Alvin Weeden recibió un llamado telefónico del banco Lloyds. Del otro lado de la línea, una empleada le avisaba que tenían un cheque muy comprometedor que querían entregarle. Weeden, en ese entonces al frente de la Contraloría General, no perdió un segundo: llamó a una asistente a su despacho y le pidió que fuera a la entidad financiera a buscar el documento.
Cuando la empleada volvió con el sobre y Weeden lo abrió, casi se cae de la silla: dentro había un cheque de pago de dividendos al portador de la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) que se depositó en una cuenta del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Era octubre de 2003 y el país se preparaba para festejar su centenario. Weeden guardó el cheque y le pidió a su empleada que no comente el tema con nadie. El Contralor General sabía que tenía una bomba en sus manos y no quería que la publicación de la información entorpeciera el festejo patrio.
Eso sí, apenas pasaron las fiestas, lanzó la bomba que recién dio en el blanco varios años después lejos de Panamá: en un tribunal de Virginia, Estados Unidos.
Allí, y ante el juez Dennis Dohnal, el ex presidente de PECC Charles Jumet admitió que pagó sobornos a tres altos funcionarios de Panamá para que la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgara a PECC una concesión para prestar ayuda a la navegación de barcos. Así lo informó el pasado viernes el Departamento de Justicia.
Las declaraciones de Jumet apuntan a tres políticos: Hugo Torrijos, Rubén Reyna y Pérez Balladares.
“Nunca me había pasado por la mente que Pérez Balladares estuviera involucrado”, dice Weeden, sentado en la galería de su dúplex en Punta Paitilla. El contralor de Mireya Moscoso (1999-2004) le concedió ayer una entrevista a este diario, en la que habló de todo: el caso PECC, la justicia, el Ministerio Público, el gobierno de Ricardo Martinelli, su pelea con Pérez Balladares y sus juicios.
“Mi filosofía siempre fue ‘caiga quien caiga”, asegura, y repite alzando la voz: “caiga quien caiga”.
¿Cómo se inició el caso PECC?
En 1997, siendo funcionario de una compañía de seguros, un ingeniero nos pide una fianza para cubrir el cumplimiento del contrato de mantenimiento de boyas y faros de PECC. En esa ocasión, a ese ingeniero se le pidió que el convenio de indemnización tenía que ser firmado por los accionistas de PECC. Nunca más volvió a pedir la fianza, luego de nuestra petición. Ahí me enteré de que los socios eran Hugo Torrijos y Rubén Reyna. Desconocía, en ese momento, la vinculación de Pérez Balladares en el tema.
O sea que cuando se enteró no era contralor...
No, en el año 2000 yo asumo como contralor y mi primera tarea fue ponerme a analizar qué era esa concesión. Y comienzo a observar todas las ilegalidades, todos los actos en detrimento del patrimonio público, y contrato a un abogado externo para que llevara a cabo una demanda de nulidad de esa concesión. Finalmente, en el año 2002 se presenta la demanda de nulidad en la Corte Suprema.
¿Y qué decisión tomó la Corte Suprema?
El recurso en la Corte Suprema lo había engavetado, sin atenderlo, el magistrado Arturo Hoyos. Nos dimos cuenta de que ese recurso no iba para ningún lado y que había que entrar en una investigación más precisa. Decidí que esto yo lo tenía que trabajar personalmente y entonces me fui a la AMP y exigí que se me entregara todo el expediente del caso PECC, y me lo llevé. Puse las cajas en mi despacho y me dediqué a ver cada uno de los documentos. Cuando veo esos documentos, encuentro dos notas que me llaman la atención y que es lo que desencadena el proceso: una carta de Petroterminal en que se quejaba de que, a pesar de que en su contrato a ellos le correspondía dar el mantenimiento de faros y boyas de todos los barcos que entraban a sus áreas y que daban ese servicio, PECC le estaba cobrando aparte a las navieras y que ese dinero el Estado se lo tenía que dar a ellos y no a PECC. Cuando veo eso, veo claramente la lesión patrimonial, porque el Estado le iba a tener que responder a Petroterminal. Había una segunda carta en igual sentido de Bahía Las Minas.O sea que PECC se apropiaba del dinero sin dar el servicio. Cuando encuentro eso, veo el camino de la lesión patrimonial. Pedí que cuantificaran de 1997 a 2003 cuánto era el daño económico al Estado. Ese valor daba 7 millones de dólares en el período señalado. Teniendo eso como base, emití una resolución de cautelación a PECC y a las personas que resultaran responsables de los hechos.
¿En qué fecha tomó esa decisión?
En octubre de 2003. Entonces, ahí entro a PECC con una resolución firmada por mí, en la cual ordeno la reparación patrimonial basada en el principio que la empresa PECC se había apropiado de 7 millones de dólares que le correspondían al Estado para hacerle frente a obligaciones con terceros. Y al entrar a PECC y examinar los libros de contabilidad, descubrimos los documentos del reparto de dividendos a los accionistas y nos salen los nombres de las sociedades cuya investigación luego nos llevó a personas vinculadas a Hugo Torrijos y, en el otro caso, a la familia de Rubén Reyna. Eso abrió el camino para cautelar [bienes] a esas personas. Pero hasta aquí, en la película por ningún lado aparecía Pérez Balladares.
¿Cuándo descubrió qué pagos de dividendos terminaron en una cuenta de Pérez Balladares?
A finales de octubre, el 28 ó 29, recibo una llamada del banco Lloyds para decirme que habían encontrado un cheque muy comprometedor. Cuando mando a buscar el cheque, encuentro que era el de Pérez Balladares. Créame que casi me caigo de la silla...
¿En ese momento le incautó las cuentas?
Siendo consecuente con lo que había hecho antes de cautelar [bienes] a Reyna y Torrijos, que eran los accionistas visibles para la Contraloría hasta ese momento, cuando encuentro el cheque y la vinculación de Pérez Balladares inmediatamente lo cautelo por la cuantía de los 7 millones de dólares, y le encuentro esa cifra.
En el momento en que cauteló las cuentas, ¿cuánto dinero había?
Cautelo los 7 millones. Pero de esa investigación a Pérez Balladares, en el banco Disa y en otros bancos encuentro cuentas por 20 millones de dólares.
¿Cuál era el patrimonio declarado por el ex presidente ante la Contraloría cuando dejó el cargo?
Él declaró ante la Contraloría [que tenía] 3 millones de dólares de patrimonio.
O sea, que halló una diferencia de 17 millones de dólares...
Sí, y ese era dinero casi todo líquido. En aquella declaración jurada había inmuebles, pero esto era dinero líquido, independientemente de los otros bienes.
Cuando incautó sus cuentas, lo acusaron de desatar una persecución política contra Pérez Balladares...
Con Pérez Balladares jamás tuve un problema. Para mí, él fue un simple número de un expediente en la Contraloría. Solo me tocó juzgar como contralor sus actuaciones. Se trató de dibujar que era una persecución política mía. No soy ya ni arnulfista, ni en los cinco años que me manejé en la Contraloría lo hice políticamente. La prueba es que he salido peleado con todos los arnulfistas, o buena parte de ellos.
¿En algún momento durante su investigación se vio implicado un funcionario del gobierno de Moscoso?
Nunca jamás. Ese es un rumor que está regando ahora [Enrique] Montenegro que, a propósito, está muy vinculado a las relaciones públicas de Pérez Balladares. Él es un individuo a sueldo.
Si bien no en este caso, durante el gobierno de Moscoso se destaparon varios casos de corrupción...
Alguna gente piensa que gracias a Dios yo estaba ahí y que por eso no fue peor la cosa. Yo no era Dios para pararlo todo, no tenía el poder de pararlo todo. Pero todo lo que estaba dentro de mi jurisdicción, lo paré. Si el país lo reconoció, son cosas que uno tiene que dejar a la historia. Salí con la satisfacción del deber cumplido.
¿Actualmente se habla con Moscoso?
No me hablo; incluso antes de mi salida de la Contraloría, no me hablaba. Yo tuve muchos problemas con ella. Mario Galindo es testigo de que a los tres días de haber asumido, la Presidenta no me hablaba. Estaba indignadísima conmigo porque yo había modificado una resolución del control previo.
¿Moscoso sabía que tenía información sobre la vinculación de Pérez Balladares y PECC?
Sí. Moscoso le ha mentido a Pérez Balladares. Le hizo creer que no le dije que yo iba a hacer pública la situación de él en el caso PECC. Y es mentira, yo fui a la casa de Moscoso, recuerdo con claridad que ella estaba con Arnulfo Escalona e iban a salir de viaje. Le enseñé el cheque, le conté lo que habíamos encontrado, y le dije que iba a hacer pública esa situación.
¿Y ella qué le respondió?
Nada, absolutamente tranquila. Hasta creo que un poco feliz. Pero ahora que es íntima de Pérez Balladares y los dos se unen a ver como me destruyen, resulta que ella le hizo creer que no tenía nada que ver. Que Pérez Balladares sepa quiénes son sus amigos.
¿Por qué cree que su investigación no se tramitó en la justicia de Panamá?
Por encubrimiento. El sistema judicial panameño está diseñado para el encubrimiento. Para que los inocentes sean procesados y los culpables sean rápidamente exonerados. Esa es la filosofía. (...) Por eso yo envié toda la documentación del caso a la Embajada de Estados Unidos.
¿Qué debería cambiar para que un caso como el de PECC se ventile en los tribunales?
La Corte Suprema de Justicia entera. Entero el Ministerio Público. Si aquí no se renueva la justicia, estamos perdidos. Esto es una burla, aquí no hay seriedad. Van a poner nuevos magistrados que son la misma vaina. La misma gente en su mismo ambiente: Los mismos que va a poner, son los mismos que han estado encubriendo delitos.
¿Por quiénes lo dice?
El magistrado [Gerardo] Solís del Tribunal Electoral. Ese va a la Corte Suprema de Justicia. Otra “bandidez” más para Solís...
¿Por qué utiliza esos calificativos?
Porque destruyó hasta documentos, y de eso lo acusé públicamente. Destruyó documentos de las partidas discrecionales de Pérez Balladares cuando él la manejaba. Porque es una ficha de Pérez Balladares. Porque va a estar asociado con uno de los magistrados más nefastos de la historia de este país que se llama Winston Spafadora. Porque ahora vamos a tener a dos haciendo mayoría en una sala contencioso administrativa, en donde se van a debatir los grandes contratos del Estado con particulares. Y ninguno de los dos es sujeto con moralidad para estar en ese cargo. El presidente [Ricardo] Martinelli va a cometer ese bárbaro error de pagar un compromiso político –de una actuación de Solís en el Tribunal Electoral– nombrándolo magistrado de la Corte Suprema. Y él es uña y mugre de Spadafora.
Más fácil: los dos van a montar una taquilla en la Corte Suprema... y que ahí pase cada uno haciendo su contribución. Así de sencillo va a ser.
O sea que su opinión es que el Presidente está perdiendo la oportunidad de renovar la Corte Suprema...
No la está perdiendo, va a actuar igual que los anteriores. Es la misma línea. Por lo que se menciona, va por el mismo camino. Va a sancionar a [Adán Arnulfo] Arjona, que es un magistrado que se ha portado bien, para poner en sustitución de Arjona a un magistrado con los antecedentes de Solís. Antecedentes, la verdad, francamente deplorables.
¿Cómo sabe que Solís quemó documentos públicos?
Porque lo admitió en una reunión que tuvimos en la Presidencia, cuando él [entonces como fiscal electoral] investigaba las partidas discrecionales de la presidenta Moscoso. En presencia –no sé si les va a interesar confirmarlo– de la ministra Ivonne Young, mía, y de dos personas más, donde yo le digo: ¿Dónde están las facturas de las partidas discrecionales de Pérez Balladares? Y ahí él admitió que se habían quemado porque eran muy voluminosas.
¿ Y qué le respondió?
Le dije: pero tú destruiste documentos públicos, no puedes hacer eso. Bueno, pero eso era muy voluminoso, me contestó. Moscoso no va a ser capaz, no le veo el valor cívico para confirmar mis palabras, pero Ivonne Young quizá, no sé. Vamos a dejárselo a la historia.
Volviendo al tema de PECC, ¿cómo recibió la noticia de que el presidente de PECC admitió ante la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos a funcionarios?
Con satisfacción. Esta es una lucha que no solo la he vivido, la he sufrido. Tuve que enfrentar procesos de calumnia e injuria de Pérez Balladares, evidentemente sin fundamento alguno. Porque todo lo que le he dicho a ese caballero está probado. Pero desgraciadamente aquí el Ministerio Público... incluso tengo un llamamiento a juicio, curiosamente, de este Ministerio Público por una narración que hice, igual a esta, en KW Continente. Y el fiscal decidió llamarme a juicio por haber hecho un recuento histórico del caso PECC. Mire hasta lo que hemos llegado en el país con la procuradora, Ana Matilde Gómez. Es un hecho insólito lo que sucede aquí. El que contribuye con la justicia, el que persigue al delincuente, es el sujeto de la persecución del Ministerio Público panameño y de los tribunales. También he sufrido una demanda civil por 5 millones de dólares que todavía enfrento en el Juzgado Décimo Tercero, una juez absolutamente corrupta en su actuación contra mí, parcializada. Ahí está, tranquila de la vida. Le puse una queja en el Tribunal Superior y se burlaron de ella los magistrados del Segundo Tribunal Superior.
Pareciera que vivió jaqueado por las denuncias en el Ministerio Público.
Y no los delincuentes. Y no solo jaqueado, sino con la frase expresa y concreta de Pérez Balladares: ‘te voy a acabar, voy a acabar contigo’. Ha tratado de acabar conmigo moralmente, ha tratado de presentarme como blanqueador de capitales, me ha tratado de presentar como narcotraficante. Por todo eso lo querellé, y el caso ahí está, durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio Público.
¿Qué opina de la actuación del Ministerio Público en el caso PECC?
Desgraciadamente la procuradora Gómez sabe y conoció de la existencia del caso PECC desde el día en que estuvo en la Asamblea Nacional para su ratificación (...) y en los cinco años que han transcurrido de su gestión, no ha tomado absolutamente ninguna medida para investigar el caso PECC. Eso es un dramático contraste entre lo que es la justicia que se ejerció en Estados Unidos contra su ciudadano corrupto, y la injusticia –o la falta de justicia– que se maneja en Panamá para, casualmente, encubrir, proteger y no procesar, en consecuencia, a los autores de este latrocinio contra el patrimonio público.
Pero el Ministerio Público no podía investigar, había una decisión de la Corte Suprema...
Ellos usaron una formalidad: que Pérez Balladares tenía inmunidad, pero eso podía ser válido como criterio jurídico hasta cuando tenía inmunidad. Inmediatamente dejó de tener inmunidad, ya el Ministerio Público tenía que abrir la investigación y continuarla, cosa que nunca hizo la procuradora Gómez. (...) Recuerdo que en una ocasión Pérez Balladares la fue a visitar al Ministerio Público para perseguirme a mí, y Gómez desató una violenta persecución contra mi persona, abriéndome todo tipo de procesos penales. El contraste de la actuación del Ministerio Público en el caso mío y el de Pérez Balladares, es dramático.
Con la decisión de la justicia de Estados Unidos, ¿se podría abrir una oportunidad para que el Ministerio Público reabra el caso?
No creo nada de aquí, lo van a reabrir para que no pase nada. No creo nada porque no puedo creer nada. Por los actos los conocerás...
Weeden: ‘La prima hermana de PECC es OPC’En 1997, la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN) le otorgó un contrato de concesión directo a la empresa Ocean Pollution Control (OPC) para ejercer las funciones de control y prevención de contaminación marítima. Al mando de la APN estaba Hugo Torrijos.
El 26 de abril de 1999, a cinco meses de que culminara la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, Rubén Reyna –quien lo sucedió en el cargo– aprobó una adenda para que OPC cobrara una tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que tocara puerto panameño. Esa adenda le generó ingresos anuales a OPC de entre 2 millones y 6 millones de dólares.
La empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC) también consiguió su concesión en 1997, bajo la misma gestión. Y también su negocio era cobrar una tasa.
Para el ex contralor general Alvin Weeden, esas no son solo coincidencias. “La prima hermana de PECC es OPC, una sinvergüenzura avalada por la Corte Suprema”, acusó.
“En donde entren a investigar a OPC, van a ver los mismos accionistas que en el caso PECC; que busquen la cuenta de los bancos y los cheques, y verán las mismas sociedades”, amplió Weeden.
Según el ex contralor, los investigadores encontrarán detrás de OPC a Reyna y Torrijos. “Bueno, a Reyna lo encuentran hoy a través de su hijo, que es gerente de OPC, para que no le quepa duda”, dijo.
A criterio de Weeden, el modelo de negocios de ambas empresas del sector marítimo son idénticos. “Volvemos al tema millonario: robarse una tasa, que es lo mismo que en PECC”.
Actualmente, el gobierno de Ricardo Martinelli redujo la tasa que OPC le cobraba a los barcos. Sin embargo, la empresa avisó que seguirá cobrando la misma tarifa y que recurrirá a la Corte Suprema.
Pérez B. rechaza acusacionesEl ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el antiguo administrador de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN) Hugo Torrijos, y su segundo, Rubén Reyna negaron cualquier tipo de anomalía en el contrato que firmó la APN con la empresa Ports Engineering & Consultants Corp. (PECC), en 1997. Y, además, rechazaron las declaraciones del ex presidente de PECC Charles Jumet, quien se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos de haber sobornado a altos funcionarios panameños para obtener el contrato con la APN, en 1997.
La Oficina de Prensa de Pérez Balladares rechazó “categóricamente las afirmaciones vertidas por Charles Jumet y que fueron declaradas al amparo de un acuerdo judicial de colaboración con las autoridades norteamericanas”.
“El comunicado del Departamento de Justicia no hace referencia a nombres particulares, pero reiteramos la posición ofrecida por el ex mandatario en el año 2003, quien negó haber recibido pagos de dividendos ni en ningún otro concepto de Charles Jumet o sociedades vinculadas a éste”, agrega el comunicado de la Oficina de Prensa del ex jefe de Estado, al tiempo que concluye: “Reafirmamos que el ex mandatario recibió una donación de este ciudadano norteamericano como aporte a la campaña de reelección”.
Por su parte, Torrijos –ex administrador de la APN durante la gestión de Pérez Balladares– también rechazó las acusaciones de Jumet y señaló que siempre cooperó con la justicia de Estados Unidos. “Les hice llegar infinidad de documentos”, dijo. Torrijos destacó que fue el único funcionario que designó abogados, hace cuatro años, para defenderse en el proceso abierto en el país del norte. Incluso, no descartó viajar allí si se lo pide el juez de la causa. Rubén Reyna, el funcionario que lo secundaba en la APN, avisó que demandará a Jumet por calumnias. “Jamás en la vida he recibido coima alguna por otorgar un contrato. Lo que Jumet ha declarado es totalmente falso y lo que sé es que ha recibido beneficios por esta ‘cooperación’ por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, manifestó Reyna mediante un comunicado.
“Todo aquel que me conoce del sector marítimo –y sobre todo los que fueron beneficiados con privatizaciones– sabe que yo soy incapaz de cobrar un soborno por un contrato”, añadió Reyna.
Para el ex funcionario, las declaraciones de Jumet son “ridículas, además de absurdas”.
“Hace un tiempo, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en las instalaciones de la embajada, me solicitaron que viajara a su país para que declarara en contra de Jumet”, indicó Reyna y agregó: “Lo que me pedían que declarara era una falsedad, por lo que me negué a hacerlo. Esperemos que la justicia se imponga y todo se aclare como debe ser”.
