En un intento por afrontar el despilfarro de fondos mediante la “descentralización paralela”, se presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.
La propuesta, que llegó al pleno legislativo de la mano del diputado independiente Juan Diego Vásquez, propone un capítulo para establecer sobre qué supuestos y de qué manera pueden darse “traslados complementarios” por parte del gobierno central a los gobiernos locales, en cumplimiento del artículo 236 de la Constitución Política, que señala que “el Estado complementará la gestión municipal, cuando ésta sea insuficiente, en casos de epidemia, grave alteración del orden público u otros motivos de interés general, en la forma que determine la ley”.
Vásquez considera que ese artículo no ha sido debidamente interpretado y es por eso que, bajo esta disposición constitucional, mal usada, se transfirieron al menos $242 millones a distintas juntas comunales y municipios, al margen del mecanismo dispuesto en la Ley 37.
La propuesta llega en medio de los cuestionamientos y quejas ciudadanas que plantean que aunque los millones entran a las arcas de los gobiernos locales de sus comunidades, los fondos no permean en el desarrollo de esas áreas.
Con la descentralización paralela, orquestada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), se ha entregado discrecionalmente más de $242 millones a gobiernos locales controlados, principalmente, por dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados.
¿Qué dice el anteproyecto?
El anteproyecto, que deberá ser discutido en la Comisión de Gobierno -ente que todavía no se ha conformado para el periodo 2023-2024- agrega el capítulo III sobre “otras transferencias”, del Título XI de la Ley 37 de 2009, que habla sobre las transferencias de recursos a los gobiernos locales.
En dicho capítulo se establece que “todas las transferencias de fondos que no estén sujetas al proceso de descentralización, que realice el Gobierno Central a las Juntas Comunales y/o Municipios deberán cumplir con los principios de transparencia y participación ciudadana directa y estarán limitados a casos de epidemia, grave alteración del orden público u otro motivo de interés general”.
Además, se propone que cuando las transferencias se hagan con fondos con los que cuenta la Autoridad según su presupuesto, las mismas deberán ser aprobadas por la mayoría simple de la junta directiva de la AND (que actualmente preside un asistente ejecutivo del Ministerio de la Presidencia, llamado Alexander Hepburn), a través de una resolución motivada. Esta resolución no será secreta y deberá ser publicada en Gaceta Oficial, en las 24 horas siguientes al desembolso.
También se indica que en los casos que se deba modificar los fondos asignados a la AND y el presupuesto aprobado por Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se deberá buscar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a través de una resolución que contenga información pertinente, como la resolución motivada de la AND que justifica la necesidad de los fondos requeridos y las necesidades apremiantes que buscan ser cubiertas a través de la asignación de los fondos.
“En estos casos, la resolución que aprueba o rechaza dicha modificación deberá ser publicada en Gaceta Oficial en no más de 24 horas luego de su votación”, añade el documento.
Agrega que el MEF, frente a cada solicitud de traslado, debe verificar que no exista más de una transferencia para un solo fin, salvo que se haya determinado previamente la necesidad de mayores recursos.
De igual forma, se lee que las juntas comunales y municipios a las que se le transfieran fondos estarán obligadas, según los procedimientos contenidos en este capítulo, a una rendición de cuentas “semanal”.
Se deja claro que, en los casos que las transferencias no respondan a situación de epidemia o grave alteración al orden público, los fondos no podrán ser utilizados para “donativos a personas”.
El contralor y la AND
Hace cuatro días, tras meses de silencio por el escándalo de la descentralización paralela denunciada por La Prensa y luego que la Fiscalía de Cuentas le ordenara hacer una auditoría, el contralor general de la República, Gerardo Solís, pidió a las juntas comunales rendir cuentas, pero indicó que las transferencias de fondos fueron “legales”.
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Antes, el 22 de junio pasado, el director de la AND, Edward Mosley Ibarra, presentó un amparo de garantías constitucionales contra la decisión de la Procuraduría de la Administración, dirigida por Rigoberto González, de investigar el desvío de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del PRD, porque -según Ibarra- “el programa no se puede detener”.
Ibarra ha negado que exista una “descentralización paralela”. “Es falso que el procurador González ordenara, como parte de su auditoría, detener los desembolsos de la AND que sí se hacen conforme está establecido en la Ley 37 de 2009″ dijo en su momento.
Además, Ibarra ha manifestado que la denuncia administrativa presentada ante la Procuraduría de la Administración tiene deficiencias, porque “hay juntas comunales que no tienen el nombre con la vinculación del representante”.
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Por su parte, el diputado Vásquez insiste en que la normativa de la descentralización adoptada hasta el momento no ha dado los resultados que una descentralización bien regulada debe ofrecer. Esto, porque entre las consecuencias de reformas previas a la Ley 37, se puede observar que no se dio el dinamismo y el impulso que se necesitaba, sino que se limitaron los ingresos para desarrollar proyectos.
