La incertidumbre, los bloqueos de calles y el paro en las escuelas públicas son fotografías esenciales de un país en crisis.

Ayer jueves 16 de noviembre fue un día extremo: la ciudadanía afrontó las consecuencias de un llamado a paro nacional promovido por obreros de la construcción, docentes, grupos indígenas y sindicatos de varios sectores, en protesta por el contrato minero. Calles y carreteras cerradas, quema de llantas y barricadas, personas caminando y haciendo maniobras para llegar a sus lugares de trabajo, fue la tónica de la jornada.

Los cierres

En la provincia de Panamá, predominaron los cierres en Pacora, la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), vía Centenario, vía España, la avenida Balboa y los corredores Norte y Sur. Algunos de esos puntos fueron reabiertos por la Policía Nacional. Ocurrió en Pacora, donde los agentes actuaron para retirar las barricadas que obstruían el paso.

Algo similar ocurrió en Condado del Rey, en la vía Ricardo J. Alfaro, al igual que en Sabanitas (Colón), lugar donde lanzaron bombas lacrimógenas.

Los grupos que lideraban los bloqueos de vías estaban compuestos principalmente por entre 10 y 15 personas. Ese fue el escenario en buena parte de los puntos cerrados.

Pero también se observó buses abarrotados y los trenes del metro con mucha gente. Quejas, muchas quejas por parte de trabajadores que sortearon múltiples peripecias para llegar a sus sitios de trabajos. La mesera que partió de su casa a las 3:45 a.m. para llegar al restaurante donde trabaja a las 7:00 a.m. El peluquero que caminó varios kilómetros para esquivar un cierre y así abrir su salón. Los que quedaron atrapados en un tranque. Historias de cansancio, de hartazgo, ciudadanía derrotada.

El panorama fue especialmente caótico para los que se enfrentaron al dilema de no disponer de un bus para desplazarse. Con las protestas, la empresa de transporte público Mi Bus tomó la decisión de suspender el servicio en varias áreas para no poner en peligro a sus colaboradores.

Y los maestros jugaron dominó

Mientras la gente caminaba, sudaba y sufría, una escena llamó la atención: un grupo de docentes que mantenía bloqueada la vía España jugaba dominó. “Estos manes relax, recién cobrados y el resto de la población que se joda”, fue uno de las tantas reacciones a un video que muestra la escena.

El paro también impactó a Herrera, Coclé, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, entre otros.

El mensaje del Presidente

A las 7:30 p.m. el presidente Laurentino Nito Cortizo apareció. En un mensaje a la nación, el mandatario informó que Minera Panamá ya realizó el pago correspondiente a sus obligaciones establecidas en el contrato ley.

No obstante, añadió que giró instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que este dinero pase a una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá donde no se pueda utilizar. Esto, mientras la Corte Suprema de Justicia decide sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato minero.

Hizo énfasis en esperar los tiempos que determinan los fallos de la Corte Suprema de Justicia y prometió que acatará el fallo.

Sobre la propuesta legislativa que la Alianza Pueblo Unido por la Vida, organización que aglutina a obreros, educadores, ecologistas y representantes de grupos indígenas, presentaron ante la Asamblea Nacional, manifestó que formuló una consulta al procurador de la administración, Rigoberto González, sobre la viabilidad jurídica de la misma.

Adelantó que las manifestaciones violentas “no quedarán impunes”. En ese sentido dijo que el Ministerio Público, junto a la Fuerza Pública, trabaja para cumplir las órdenes de aprehensión y conducción de quienes atentan contra la privación de la libertad individual y la personalidad jurídica del Estado, así como apología del delito, daños a la propiedad pública y privada y cualquier otro delito relacionado con estas acciones.

En el transcurso del día, otro miembro del gabinete de Cortizo que se pronunció fue el ministro de Gobierno, Roger Tejada. De acuerdo a un comunicado divulgado por el departamento de prensa de su institución, el ministro se reunió con el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, Alberto Brunori. Hablaron sobre la situación que se vive en el país.

Según el boletín de prensa, Tejada le informó a Brunori que “el gobierno ha agotado todas las instancias para abrir las vías de manera pacífica”. Le contó sobre los actos vandálicos en medio de las protestas y le señaló que los cierres de vías violan la Constitución y los derechos humanos de la población en general, porque se obstaculizan la educación, la salud y la alimentación.

“Estamos activando procesos judiciales para exigir las responsabilidades a los actores y haremos lo necesario para abrir las calles, permitiendo la restitución del ejercicio de sus derechos a toda la ciudadanía”, le dijo el ministro al alto comisionado. En la cita también estuvo el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

Derechos constitucionales y pérdidas

Los gremios empresariales, productores del país y ciudadanos han solicitado al gobierno hacer respetar los derechos constitucionales y permitir el libre tránsito; sin embargo, hasta ahora eso no se ha logrado.

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Precisamente, ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reiteró que la economía nacional ha sufrido pérdidas significativas, calculadas en al menos $1,700 millones, después de 25 días de disturbios. Mientras que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) felicitó a “todos aquellos que pese a las amenazas y sin el amparo de las autoridades, salieron a trabajar y hacer patria”.

La Apede, grupo presidido por Temístocles Rosas, advirtió recientemente que con los bloqueos, la industria turística se ha visto impactada negativamente, luego de estar registrando una recuperación desde mediados del año pasado.

Siguen las vigilias en la Corte

En tanto, el grupo de jóvenes del movimiento Sal de las Redes mantiene una vigilia en los predios de la Corte Suprema de Justicia, en presión para que se falle lo más pronto sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

“No permitamos que Panamá sea un país minero, no dejemos el futuro de Panamá en manos de piratas, marchemos a la Corte Suprema de Justicia y pidamos el fallo oportuno. Estamos y seguiremos en vigilia permanente frente a la Corte Suprema de Justicia vigilantes al fallo oportuno”, se lee en un mensaje que el grupo posteó en la red social X.

Precisamente ayer jueves, el Órgano Judicial informó que el magistrado de la Corte Carlos Alberto Vásquez Reyes admitió la décima demanda contra la Ley 406.

El recurso llegó a la Corte el pasado 15 de noviembre y, tras su admisión, fue remitida al procurador de la Administración, Rigoberto González, para su debida opinión, quien tiene un periodo de 10 días para enviar su concepto sobre la misma.

El secretario general de la Corte, Manuel José Calvo, informó anoche que el pleno de la Corte se reunirá el próximo 24 de noviembre en sesión permanente, para decidir la acumulación de las demandas que se encuentren en el mismo estado de fallar y emitir una decisión “lo antes posible”.

Aminta Bustamante

Reportera Política.