A las puertas de una elección general, la institución llamada a “garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular” ha quedado nuevamente en la mira ciudadana, con la designación de dos antiguos militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) al frente del Tribunal Electoral (TE).
Se trata del actual fiscal electoral suplente Luis Guerra Morales y de Jacob Carrera Spooner, quienes el 15 de noviembre tomarán posesión como magistrado principal y suplente, respectivamente, del TE.
Cinco de los nueve magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia consideraron que Guerra y Carrera son los más aptos para esos cargos (de una lista de 54 aspirantes), en momentos en que la credibilidad del TE ya está en entredicho y ha reconocido anomalías en el app habilitada para recoger firmas a favor de los precandidatos por la libre postulación. Esta semana, incluso, se suspendió temporalmente el uso del app.
Además, dos de los tres magistrados actuales del TE, Heriberto Araúz (a quien remplazará Guerra) y Alfredo Juncá, están demandados penalmente porque emitieron un fallo en el que, para mantener el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli Berrocal, reconocieron la vigencia de un principio de especialidad, una materia que se escapa de la jurisdicción electoral. Como se sabe, la propia Corte, declaró inconstitucional la decisión del TE, alegando que “rebasó su competencia material y funcional y se adentró a emitir concepto respecto a un asunto de competencia privativa del juez penal”.
Pero fue gracias a esa decisión de Araúz y Juncá que Martinelli logró evadirse de la audiencia preliminar del caso New Business, sobre blanqueo de capitales, celebrada en julio pasado. Martinelli finalmente irá a audiencia preliminar por estos hechos, el próximo 31 de octubre.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que la designación de Guerra, quien fue alcalde de La Chorrera por el PRD y presidió el comité electoral de su partido en 2016, refuerza la visión de que el TE es de los partidos políticos y, por tanto, allí se reparten los cargos políticamente.
Por esa razón, dice Lee, el sistema se estructuró de tal forma que cada magistrado sea designado por un órgano del Estado distinto y de forma escalonada. En ese sentido, agrega, la decisión de la Corte no contribuye “a salir del secuestro en que los partidos políticos mantienen a la auténtica democracia, a superar una partidocracia diseñada por la dictadura militar”.
Roberto Troncoso, quien participó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la instancia que propuso sin éxito (la Asamblea Nacional no lo aprobó) la eliminación de la figura del fuero penal electoral, dijo que históricamente, en las reuniones de la CNRE, los magistrados del TE han favorecido a los partidos políticos.
Ahora, señala, se ha escogido a dos magistrados con una “exacerbada” militancia política. Se refiere al hecho de que también el suplente seleccionado por la Corte, Jacob Carrera Spooner, militaba en el PRD y hasta fue candidato a diputado por este partido por el circuito 4-1, en mayo de 2019.
A juicio de Troncoso, el TE ha venido perdiendo confianza de la ciudadanía por decisiones como el fuero electoral penal y el pretendido principio de especialidad, así como el manejo de las candidaturas independientes.
Guerra y Carrera reemplazan a Araúz y Myrtha Varela de Durán, respectivamente, a partir del próximo 15 de noviembre, por un período de 10 años.
Guerra fue propuesto por la magistrada María Cristina Chen Stanziola, quien llegó al cargo en enero pasado. Sus colegas María Eugenia López, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez Reyes y Miriam Yadira Cheng Rosas respaldaron la candidatura. Esa mayoría simple, formada por cinco magistrados designados por Laurentino Cortizo, fue suficiente para que el fiscal electoral suplente que se opuso a la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados disidentes de Cambio Democrático, fuera electo.
El papel del TE es fundamental para la democracia, no solo porque organiza las elecciones generales y las primarias de los partidos políticos, sino también porque debe preservar la vigencia de los fundamentos del Estado establecidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución, que dictan que el gobierno de Panamá es “unitario, republicano, democrático y representativo” y que el “poder público solo emana del pueblo”.
Así de importante es esta entidad, a juicio del exmagistrado de la CSJ, Harley James Mitchell.
Mitchell, quien fue uno de los 54 aspirantes entrevistados por la Corte, reflexionó sobre la importancia de esta institución para el país. Considera que es un error concebir al TE como una entidad de los partidos políticos, ya que es esencialmente de la ciudadanía.
En ese sentido, dijo que cualquier “yerro” de los magistrados del TE puede causar inestabilidad política. De ahí que es importante que quienes desempeñen el cargo tengan muy claro que, si bien manejan una institución independiente, deben tener en cuenta el ordenamiento jurídico nacional, atendiendo la pirámide de Hans Kelsen y el principio de las competencias.
