En momentos en que la lucha contra la corrupción internacional enfrenta desafíos debido a los cambios en las políticas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Suiza anunciaron la creación de un grupo de trabajo internacional de fiscales contra la corrupción.
Esta iniciativa responde a la reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de pausar la aplicación de su principal ley anticorrupción. El objetivo del grupo es fortalecer la cooperación entre estos países para hacer cumplir sus leyes transnacionales contra el soborno.
Stephen Kohn, del National Whistleblower Center (NWC), calificó la decisión como un “avance histórico” y aseguró que demuestra que la lucha contra el soborno no se detendrá. “Esto allana el camino para que los esfuerzos de aplicación de la ley se expandan radicalmente en los próximos años”, afirmó.
Kohn, abogado y académico, propone un plan para que las democracias liberales asuman el liderazgo en esta batalla global. En el documento titulado Un Plan Marshall Inverso Anticorrupción: las democracias liberales pueden llenar el vacío dejado por los cambios en las políticas de Estados Unidos, detalla cómo otros países pueden tomar el relevo en la aplicación de leyes anticorrupción.
Desde la aprobación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) en 1977, Estados Unidos ha sido el principal defensor de la lucha contra la corrupción transnacional. Sin embargo, con la llegada de la administración Trump, este compromiso fue desestimado. Trump emitió una orden ejecutiva para pausar la aplicación de la FCPA, argumentando que esta ley perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global.
Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones no gubernamentales y expertos anticorrupción, quienes temen que el retroceso de Estados Unidos debilite los esfuerzos globales para combatir la corrupción. “Un sistema que ha dependido en gran medida de un solo país para liderar la lucha contra la corrupción está en riesgo”, advierte Kohn en su documento.
Así surge el Plan Marshall Inverso, en referencia al histórico plan de reconstrucción económica que Estados Unidos implementó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, sin embargo, son las democracias liberales las que deben tomar la iniciativa para llenar el vacío dejado por el país que gobierna Trump y garantizar que la lucha contra la corrupción no se detenga.
Seis pasos clave del plan
Construir sobre el progreso de la OCDE: La Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), adoptada en 1997, ha sido ratificada por 46 países, incluidas la mayoría de las democracias liberales. Kohn argumenta que estos países pueden fortalecer sus propias leyes anticorrupción y expandir su alcance jurisdiccional para compensar la posible reducción del liderazgo estadounidenses.
Reconocer el carácter transnacional de la FCPA: Aunque las investigaciones bajo la FCPA son lideradas por Estados Unidos, su impacto es global. Más de 5,900 denunciantes no estadounidenses han presentado casos bajo esta ley, y el 71 % de las sanciones impuestas en la última década han sido contra empresas extranjeras. Esto demuestra que las leyes anticorrupción ya tienen un alcance transnacional.
Aprovechar las agencias de aplicación de la ley extranjeras: Las agencias de 62 países han cooperado en casos de la FCPA. Por ejemplo, en el caso de Mobile TeleSystems PJSC (Rusia), agencias de Francia, Reino Unido, Noruega y otros países colaboraron en la investigación. Esto muestra que las agencias extranjeras están dispuestas y capacitadas para liderar casos de corrupción.
Adoptar leyes consistentes con las recomendaciones de la OCDE: La OCDE ha elogiado el enfoque “holístico” de Estados Unidos en la aplicación de la FCPA, que combina sanciones civiles y penales, y ha destacado el papel crucial de los denunciantes. Kohn sugiere que las democracias liberales adopten leyes similares para mejorar la detección y el castigo de la corrupción.
Implementar programas anticorrupción rentables: Las sanciones bajo la FCPA han generado miles de millones de dólares en ingresos. Por ejemplo, el programa de denunciantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) ha generado más de $2,600 millones en ganancias netas. Estos fondos podrían usarse para compensar a las víctimas, financiar ONG pro-democracia y apoyar programas anticorrupción.
Incorporar incentivos para denunciantes: Los programas de recompensas para denunciantes, como los establecidos en la Ley Dodd-Frank, han sido fundamentales para detectar casos de corrupción. El 40% de las denuncias exitosas bajo la FCPA provienen de denunciantes. Kohn argumenta que las democracias liberales deberían adoptar incentivos similares para mejorar la detección de delitos económicos.
El papel de los denunciantes: un elemento clave
Uno de los aspectos más destacados del documento es el énfasis en el papel de los denunciantes. Kohn dice que los programas de recompensas, como el de la Ley Dodd-Frank, han sido fundamentales para detectar casos de corrupción. “Los denunciantes pueden proporcionar a las fuerzas del orden ‘un manual interno’ para actividades ilícitas complejas y de otro modo indetectables”, afirma Kohn. Aquí cita un informe del Instituto Real de Servicios Unidos (Royal United Services Institute, RUSI).
Además, Kohn destaca que estos programas no socavan los sistemas internos de cumplimiento corporativo.
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