Tribunal Electoral adjudica contrato directo para comicios

Tribunal Electoral adjudica contrato directo para comicios


A diferencia de otros procesos electorales, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) decidieron hacer una contratación directa para la campaña de publicidad de los comicios generales de 2024.

El contrato, por $9 millones, fue endosado a la empresa BB&M, S. A., de Mario Ernesto Bárcenas Chiari.

BB&M, S. A. es una de las publicitarias que tiene más contratos con el gobierno de Laurentino Cortizo, sobre todo en temas de la covid-19.

Nuevo contrato

El TE cerró este último contrato el 28 de junio en un acto en el estuvieron presentes los magistrados Heriberto Araúz (presidente), Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá (primer y segundo vicepresidente), así como Bárcenas y otros miembros de su agencia.

Según un comunicado del TE, BB&M, S. A. deberá encargarse de desarrollar “las campañas de promoción e información que se requieran para las actividades electorales que desarrollan las distintas comisiones, a fin de lograr la participación ciudadana y resaltar los valores democráticos con motivo de este torneo electoral”.

Decisión del pleno

La decisión de seleccionar de forma directa a BB&M, S.A. –publicada en Panamá Compras–, fue avalada de forma unánime por el pleno del TE el pasado 21 de junio, mediante el Acuerdo No. 32-1.

El documento indica que los magistrados basaron su decisión en el artículo 142 del Código Electoral; el artículo 1 de la Constitución y el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 5 de 2016, Orgánica del TE.

El artículo 142 del Código Electoral señala, entre otras cosas, que el TE puede hacer una contratación directa cuando tenga una “urgencia evidente” que le impida seguir los trámites ordinarios de la contratación pública.

El acuerdo del pleno también hace referencia al calendario electoral que, según el Plan General de Elecciones (Plagel), arranca en 2022 y requiere de la contratación de una agencia de publicidad, de allí que se optó por la contratación directa.

“Ante la limitación de los recursos presupuestarios, no ha sido posible llamar con la suficiente anticipación a un acto de licitación pública”, agrega la resolución.

Además, indica que para atender la “urgencia evidente” el TE decidió invitar a competir a las agencias Cerebro, S.A., que ganó la licitación para los servicios de publicidad del Plagel 2012-2014; y a BB&M, S.A., que ganó la publicidad para la campaña 2007-2009.

Sobre Mercadotrón, S.A., que ganó la licitación de la publicidad de la campaña 2017-2019, se indica que está cerrando sus operaciones.

Según el acuerdo del pleno, la competencia de las dos empresas se centró en una cuña para televisión de 30 segundos con su jingle sobre cómo motivar la participación electoral a través del voto informado.

Asimismo, se pidió a las empresas cumplir con una serie de requisitos, como tener un patrimonio neto superior a un millón 800 mil dólares; un coeficiente de endeudamiento inferior al 40%; así como comprometerse a tener una línea de crédito con un banco de la plaza por un monto no inferior a 700 mil dólares.

El 31 de marzo de 2022 , el TE recibió las propuestas de las dos agencias y decidió por unanimidad que la cuña sometida por BB&M, S.A. “era la mejor, por haber contemplado tres ritmos musicales (urbano, hip hop y típico) en la misma cuña, con una lírica basada en el slogan de Mi Voto Es Mi Voz , y un jingle más melodioso y fácil de recordar”.

Contratos

En este gobierno, BB&M, S.A, ha recibido varios contratos. Por ejemplo, en 2021 fue contratada por la Presidencia para reforzar, ampliar y difundir a nivel nacional el programa Panavac-19, por un monto de $951,050.37. Además, se le dio el contrato para el servicio de producción y comunicación de las campañas del Gobierno para la presentación de proyectos relativos a la covid-19, por $235,593.79.

El último párrafo de esta nota fue modificado este 30 de junio de 2022, ya que por error se escribió que BB&M, S.A, había recibido contratos de la Asamblea Nacional y el Municipio de Panamá; la información correcta es que los contratos fueron adjudicados por la Presidencia de la República.



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