Eran las 10:35 a.m.
Un agente de seguridad privado lo observaba todo, desde una silla. Los miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI) que escoltan a Torrijos estaban en “la base”, en la Presidencia de la República.
Una voz femenina, en tono bajo y temblorosa, rompió el silencio, a través del intercomunicador. “El señor Torrijos no se encuentra en casa. Gracias”, avisó.
Entonces llegó, a toda velocidad, una camioneta Ford Escape, blanca, sin placas, de la cual bajó el subteniente del SPI Adolfo Ruiz, quien dijo ser el jefe de escoltas de Torrijos y que éste se encontraba fuera del país.
A Bouche no le quedó más remedio que retirarse como llegó: a bordo de un automóvil del Órgano Judicial y con la hoja de notificación sin la firma de Torrijos. Antes le advirtió a Ruiz que regresaría pronto.
“Cuando gusten”, le contestó el subteniente.
El despacho del magistrado Moncada Luna informó, a través de la Oficina de Prensa del Órgano Judicial, que “a Torrijos se le ordenó una indagatoria debido a que se han acopiados pruebas adicionales que lo vinculan con la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionario público”, dentro de las sumarias que se instruyen por el caso Cemis.
¿Cuáles son esas pruebas acopiadas? ¿Cuáles fueron los testimonios que comprometieron a Torrijos? ¿Cuál es el delito que se le endilga?
