No hay margen para negociar otro modelo de sistema de pensiones que no sea el subsistema exclusivo de beneficio definido, llamado “solidario”. Esta es la posición de Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).
Desde el inicio de las consultas impulsadas por el Órgano Ejecutivo para reformar la Ley 51, orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), la dirigente ha estado presente. Pero advierte que hasta la fecha, las agrupaciones sociales no han logrado el respaldo necesario para concretar su propuesta de retorno total al subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Una parte considerable de los jubilados dependen de este programa. Los gremios sindicalizados, en su propuesta, piden que los actuales afiliados al subsistema mixto migren al de beneficio definido, sin modificar las medidas paramétricas y aumentando únicamente la cuota patronal.
Sin embargo, la postura del Gobierno y los actuarios de la CSS es que esta propuesta no es sostenible, ya que la esperanza de vida sigue aumentando sin que haya un incremento en la cantidad de trabajadores activos a la misma velocidad.
La postura del gremio es inflexible y no negociable. La CGTP se opone a las medidas paramétricas, como el aumento de la edad de jubilación, tal como se planteaba en el proyecto de ley N°163.
A pesar de que las modificaciones al proyecto en el primer debate legislativo evitaron el aumento de la edad de jubilación, Reyes advirtió que aún faltan las discusiones en segundo y tercer debate.
“La CGTP no puede apoyarlos [las modificaciones de los diputados]. Para nosotros, el sistema solidario es fundamental”, apuntó en entrevista con La Prensa.
Sobre la edad de jubilación, Reyes se mostró comprensiva con el argumento de que ha incrementado la esperanza de vida en Panamá, pero considera que no es el momento de hacer modificaciones.
“La edad de jubilación puede evaluarse en su momento, ahora no”, indicó.
Respecto del sistema solidario, Reyes sustenta que este “permite que los trabajadores reciban una pensión equivalente al 60% de su salario. En cambio, el otro modelo que se plantea [en el Legislativo] no garantiza una tasa definida. Un pensionado podría terminar con el 30% o incluso el 15% de su salario, dependiendo de factores fluctuantes. No podemos apoyarlo”, afirmó.
El Gobierno ha propuesto la unificación del llamado sistema solidario con el subsistema mixto, que tiene un componente de ahorro individual.
De acuerdo con el proyecto de ley, los rendimientos de este único fondo traería tasas de remplazo por arriba del 60%.
Y por otro lado, afirman que el regreso al sistema de beneficio definido no resolvería el déficit financiero de la CSS, que podría alcanzar los $1,250 millones en 2025.
Ante este argumento, Reyes subrayó que la propuesta respaldada por al menos nueve agrupaciones sociales durante el periodo de consultas previo a la redacción del proyecto de ley incluye un mayor aporte financiero del Estado a la CSS, equivalente a cerca de $1,400 millones.
Además, contempla la formalización del empleo y el fortalecimiento de sectores económicos como el agro y el turismo.
“Hemos sostenido que el 2% del PIB debe destinarse a la CSS, lo que le daría sostenibilidad a la institución. También planteamos medidas para reducir la evasión de la cuota [morosidad]”, detalló Reyes.
La dirigente reconoció que su propuesta no ofrece una solución inmediata, pero insistió en la necesidad de desarrollar políticas que la hagan viable en el futuro cercano.
Al final del primer debate del proyecto N°163, la Asamblea implementó topes para la administración privada de los fondos de la CSS que se utilicen para inversiones. Un tope del 10% podrá ser administrado por entidades privadas, mientras que el 90% deberá estar en bancos estatales. Sobre este tope, Reyes tampoco se mostró flexible. “Se va a usar el dinero de la Caja, van a usarlo”, alertó.
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