Familiares de los desaparecidos y asesinados de la dictadura en Panamá no cesan su lucha. Año tras año exigen al gobierno de turno que se haga justicia y se castigue a los responsables de las múltiples violaciones de derechos humanos cometidos durante 21 años.
“Mi tío desapareció y vemos cómo a través del tiempo sigue la injusticia y la impunidad”, dice Maritza Maestre, del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá, Héctor Gallego (Cofadepa-HG).
“Seguimos en la búsqueda de la verdad, en dónde están, qué les hicieron”, añade.
Al conmemorarse hoy 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Maestre sostiene que en comparación con otros países de la región, donde hubo dictadura y se establecieron procesos penales, en Panamá poco se ha avanzado en materia de justicia hacia las víctimas y familiares.
“Sigue el silencio cómplice, la impunidad y la situación de que el Estado no trata este tema como tal, sino como de gobierno y hasta político”, indica.
Prueba de ello, dice, es la falta de voluntad del actual gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de reconocer un acuerdo firmado en 2019 durante la gestión Juan Carlos Varela con los miembros de Cofadepa-HC.
Además de la indemnización a un primer grupo de víctimas de la dictadura militar, el gobierno también debía reconocer –a través de una resolución en Gaceta Oficial– que hubo un periodo de dictadura y no “una revolución”, agrega Maestre. Pero en la actualidad, el gobierno se resiste a reconocerlo, asegura.
En junio pasado, la Contraloría General de la República informó que refrendó la indemnización, contenida en el caso 13.017-C de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los familiares de las víctimas de la dictadura militar de octubre 1968 a diciembre 1989, asociados en el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi).
Precisó que el monto total a pagar es de $11,024,410.83 que se hará efectivo en tres cuotas de $3,674,803.61 cada una, según lo establecido el 18 de junio de 2021 con el Ministerio de Economía y Finanzas.
En Panamá, al menos 116 casos de personas asesinadas y desaparecidas –en su mayoría panameños– quedaron documentados por una Comisión de la Verdad en 2002, es decir, hace 20 años. Entre las víctimas está Eduardo Carrera.
“Fue asesinado el 26 de julio de 1987 en los tiempos de la dictadura, estudiante universitario de 24 años. Le dispararon en El Valle de Antón. Este año cumplió 35 años de aniversario y fue el mismo día que cerraron La Prensa”, recuerda hoy su hermana Iliana Carrera.