La inclusión del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli Berrocal, en la lista de personas que “participa en actos de corrupción significativos”, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, representa un terremoto político y un durísimo llamado de atención a la justicia panameña.
La acción contra Martinelli se dio al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al expresidente de Paraguay Horacio Cartes en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
El mensaje de una lista de corruptos
El gobierno de los Estados Unidos comunicó el pasado 25 de enero, la inclusión del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, en la lista de personajes corruptos.
De acuerdo con la embajada de dicho país en Panamá: “(…)el secretario del Departamento de Estado de EU, Antony Blinken, anunció hoy (miércoles 25 de enero) la designación del expresidente Ricardo Martinelli como inelegible para ingresar a Estados Unidos, debido a su participación en actos de corrupción significativos al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno durante su mandato como presidente.”
Esta sorpresiva declaración del máximo representante de la diplomacia estadounidense, ocurrió con posterioridad a la llegada a territorio panameño de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del exmandatario quienes purgaron una pena de prisión en los Estados Unidos por haber blanqueado sobornos pagados por la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, a cambio de contratos y otras prerrogativas provenientes del Estado panameño.
Los efectos de la lista
De acuerdo con los comunicados oficiales del gobierno estadounidense, la medida tomada contra el expresidente alcanza a sus familiares cercanos “immediate family”, que es un concepto que incluye a: su esposa Marta Linares de Martinelli, sus hijos Ricardo Alberto, Luis Enrique y Carolina, así como a un cuarto hijo suyo, menor de edad, cuya identidad no se hará pública.
El primer efecto de esta sanción es la restricción de entrada al territorio de los Estados Unidos de forma permanente. Es decir no se les expedirán visas a las personas afectadas, y aquellos que tengan visa válida para entrar a los Estados Unidos les será cancelada.
El segundo efecto de esta sanción diplomática es la limitación implícita de mantener contactos con agencias o autoridades de los Estados Unidos. El tercer efecto es reputacional, ya que le envía un mensaje a la comunidad empresarial nacional e internacional, de que las personas incluidas en esta lista son corruptas y que las relaciones empresariales o de negocios pueden ser mal vistas por el gobierno de los Estados Unidos.
El paralelismo con Horacio Cartes
El mismo día que el expresidente Martinelli Berrocal fue caracterizado por el secretario de Estado Blinken, como una persona con “participación en actos de corrupción significativos”, el Departamento del Tesoro a través de su oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) incluyó en su lista al expresidente de Paraguay Horacio Cartes y al actual vicepresidente de esa República Hugo Velázquez.
De acuerdo a un comunicado de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay: “La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito.”. Según la misma fuente, Cartes le pagó a diputados paraguayos para doblegar sus voluntades y procurar su impunidad. Las empresas de Cartes también fueron incluidas en la lista OFAC.
La inclusión en dicha lista implica que ciudadanos o empresas de los Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios con las personas o entidades que forman parte de ese listado. Para que una empresa perteneciente a una persona en la lista OFAC sea excluida de la misma, su participación accionaria debe ser inferior al 50%. La prohibición se mantiene si se transfieren acciones a familiares cercanos. El expresidente Cartes fue originalmente designado por el Departamento de Estado como una persona con “participación en actos de corrupción significativos”, el 22 de julio del año pasado. Por lo que la acción del Departamento de Estado con el expresidente Martinelli Berrocal, pudiera ser un primer paso en el mismo sentido.
El impacto para Panamá
Desde una perspectiva de la imagen, Panamá se mantiene en los titulares del mundo por la calificación como corrupto de un político y empresario sumamente importante en este país. Este anuncio no ayuda a la lucha de Panamá para salir de las listas discriminatorias, ni para quitarse el mote de “paraíso de la impunidad”. Por reflejo, esta acción del Departamento de Estado presiona significativamente a las autoridades panameñas y pone en evidencia a un sistema judicial endeble y a un proceso electoral distorsionado.
El hecho de que los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, procesados en Panamá, por los delitos de blanqueo de capitales en los casos Blue Apple y Odebrecht, y a pesar de esto recibieron fianzas de excarcelación por un monto de 14 millones de dólares, sin haberse presentado una sola vez a los estrados judiciales panameños, es sumamente llamativo para las autoridades estadounidenses.
En igual sentido, es notable la reacción de Washington al resultado del proceso de extradición del exmandatario, que en el año 2018 fue entregado por los Estados Unidos a Panamá por el caso de los pinchazos, y que en dos juicios distintos fue absuelto por la justicia panameña.
Estados Unidos mira un mapa de América Latina, que desde México hasta Argentina está pintado de rojo, salvo un puñado de excepciones incluyendo a Panamá. La gran lección de Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, o las elecciones de Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el regreso de Lula da Silva a Brasil, es la demostración que los gobiernos de corte empresarial han sido protagonistas de la corrupción, la indiferencia frente a las necesidades sociales y han generado una mayor impunidad judicial.
Mientras el grueso de los políticos panameños juega dominó con el proceso electoral para buscar la mejor alianza que los mantenga en el poder, los Estados Unidos practica ajedrez, entendiendo que la cleptocracia y todo lo que la acompaña, le han abierto las venas a América Latina y las puertas a más gobiernos de izquierda.
Según el comunicado de la misión diplomática estadounidense en Panamá, la embajadora de dicho país, Mari Carmen Aponte dijo: “Frenar la corrupción a nivel mundial es una prioridad para Estados Unidos, ya que la corrupción amenaza directamente nuestra seguridad nacional. Sé cuán preocupados están los panameños por la corrupción y combatirla es una de nuestras prioridades como embajada porque la corrupción socava el bienestar de la población, la economía y la democracia”. Para subrayar que esta acción es parte de un proceso más amplio, la diplomática sentenció: “Esta no será nuestra última designación en Panamá”.
