Una de las operaciones antidrogas más grandes montadas en todo el país, la denominada “Ley Patriota”, recibió un último revés. Ayer, el Juzgado Décimo Penal de Chiriquí sobreseyó el proceso de 77 imputados acusados de blanqueo, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir.
El sobreseimiento de la causa que se sigue a Irma Ortiz, Ceferino Marín, Dídimo Araúz y Salim Saleh es provisional, según dictamen de la jueza María de los Ángeles De Gracia. Además, ocho de los imputados no podrán abandonar el país sin autorización judicial.
A pesar de las pruebas aportadas por el fiscal de Drogas de Chiriquí, Javier Soriano, la jueza concluyó que los informes policiales no tienen “contundencia ni eficacia probatoria”.
Entre los que comparecieron en el proceso, hay funcionarios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), la Policía Nacional, comerciantes de Paso Canoa y particulares.
La presunta red fue desmantelada mediante cuatro operativos denominados “Ley Patriota”, y realizados desde 2006, en los que se incautaron bienes y dinero por 30 millones de dólares.
En otros dos juicios relacionados, también se produjeron sobreseimientos. La única sentencia pendiente es la del juicio contra Carlos Soto Vega, Isaac Btesh, Juan Messina y María de los Ángeles Hernández (apodada la “narcoabuela”).
