Contra la Corrupción, creada a través del Decreto Ejecutivo No. 215 del 1 de septiembre de 2022 como un acuerdo de la mesa de diálogo, excluyó a otros sectores.
El gobierno legaliza la mesa del diálogo de Penonomé
El Ejecutivo oficializó en la Gaceta Oficial la “instalación” y “legalización” de la Mesa Única de Diálogo por Panamá, mediante la Resolución No. 090-R-069 del 8 de agosto de 2022, del Ministerio de Gobierno, que adopta “el Acuerdo de Instalación Formal y Legalización de la Mesa Única por Panamá y Aceptación de la Facilitación de la Iglesia Católica”.
La resolución fue publicada el pasado sábado 3 de septiembre en la Gaceta Oficial 29614 y forma parte de lo pactado entre el Gobierno, la iglesia católica (como ente facilitador) y los tres grupos sociales que conforman la mesa de diálogo, la cual se desarrolla desde el pasado 21 de julio en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé, provincia de Coclé.
En dicho documento, se detallan los ocho puntos de la agenda de trabajo de la mesa en una primera fase: canasta básica, combustible, medicamentos, educación, energía eléctrica, Caja de Seguro Social, corrupción y transparencia, y mesa intersectorial.
La participación de ‘todos’
Además, se deja por sentado que “en aras de mantener la representación de todos los sectores de la sociedad en las subsiguientes fases del diálogo por Panamá, resulta imperativo garantizar la participación de aquellas asociaciones y grupos sociales que formalizaron su solicitud ante la iglesia católica, ente facilitador en el proceso de diálogo para el fortalecimiento de los compromisos nacionales”.
Es decir, que en la segunda fase deben entrar otros actores al diálogo, tema que genera controversia y rechazo entre los representantes de los tres grupos sociales que forman parte de las conversaciones con el Ejecutivo.
Varias solicitudes
Sobre este punto, la iglesia informó ayer martes 6 de septiembre a este medio que están en el trabajo de totalizar la cantidad de solicitudes que han llegado, aunque adelantó que “son varias las organizaciones de diferentes sectores las que han pedido entrar al diálogo en una segunda fase”.
Entre estas organizaciones se encuentra la Coalición Por Panamá Pro- Transparencia y Anticorrupción, así como la Gran Alianza Por Panamá, grupos de afrodescendientes, pensionados y asegurados.
Algunos esperan que se adecúe la metodología y revise lo acordado en la primera etapa del diálogo entre el Gobierno y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado y el Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos.
Precisamente, Alicia Jiménez, de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá y vocera de la Gran Alianza por Panamá, indicó ayer martes a este medio que hay condiciones que se anteponen a su participación en la mesa, entre ellos, la metodología.
Este grupo aboga por una “metodología ampliamente consensuada entre todas las partes”. También dijo que se debe tomar en consideración el hecho de que hasta el momento no se han podido implementar los decretos y resoluciones emitidos por el Gobierno, “por evidente falta de consulta a los actores principales que tienen que ver con la implementación”.
“Nosotros sugeriríamos revisar lo actuado. Esa sería nuestra posición, que es cónsona con la realidad, pues nadie puede estar de acuerdo con una situación donde usted no ha sido consultado”, señaló.
La resolución que legaliza la mesa establece de manera “expresa” la validez que tiene lo pactado por el Gobierno y los tres grupos sociales en Penonomé. Pero, ¿por qué se publica después de un mes de haberse instalado la mesa? En el Ministerio de Gobierno solo indicaron que la resolución avala lo que se acordó.
Contra el decreto
La Coalición Por Panamá Pro-Transparencia y Anticorrupción también se pronunció ayer martes –en un comunicado– y cuestionó el Decreto Ejecutivo No. 215 del 1 de septiembre de 2022, que creó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, pues no lo considera conducente para resolver el problema de impunidad y corrupción sistémica en el país.
“Hay acciones concretas que puede tomar el Ejecutivo si en realidad tiene la voluntad de atacar este problema”, dijo Leah de Boersner, de la Fundación Espacio Cívico, miembro de la coalición, y añadió que en este momento no es claro hacia dónde va el diálogo, pues la invitación a participar debe ser completa y al menos indicar metodología de trabajo, mediadores, participantes y objetivos. Sobre todo, asegurando que estos objetivos no dupliquen esfuerzos ni violenten el marco jurídico.
El panorama
La resolución de la legalización de la mesa de diálogo se publica en medio de las denuncias interpuestas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), precisamente contra el Decreto Ejecutivo No. 215 y a una semana para que los representantes de los tres grupos sociales y el Gobierno se trasladen (el martes 13 de septiembre) a la Arquidiócesis de Panamá, para reunirse con el arzobispo José Domingo Ulloa y consensuar una salida a la primera fase del diálogo e iniciar la segunda.
El pasado viernes, las alianzas pidieron, por ejemplo, que la mesa intersectorial sea formalizada a través de un decreto ejecutivo.
Además, que la mesa se base en ocho ejes temáticos y que el facilitador sea un organismo internacional de Naciones Unidas, excepto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
No obstante, el Ejecutivo y las alianzas no lograron consensos en este aspecto y por ello se está a la espera de la reunión en la Arquidiócesis y la plenaria de la mesa, que está prevista para el 15 de septiembre.
El pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo publicó el Decreto Ejecutivo No. 215 , mediante el cual creó la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción. Se trata de la disposición objeto de dos demandas en la Corte: una demanda de nulidad interpuesta ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y una acción de inconstitucionalidad.
