La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), dio su respaldo al proyecto de ley presentado por el diputado independiente Roberto Zúñiga sobre transparentar la gestión de funcionarios jerárquicos e instó a la Asamblea Nacional a aprobarlo.
En un comunicado, la fundación destacó que la propuesta “representa un avance en la lucha anticorrupción” en el país pues la aplicación del principio de publicidad a las declaraciones patrimoniales y de intereses “arrojaría luz a la conducta de los funcionarios y sus criterios en las tomas de decisiones de uso de nuestros recursos”.
Indicó que incluso esta propuesta podría prevenir o detectar por parte de las autoridades o la ciudadanía delitos como enriquecimiento ilícito, soborno, tráfico de influencias, fraude en la administración pública, nepotismo, conflicto de intereses, malversaciones de fondos públicos, prevaricación, lavado de activos y abuso de la función pública.
TI lamentó que el pasado miércoles bajaran a primer debate el proyecto. De acuerdo a la organización, esta acción implica “una falta de voluntad” de transparentar estas declaraciones “por parte de múltiples diputados y sobre todo el desconocimiento de las experiencias internacionales positivas que la máxima publicidad ha implicado, sin el fantasma de amenazas a la seguridad de los funcionarios”.
Hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea a “que con sus acciones honren el clamor de la ciudadanía que quiere ver los fondos públicos utilizados para el bien común y no para favorecer a unos cuantos. Es una de las vías para recuperar la confianza pública y reforzar la rendición de cuentas democrática”.
Desde @LibertCiudadana, reiteramos nuestro apoyo al Proyecto de Ley No. 27 que busca transparentar las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de los Servidores Públicos, presentado por el H.D. @RobertoJZuniga pic.twitter.com/fCpKP73I3u
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) September 13, 2024
La organización espera que los diputados depongan “miedos frente a su deber público” y vuelvan a aprobar el proyecto en primer debate.
El proyecto estaba esta semana en segundo debate. Pero, cuando se inició su discusión en el pleno legislativo, el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, presentó un informe de minoría en el que sustentaba su oposición a la iniciativa.
Alegó que la propuesta infringe disposiciones constitucionales evidenciando un incumplimiento de las normas y principios fundamentales al “intentar exhibir los datos personales de los funcionarios públicos”.
A su juicio, esto representa “riesgos inminentes a la seguridad” ya que la exposición pública de detalles sobre su patrimonio y bienes, información financiera, la vida personal, podrían “convertirse en objetivos de delincuentes”, que pueden utilizar dicha información para extorsionar, secuestrar, robar e incluso poner en peligro la vida e integridad física del funcionario, familiares y particulares.
Zúñiga, quien impulsa el proyecto, la defendió. Recordó que están obligados a presentar su declaración patrimonial los funcionarios de manejo, que son los responsables de ser los custodios de los fondos del tesoro nacional.
Aseguró que su proyecto no entra en contradicción con la Constitución y solo se enfoca en promover la transparencia en la gestión de los servidores públicos de alto rango, principalmente relacionado con la rendición de cuentas y la divulgación de actos oficiales.
En la actualidad, la declaración jurada de estado patrimonial solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta de Zúñiga incluye a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, jueces, fiscales, los jefes diplomáticos y consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
