La Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó al Ministerio Público un informe preliminar de más de 600 páginas en el que se detalla parte de los movimientos bancarios de la sociedad Shelf Holding Inc. y sus vínculos con la empresa de juegos de azar Lucky Games, S.A. Según el informe, la sociedad Shelf Holding Inc. -que maneja el ex presidente Ernesto Pérez Balladares- recibió en forma regular sumas de dinero por parte de Lucky Games, S.A. En la mayor parte de los giros la cifra se repite a lo largo del tiempo: 33 mil dólares cada mes.
El informe de los especialistas de la UAF es parte de la investigación por supuesto blanqueo de capitales producto de posible corrupción que abrió el Ministerio Público el pasado 14 de septiembre. El caso lo lleva adelante el fiscal José Ayú Prado, titular de la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada.
Junto con Shelf Holding Inc., el informe del organismo de inteligencia financiera de Panamá también menciona a la sociedad Pty Adventures Inc., que también recibió dinero de Lucky Games, S.A. y a su vez desde sus cuentas bancarias giró fondos a Shelf Holding Inc., según dijeron fuentes judiciales. Asimismo, el documento de la UAF incluye el análisis de tres cuentas bancarias abiertas en entidades financieras locales: dos en el Primer Banco del Istmo (hoy HSBC) y una en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda).
Este es el segundo caso (ver nota relacionada) que abre el Ministerio Público contra varias personas y sociedades, luego de que La Prensa revelara los nexos de Pérez Balladares con Lucky Games, S.A., empresa a la cual su propio gobierno otorgó una concesión en forma directa para explotar 9 salas de máquinas tragamonedas en 1996. Tres años después, y antes de dejar el Palacio de las Garzas, ese contrato fue ratificado luego de la privatización de la industria del juego de azar.
Según información que presentó ante la Junta de Control de Juegos (JCJ), los supuestos accionistas de Lucky Games, S.A. son Roosevelt Lito Thayer y Enrique Pretelt, el primero amigo y el segundo yerno del ex jefe de Estado.
Pérez Balladares admitió que Shelf Holding Inc., cuya cuenta bancaria es manejada por él, recibió dinero de la empresa de juegos, aunque explicó que ese desvío de fondos era un asunto “familiar”. “Por qué Shelf Holding recibió eso [el dinero] es un asunto interno de mi familia que no tengo por qué divulgar”, dijo durante una entrevista periodística el pasado 6 de septiembre.
El expediente que lleva adelante Ayú Prado ya cuenta con dos tomos. Hasta el momento, el fiscal envió dos docenas de notas pidiendo información a diferentes empresas de servicios públicos. La idea, dijeron fuentes judiciales, es armar un perfil inicial de cada uno de los involucrados. Ya se pidió información, en ese sentido, sobre el ex mandatario.
Todavía ninguno de los mencionados en la investigación fue llamado a rendir una declaración en las oficinas del fiscal. Tampoco se determinó aún la existencia de un delito.
Sólo los representantes legales de Pty Adventures Inc. se notificaron del sumario el pasado 18 de septiembre. El abogado de esa sociedad, José María Castillo, se negó a dar declaraciones a este diario. El firmante de las cuentas bancarias de Pty Adventures Inc., según registros bancarios, es Henry Mong Woo, un contador que trabaja desde hace varios años cerca de Pérez Balladares.
Rogelio Cruz, si bien no presentó un poder ante el Ministerio Público, se identificó como abogado de Pérez Balladares. Cruz dijo a La Prensa que la apertura del caso se realizó en forma “irregular” y que “el informe de la UAF no tiene firma responsable y es enviado al Ministerio Público sin ninguna bandera roja [alerta]” de los bancos y, en cambio, la bandera roja son las “publicaciones” de este diario.
El abogado agregó que el informe de la UAF fue realizado por el gobierno de Ricardo Martinelli, al que acusó de “perseguir políticamente a sus adversarios” y para eso “poner en peligro la seguridad del sistema bancario”.
El jurista avisó, por otro lado, que demandará a este diario por publicar información sobre el proceso judicial abierto. “El periódico La Prensa va a incurrir en el delito de calumnia”, avisó, al tiempo que calificó de “delincuentes” a las personas que le facilitaron la información del sumario a este diario.
Martinelli canceló el contrato directo otorgado a Lucky Games S.A. -que administraba la multinacional española CIRSA- el pasado 6 de septiembre.
