En un viernes cargado de descontento social, el coro que resumió el sentimiento de los manifestantes fue este: “Así le decía Crispiano a Bolota: échate los tragos que el pueblo no lo nota”. Lo acompañaron con tamborito, salomas, baile y banderas de Panamá.
El pegajoso estribillo resonó primero en el corazón de la protesta de los maestros y otros profesionales que reclaman respuestas oficiales para el alto costo de la vida, los medicamentos y el combustible; luego se viralizó en las redes sociales.
El coro era otra manera de rechazar la fiesta “del Macallan”, la celebración que realizaron los diputados oficialistas el pasado 1 de julio, después de inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea. Fue un banquete donde brindaron con whisky Macallan, de casi $400 la botella.
Para algunos, la fiesta del Macallan, sumado a la indignación que generó el crédito de $9 millones para aumentos de sueldos en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), el incremento de la planilla estatal (246 mil 684 funcionarios que cuestan $399.8 millones al año) y los costosos viajes de diputados y funcionarios, son algunas de las causas del detonante de las masivas protestas tanto en la capital como en las provincias.
“Me parece que lo del Macallan puede haber sido la chispa que ha encendido el material combustible de descontento social que se venía acumulando desde hace mucho tiempo. El efecto María Antonieta, versión Macallan-18 años”, escribió el abogado Jaime Raúl Molina en Twitter.
“El gobierno le dice al pueblo que no hay recursos cuando se despilfarran miles de millones. El gobierno está jugando con fuego y poniendo en riesgo la estabilidad del país con sus actos, inacción e irresponsabilidad”, aseguró a este medio Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino.
Para usar esos millones, el gobierno de Laurentino Cortizo ha pedido múltiples préstamos a los organismos multilaterales. Al cierre de mayo de este año la deuda pública había alcanzado los $42 mil 891 millones. Esto significa que el saldo de la deuda pública total disminuyó en $48.7 millones (0.1%) respecto al cierre de abril de 2022. Sin embargo, al comparar dicho saldo con los reportes a mayo de 2021, la deuda registra un alza interanual de $4 mil 545 millones.
El Gobierno habla
Para aplacar el temporal y con el presidente Cortizo en Estados Unidos, donde atiende asuntos de salud, su equipo ha enviado algunos voceros a la televisión y ayer divulgó un extenso comunicado. “Como gobierno, somos conscientes de que tenemos una situación complicada con respecto a la inflación y al incremento de los costos que se están dando en el país producto de la pandemia, por un lado, y ahora el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia (...) El gobierno ha tomado algunas acciones para evitar que el incremento del combustible sea trasladado a los panameños, como el subsidio a los transportistas, y por eso llegamos a algunos acuerdos con los productores en la provincia de Chiriquí”, dijo ayer en TVN, Omar Ahumada, administrador de la Autoridad de Pasaporte y uno de los voceros del Ejecutivo.
¿Por qué el Gobierno no da muestras de austeridad?, le consultaron. Ahumada, militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático, aseguró que en todas las instituciones existe “una contención del gasto”. “Hemos recibido recortes presupuestarios importantes”, añadió.
Sin embargo, ninguna de las entidades del Estado redujo su planilla en los meses más complejos de la pandemia y, a diferencia del sector privado, todos recibieron su salario completo, pese a que muchos dejaron de laborar por esos días debido al confinamiento que se impuso buena parte del año 2020.
Mientras que en el comunicado enviado por la Presidencia de la República se leen conclusiones como las siguientes: “Hoy respetuosamente apelamos a que apetitos políticos inconfesables no intervengan para azuzar enfrentamientos de todo tipo entre panameños”.
El boletín de prensa recuerda que para mitigar el costo del combustible, desde el pasado 3 de junio se estableció un precio tope de $3.95 por galón para las gasolinas y el diésel que utiliza el transporte público, y que desde el 30 de junio pasado se acordó un alivio económico para los transportistas de carga agrícola, que va de $250 a $1,525.
Sin embargo, este discurso no convence a la ciudadanía, que reclama más autoridad y mejor manejo de los recursos públicos. “Si, vivimos una crisis x factores externos….. pero, son demasiados los abusos: la planilla como botín, la @UNACHIpanama y @asambleapa, la soberbia el alcalde del @PRDesPanama @joseluisfabrega, la falta de rendimiento de cuentas, etc, etc. #SinCredibilidad”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada Lina Vega, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
