El contralor Gerardo Solís solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determine la legalidad de los mutuos acuerdos a favor de gerentes y personal de confianza de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
“Envié sin refrendo la consulta a la Corte Suprema para que decida si son o no legales los actos administrativos de Etesa, como me faculta la ley de la Contraloría”, indicó Solís a La Prensa. La documentación fue remitida este jueves 27 de mayo.
Al menos 14 personas con puestos estratégicos en Etesa suman más de $1.6 millones en liquidaciones por mutuo acuerdo, pactadas en el ocaso del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
La consulta de Solís llegaría un día después de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, le advirtió al ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, que los pagos a este personal son “jurídicamente inviables”. Rivera es el presidente de la junta directiva de Etesa.
Hasta la semana pasada, La Prensa había identificado seis mutuos acuerdos a favor del gerente y subgerente general de Etesa, Carlos Mosquera y Óscar Rendoll, respectivamente, y otros cuatro gerentes y directores.
Pero ahora han aparecido más: Alexis Ayala, diputado suplente de Raúl Pineda, con una indemnización de $78,912.93; Guillermo Jaén, tío del vicepresidente José Gabriel Carrizo, con $66,083.71; Mirbenis Robinson, hija del diputado Benicio Robinson, con $1,075.08, y Katrina Ortiz, vinculada a la esposa de Robinson y asistente de Mosquera, con $73,890.95, entre otros.
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