Una bonificación con alta dosis de incertidumbre

De concretarse una propuesta de ley presentada por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, el Estado asumiría un costo anual de aproximadamente unos $68 millones para realizar el pago de lo que Sucre describe como ‘el décimo tercer mes de los jubilados’.

El pasado 3 de octubre, ante el pleno de la Asamblea Nacional, Sucre presentó el anteproyecto de ley 128, que crea bonificaciones permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Se refirió a un total de 309 mil jubilados y pensionados en el sistema.

Sucre plantea que se le haga un desembolso a todos los jubilados y pensionados del país tres veces al año. En abril, por $60, en agosto otros $60 y en diciembre un desembolso de $100. Se refiere a los mismos como una ‘bonificación’ permanente. “Para lograr una mejoría en sus ingresos”, dijo Sucre sobre las motivaciones de la bonificación al presentar el anteproyecto. Fue aplaudido reiteradas veces por jubilados en las gradas del legislativo.

La presentación del mismo se da mientras el país está a la expectativa de respuestas concretas ante la crisis que atraviesa el programa de IVM de la CSS y ante la estrecheces fiscales, que apuntan un cada vez mayor endeudamiento público.

El anteproyecto, que cuenta con 10 artículos, especifica que la bonificación se le asignaría a todos los jubilados y pensionados del sistema. “Para mí, las jubilaciones de los adultos mayores dan tristeza... en vez de jubilarse por un buen tiempo para pasar una buena vida, se jubilan para tener una peor vida”, dijo el perredista. Puso como ejemplo a personas que reciben jubilaciones de $200 o $300 quienes aún tienen compromisos financieros en préstamos o pagos de hipotecas.

Actualmente, técnicos de la CSS y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han plasmado en cifras lo que se conoce desde hace años: que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS no tiene fondos suficientes para hacer frente a la demanda.

Las cifras apuntan a que las reservas del subsistema de IVM y el fideicomiso a su favor se agotarán entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, si no se hace nada. Actualmente el Estado hace aportes anuales para el IVM de $140 millones de dólares, pero los informes actuariales de la CSS detallan que si no se reforma el sistema este monto se incrementaría exponencialmente.

Sucre no desconoce esto, pues se refirió a la crisis en el pleno al presentar la propuesta. “La CSS ha sido clara en establecer la situación económica deplorable, que no tiene los fondos para subsistir, principalmente en el tema del Régimen de IVM”, dijo. Aseguró que el anteproyecto de ley presentado garantizaría “por lo menos una asignación tres veces al año”.

Las personas en las gradas aplaudieron el corto discurso de Sucre. En la exposición de motivos de la iniciativa, el diputado asegura que la misma tiene como objetivo dar una ayuda a los pensionados para “equilibrar y afrontar el alto costo de la vida y sobre todo mejorar las condiciones económicas que día a día viene siendo deteriorada”.

La propuesta de ley plantea la bonificación como una norma general. Es decir, sin importar cuánto recibe cada pensionado o jubilado mensualmente, recibirían los tres pagos durante el año. El monto sería el mismo para todos. Sucre plantea que el primer pago se haga en abril de 2023.

Financiamiento

La bonificación, de aprobarse tal cual Sucre la presentó, supondría un pago de $220 para cada jubilado y pensionado cada año. Durante su intervención, Sucre manifestó la norma beneficiaría a un total de 309 mil personas. En un año, el costo del programa podría elevarse $67 millones 980 mil.

“Las bonificaciones permanentes estarán a cargo del Tesoro Nacional, para este propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes que serán asignadas”, plantea Sucre en la exposición de motivos de la propuesta. El monto se alcanzará, argumenta, con un incremento del impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas en dos centésimos.

Actualmente, el impuesto a las bebidas alcohólicas es de $0.045 por cada grado de contenido de alcohol por litro de bebida. Sucre plantea que se eleve a $0.065 por grado por litro. Para esto, el artículo 4 del anteproyecto presentado reforma la Ley 45 de 1995, donde se establece y regula dicho impuesto.

Este incremento será utilizado como fondo para estas bonificaciones. De exceder el monto necesario para pagar las bonificaciones, el mismo se acumulará y podrá ser usado otros años. Sucre propone que cada dos años el Ejecutivo deberá evaluar y ajustar el monto de la bonificación, mas no se podrá disminuir.

La iniciativa fue presentada el pasado 3 de octubre. Será la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social la encargada de darle primer debate al anteproyecto. Dicha comisión es presidida por el también perredista Daniel Ramos.

Para el empresario y exdirectivo de la CSS, César Tribaldos, la propuesta no va acorde a la realidad que vive hoy en día la CSS y el país. “En vez de pagar un bono adicional es mejor buscar medidas que garanticen las pensiones a futuro”, dijo a este medio. Considera que debe ser prioridad buscar soluciones a la crisis actual del subsistema del IVM. Cuestionó las motivaciones de Sucre para presentar esta iniciativa.