Semana clave para el presupuesto; Comisión aún tiene que revisar 85 entidades

Esta semana se presenta como un momento decisivo para la aprobación del presupuesto general del Estado 2025, ya que el próximo 31 de octubre marca el final del periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.

En un contexto en el que la urgencia por alcanzar un consenso se intensifica, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dejado claro que no convocará a sesiones extraordinarias para abordar este tema. Esta decisión genera inquietud entre algunos diputados, como Betserai Richards, quien también forma parte de la Comisión de Presupuesto.

En un clima de alta expectativa, Richards enfatizó la responsabilidad que enfrentan tanto la Asamblea como el Órgano Ejecutivo en la aprobación y distribución del presupuesto nacional. “Tenemos un escenario inédito y, como representantes, debemos actuar con seriedad”, expresó Richards, al tiempo que describía el exhaustivo proceso de revisión, rubro por rubro, que la comisión ha llevado a cabo durante las vistas presupuestarias.

Su mayor preocupación, señaló, es la falta de tiempo para revisar los recursos adicionales asignados a varias instituciones clave, como las universidades y el Ministerio de Educación. Richards subrayó la importancia de que estos fondos, especialmente los destinados a las escuelas y universidades, se utilicen de manera efectiva y transparente. “Lo mínimo que esperamos es que las escuelas estén al 100% cuando comience el año escolar. Nuestros estudiantes merecen instalaciones adecuadas, sillas en buen estado y un ambiente propicio, incluso con aire acondicionado en los lugares necesarios”, indicó.

A pesar de los recursos asignados, recalcó que el desafío principal es asegurar una inversión eficaz que beneficie a los estudiantes sin poner en riesgo la transparencia.

Como se recordará, con las modificaciones recientes al proyecto de ley, la cifra total del presupuesto se eleva a $30,111 millones, lo que representa un incremento de $3,276 millones respecto a los $26,835 millones que se habían propuesto el 15 de octubre.

La Resolución de Gabinete 99, que introduce estas modificaciones al proyecto de ley 143 presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante la Asamblea Nacional el pasado viernes, incluye ingresos corrientes estimados en $2,001,680,532. Este aumento en los ingresos previstos plantea un desafío significativo en términos de recaudación fiscal y exige un compromiso firme con la optimización de las fuentes de ingresos.

Si el presupuesto no se somete a votación antes del 31 de octubre, Richards explicó que el documento regresaría al Gabinete para su aprobación.

Ante esta situación, surgen tres posibles escenarios respecto al presupuesto general del Estado para 2025. El primero es que la Asamblea Nacional decida aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo, que asciende a $30,111 millones. En caso de que el Legislativo lo rechace, se mantendría en vigencia el presupuesto del año anterior, el cual es muy parecido al propuesto por el Ejecutivo, de $30,000 millones. El tercer y último escenario sería que la Asamblea no llegue a votar, lo que dejaría la decisión final en manos del Consejo de Gabinete, que aprobaría el presupuesto presentado.

Aún quedan alrededor de 85 instituciones pendientes de revisión, una cantidad que, según Richards, sería imposible cubrir en estos días, considerando el nivel de detalle requerido en cada revisión. “Atender dos instituciones por día es lo que hemos podido manejar debido a la cantidad de preguntas y análisis de cada rubro”, explicó.

No obstante, dijo que existe la posibilidad de que la Comisión de Presupuesto decida votar sin concluir las vistas presupuestarias, aunque advirtió que este procedimiento no sería lo más responsable, ya que habría entidades que no serían entrevistadas.

“Es una situación compleja”, concluyó el diputado de la coalición Vamos.

La discusión del proyecto de presupuesto para 2025 ha estado marcada por una serie de incidentes que han influido en su desarrollo. Desde protestas de gobiernos locales y universidades hasta desacuerdos entre los actores clave del Ejecutivo y la Asamblea Nacional, lo cual ha añadido complejidad a un proceso ya de por sí delicado.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política