“Fue una pantalla”. Eso dijo el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en diciembre pasado cuando implicó al expresidente Ricardo Martinelli en la trama de corrupción desencadenada por la compra de comida deshidratada por $44.9 millones a través del PAN, Tamburrelli contó en esa ocasión que todo estaba arreglado.
La Presidencia había ordenado que Lerkshore International Limited se quedaría con el millonario contrato. Fue el propio Martinelli, dijo Tamburrelli, quien fijó los precios y se encargó de la propuesta: se cambiaba el almuerzo tradicional de los niños de las escuelas más pobres del país (arroz, frijoles, carne, lentejas) por comida deshidratada.
De esta manera, el gobierno llegó a pagar la sopa instantánea más cara del mercado, y el arroz precocido más oneroso. Cada sopa que Lerkshore International le vendió al PAN costó $26.04, cuando el precio regular del producto en cualquier súper del país es de $5. Esto si se compra al por menor, porque si se adquiere en grandes cantidades el precio puede ser hasta cuatro veces menos.
EN EL MERCADO
La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, hizo el ejercicio. Realizó una inspección ocular a la Agencia Feduro para conocer si la mencionada compañía vende productos deshidratados como arroz, lentejas y sopas. Les respondieron lo siguiente: la sopa deshidratada que ellos venden cuesta 35 centésimos.
Con el arroz precocido ocurrió algo parecido. El PAN le compró a Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza Arias, la unidad de arroz a $15.85. Feduro los vende a $1.88.
También entrevistaron a Nelson Efraín Bouche, quien labora desde 2003 en la cadena de supermercados Riba Smith, uno de los expendios que comercializa alimentos deshidratados, que a su vez son suministrados por las distribuidoras Agencias Maduro, Hermanos Sackay S.A. y Rodolfo Moreno. Y por las empresas internacionales American Grocery Incorporation, American Grioceri Supply y Haddon House.
Dijo que el costo de los alimentos oscila entre $3 y $5 la unidad. Bouche le contó a la fiscalía, además, que desconocía la existencia de la empresa Lerkshore International Limited como proveedora de alimentos deshidratados en Panamá. No tendría por qué conocerla.
La compañía nunca tuvo sede en Panamá. En el Registro Público esta sociedad aparecía registrada como una empresa extranjera. La dirección que aportó fue un apartado postal.
Además, durante las investigaciones del Ministerio Público relacionadas con este caso, nunca se encontró registros sanitarios de los productos que le vendió al gobierno. Tampoco cotizaba en la Caja de Seguro Social, una obligación legal que tienen todas las empresas que operan en el país.
LA LESIÓN
Por este caso, el Estado perdió millones de dólares. El informe de Auditoría Especial número 004-003-15 de la Contraloría General de la República determinó que la compra de alimentos deshidratados generó una lesión patrimonial por $44.9 millones, exactamente el monto del contrato.
Los auditores, en el documento entregado a la Fiscalía en febrero pasado, determinaron la ausencia de estudios, planificación, evaluación técnica, y de la aplicación del manual de procedimientos del Programa de Nutrición Escolar, así como de estudios de factibilidad que avalaron la conveniencia económica y técnica del proyecto [la compra de la comida].
Mientras, en el expediente penal que sobre este caso maneja la Fiscalía consta que la empresa Prativita Alimentos Nutricionais, ubicada en Brasil, giró facturas y otros a Lerkshore International Limited.
En las mismas se evidencian, de acuerdo con los informes, “presuntos sobrecostos y malversación de fondos públicos”. Los números que presenta la Fiscalía son mas conservadores que los de la Contraloría.
Manifiestan que al realizar “una simple operación matemática entre los precios ofertados al Estado por la compañía en cuestión y los que realmente se pagaron a la empresa de Brasil, se determinó una lesión patrimonial de $30.3 millones.
ILÍCITOS...
Por lo anterior y tras analizar el contenido de las pruebas aportadas al expediente, la Fiscalía advierte que se ha acreditado una serie de elementos que le permiten señalar la concurrencia de conductas delictivas desarrolladas en el título 10 del Código Penal, de delitos contra la administración pública, que trata de las diferentes formas de “peculado”, por parte de exfuncionarios.
Procesados por este caso están: la exministra de Educación Lucy Molinar; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; y el director del PAN de aquella época, Giacomo Tamburelli, actualmente bajo arresto domiciliario. Asimismo, Angel Famiglietti, exjefe del Departamento de Nutrición del PAN; y Rubén De Ycaza, representante legal de Lerkshore International Limited, la sociedad proveedora de los alimentos.
Y el viernes pasado, la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, ordenó la indagatoria del exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez; y de las exviceministras de la Presidencia y Desarrollo Social, María Fábrega y Marta Susana de Varela. Se les investiga por la supuesta comisión del delito de peculado.
Fábrega, quien declaró el pasado viernes, no podrá salir del país y deberá notificarse los días 15 y 30 de cada mes. Así lo determinó Broce, tras concluir la indagatoria a la exfuncionaria.
Ella se defiende, y de paso defiende la polémica contratación: “el proyecto que se nos presentó fue un muy buen proyecto...”. Agregó que si se lo vuelven a presentar “lo volvería a aprobar”. “¿Quién no quiere alimentar a los niños de este país?", dijo la mujer que un día fue la mano derecha del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.
Otro que participó en el consejo directivo que aprobó el contrato fue el diputado de Cambio Democrático, Fernando Carrillo, pero este tendría que ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Suárez y Marta Susana de Varela, serán indagados el próximo lunes, según se informó. Este medio intentó obtener la versión tanto de Suárez como de Varela, pero no respondieron a las llamadas efectuadas.
Dentro de las pruebas presentadas por la Fiscalía y que acreditan la supuesta comisión del delito de peculado se menciona la auditoría de la Contraloría que determinó una lesión patrimonial por $44.9 millones [el monto del contrato], y el acta de junta directiva 07-2010 de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del PAN, efectuada el 7 de octubre de 2010, en la que se acordó autorizar la contratación directa de la Lerkshore Internacional hasta 2014.
También se adjuntan las certificaciones de pago expedidas por la polémica entidad: la primera fue por el orden de $15.5 millones y se realizó el 2 de marzo del 2011, y la segunda se entregó el 14 de junio de 2011, y fue de $29.4 millones.
VENCIDOS
Hay más. Otra de las pruebas aportadas por la Fiscal son documentos que afirman que los alimentos deshidratados asignados a la escuelas de la provincia de Veraguas y de la comarca Ngäbe Buglé, entraron vencidos.
La Fiscalía advierte que el proyecto 48910 [compra de la comida deshidratada por $44.9 millones] fue aprobado “sin mayores observaciones” por María Fábrega, Marta Susana de Varela, y Federico Suárez, a pesar de que en la directiva donde se autorizó el contrato no se estableció el monto de ejecución.
Firmaron un cheque en blanco. “Fábrega, de Varela, y Suárez, no cumplieron con la función encomendada de fiscalizar y evaluar la ejecución del proyecto, como se encuentra previsto en el Decreto 690 de 2010 [que creó el PAN], pese a que era una iniciativa contemplada para cuatro años”.
