Figuras de la sociedad civil se han manifestado sobre la propuesta legislativa del diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), que busca modificar el Código Judicial para prohibir el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de quienes denuncian actos de corrupción.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aceptó (prohijó) esta semana la iniciativa de ley, a pesar de la oposición de diputados de Realizando Metas y del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La iniciativa ha generado un amplio debate en distintos sectores del país, ya que, según los defensores de la medida, protegería la libertad de prensa y garantizaría que los denunciantes puedan exponer actos ilícitos sin temor a represalias económicas.
Por otro lado, algunos críticos sostienen que la propuesta podría debilitar el sistema judicial y la capacidad de resarcir daños en casos de difamación o información incorrecta.
Lo digo en frío. Soy defensor de la libertad de prensa y expresión. Sí alguien no le gusta lo que ha expresado un medio, la acción de tutela podría proceder, para la rectificación de rigor. pic.twitter.com/g7SSzAqpjF
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) August 6, 2024
Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, es una interesante y necesaria iniciativa, en la medida en que no afecta el resarcimiento en caso de un daño. “Es una protección necesaria para que, en la etapa inicial, no se intimide a quien está dispuesto a denunciar la corrupción”, acotó.
En palabras de Gómez, se trata de un proyecto interesante para debatir y que, en el camino, se puede perfeccionar si algunos detractores de la propuesta lo consideran necesario.
“Yo estoy de acuerdo con toda iniciativa que proponga legislar en el sentido de proteger al denunciante y al periodismo investigativo que combate la corrupción. Sin participación ciudadana y periodismo, es difícil luchar contra la corrupción”, puntualizó.
Por su parte, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí ven con suma preocupación la creciente tendencia en Panamá a reclamar indemnizaciones desmesuradas, tanto en la jurisdicción penal como en la civil, contra los medios de comunicación, lo que no solo pone en riesgo su capacidad informativa, sino que también mina su sostenibilidad económica y su habilidad para operar eficazmente.
En un pronunciamiento colectivo, estas organizaciones reiteraron su compromiso con la formación continua, pues es imperativo que los medios de comunicación actúen de manera responsable para asegurar que su contenido no contribuya a la desinformación o a la difamación con intenciones dolosas; sin embargo, imponer sanciones desproporcionadas a las acciones que reclaman quienes se consideran afectados constituye una forma de censura.
“Los gremios periodísticos hemos estado siempre abiertos al diálogo para facilitar proyectos de ley que garanticen la libertad de expresión y de prensa. Siempre hemos denunciado la tendencia a utilizar la vía judicial para obstaculizar la labor periodística y de los medios de comunicación, por lo que hacemos un llamado a aquellos que voluntariamente ocupan o han ocupado cargos públicos a recordar que la naturaleza de sus funciones los coloca bajo un escrutinio público”, manifestaron en un comunicado.
Además, plantearon su inquietud por los casos de medios como Corporación La Prensa y Mi Diario, que enfrentan 15 demandas civiles y cinco penales valoradas en aproximadamente 60 millones de dólares, comprometiendo gravemente la capacidad financiera del medio, el ejercicio libre del periodismo y, por ende, el derecho de la ciudadanía a informarse.
Otras figuras, como Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), han planteado que la libertad de expresión y su protección son “esenciales” para la democracia, por lo que la propuesta de ley debe ser discutida ampliamente con todos los sectores de la sociedad, especialmente los medios de comunicación.
Durante el prohijamiento de esta propuesta, los opositores, como el diputado de Realizando Metas Luis Eduardo Camacho, argumentaron que con este “procedimiento” se les coarta la posibilidad de realizar secuestros civiles. En contraste, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, afirmó que la propuesta “es jurídicamente viable”.
Los detalles
El anteproyecto de ley que Cedeño puso a consideración de sus colegas busca incluir un numeral en el artículo 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. La norma que propone Cedeño dice así:
Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: A. A las personas que denuncian actos de corrupción, arbitrariedades o violaciones de leyes. B. A los activos y bienes de medios de comunicación social.
Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en 2025.
De acuerdo con Cedeño, en Panamá ha habido “acoso judicial a denunciantes”.
