Siete sindicalistas fueron condenados a 60 meses de prisión, luego de que se les encontrara responsables como autores del delito contra la administración pública, por diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
¿Quiénes son?
Se trata de Mariano Enrique Mena Quintana, Gabriel Edwin Castillo Coba, Armando Enrique Rangel Gordón, Guillermo Puga Rodríguez, Elberto Luis Cobo Rodríguez, Víctor Manuel Torres De León y Aniano Pinzón Real, según informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado de prensa.
Los siete también estarán inhabilitados para ejercer funciones públicas por 60 meses, una vez cumplan la pena de prisión.
La decisión la adoptó la jueza Águeda Reintería, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, luego de una acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público.
Denuncia de Alma Cortés
La pesquisa de la fiscalía surgió luego de una denuncia presentada el 21 de abril de 2010 por la entonces ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, quien sustentó que el Instituto de Estudios Laborales entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que estos presentaran informes del uso del dinero proveniente del seguro educativo descontando a los trabajadores del país.
Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el decreto que regula el seguro educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar más de $261 mil.
Puga se defiende
Guillermo Puga Rodríguez, actual miembro de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), aseguró ayer viernes a La Prensa que es inocente y que eso lo probaron una vez en los tribunales de justicia, ya que incluso uno de ellos cerró la causa en una oportunidad. Agregó que está condena es de primera instancia, por lo que presentará apelación y seguirá dando la batalla.
Mariano Mena fue el secretario general de la Central General Autónoma de Trabajadores entre 1990 y 2014 y entre 2014 y 2018, en el gobierno de Juan Carlos Varela, laboró en el Ministerio de Gobierno. Este medio no pudo localizar a Mena para obtener su versión, pero en su momento tildó la denuncia de Cortés de “represalia” del expresidente Ricardo Martinelli, a raíz de que él fue un duro crítico de su gobierno.
Mientras que Gabriel Castillo es dirigente de la Confederación Nacional Unidad Sindical Independiente (Conusi), organización que aglutina a 49 grupos, entre ellos el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Edilberto Cobos, por su parte, es el secretario de educación de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá.
Primeros hallazgos
Entre los hallazgos detectados por una auditoría de la Contraloría está que los fondos se habrían desviado a contratos de paquetes de televisión pagada para dirigentes, viajes al exterior y alquiler de locales.
Este caso dio vueltas por los tribunales de justicia durante tres años, mientras se resolvían recursos judiciales de todo tipo, presentados por los abogados defensores.
En octubre de 2015 se dio a conocer que el entonces Juzgado Décimo Penal archivó el proceso penal contra los sindicalistas investigados. Esto, a raíz de que el ministro de Trabajo de aquel momento, el ahora diputado Luis Ernesto Carles, presentó un desistimiento del caso el 25 de julio de 2014. Después, el caso fue reactivado.
En un principio se informó de que la supuesta lesión al Estado era por $168 mil, pero el comunicado del Ministerio Público habla de $261 mil.
