La administración del presidente Laurentino Cortizo se ha caracterizado por escándalos relacionados con el derroche de fondos públicos y posibles actos de corrupción. La mayoría de estos casos han derivado de programas sociales insignes del actual gobierno.
En la lista se encuentra el vale digital y las bolsas de comida, que forman parte del plan Solidario que gestiona el Ministerio de la Presidencia; las becas de auxilios económicos que entrega el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), los fondos de la descentralización paralela, así como los fondos del capital semilla de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme).
Las anomalías han quedado al descubierto en cada uno de los programas. Algunos manchados por el clientelismo y amiguismo político, como es el caso de la entrega de vale digital, bolsas de comida y los auxilios económicos.
Entre quejas y denuncias
Los programas del vale digital y las bolsas de comidas recibieron cientos de millones de dólares para destinarse a “personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica”, en medio de la pandemia de la covid-19. Sin embargo, no había empezado a tomar fuerza el programa, cuando ya estaban encendidas las alarmas de irregularidades.
En julio de 2020, tras los cuestionamientos ciudadanos, la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís realizó una auditoría social junto a la Comisión de Justicia y Paz. El informe arrojó que el personal que se encargaba de entregar las ayudas (en su mayoría de las juntas comunales de todo el país) era poco competente para esa misión; faltaba un protocolo para atender las quejas; había listas tachadas, y se marcó una discrecionalidad al momento de entregar las bolsas y bonos (luego pasaron a llamarse vale digital).
En ese informe hubo 32 anomalías, que al siguiente año, en abril de 2021, se dispararon a 454 denuncias. Pero el tema no pasó a mayores, hasta que en junio de 2021, las autoridades ubicaron 509 bolsas del programa Panamá Solidario en una residencia en el corregimiento de San Francisco. Por ello, se llamó a juicio el 5 de febrero de 2024, por la presunta comisión del delito de peculado a los ciudadanos Julio Caballero, Rodolfo Chamorro y Julio Palacio. Caballero se desempeñaba en la Oficina de Electrificación Rural del Ministerio de Obras Públicas.
Precisamente, en 2021, una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia, en ese entonces comandado por el vicepresidente de la República y hoy, candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, recomendó al titular denunciar ante el Ministerio Público irregularidades en la distribución de bonos solidarios (hoy vale digital), pero no lo hizo. El informe entregado a Carrizo describió una serie de situaciones graves con el uso, distribución y redención de bonos “solidarios”, que abarcaban unos $960 mil, y que revela un patrón de uso irregular de fondos estatales.
Aunque poco a poco, tras bajarse la alerta por la pandemia, el Gobierno ha ido eliminando las ayudas, los vales digitales siguen entregándose y con ellos han habido más anomalías. Por ejemplo, en octubre de 2023, una denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Cuentas, por el posible uso político del vale digital. Ese mismo mes, ocho personas fueron capturadas por presuntamente alterar la base de datos del programa Panamá Solidario y cobrar los beneficios de manera “ilícita”.
La política ha estado inmersa en la mayoría de los escándalos de los programas del Gobierno y el vale digital no fue la excepción. Desde que comenzaron los pagos del vale digital en 2020 hasta septiembre de 2023, el 82% de estas entregas ha ido a parar en los feudos del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Se han beneficiado mayormente cinco distritos que han concentrado $1,826.2 en vales de un total de $2,213 millones. Se desembolsaron $798.7 millones en el distrito de Panamá, y $298.1 millones en San Miguelito, ambos en la provincia de Panamá. También se asignaron $269.3 millones en Colón, provincia de Colón, mientras que $253.5 millones en Arraiján y $206.6 millones en La Chorrera, en Panamá Oeste.
Además, La Prensa reveló que el Ministerio de la Presidencia ocultó deliberadamente una auditoría interna que recomendó interponer una denuncia ante el Ministerio Público por anomalías detectadas en la distribución de bonos solidarios en 2021, valorados en casi $1 millón, y que intentó redimir una quesería artesanal en Chitré.
Nuevos señalamientos
Recientemente, el tema regresó a la palestra pública, luego de que el propio Luis Carlos Stoute, actual subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) denunciara anomalías. Stoute presentó una denuncia en el Ministerio Público por presuntas “irregularidades o claros indicios” de posible comisión de delitos contra la administración pública, en el manejo de la plataforma del vale digital.
El funcionario sustentó que la plataforma denominada Listo, cuyo desarrollo estuvo a cargo de la AIG, ahora está en manos de Fintek, S.A., una empresa privada que cobra a los proveedores del vale digital por su uso, así como un programa de factoring, por cual igualmente recibe una comisión. Esta denuncia mantiene enfrentados a Stoute con su exjefe Luis Oliva, quien niega estas irregularidades y hasta se levantó el fuero penal electoral para que se le investigue. Oliva renunció al cargo para buscar una curul en la Asamblea, por el distrito de San Miguelito.
Opacidad y amiguismo
No había terminado el 2022, cuando estalló una serie de denuncias y protestas, tras conocerse que hijos de diputados, familiares de políticos y funcionarios con buenos ingresos les fueron dadas ayudas de auxilios económicos por parte del Ifarhu. Este escándalo surgió en las postrimerías de la gestión de Bernardo Meneses, quien también dejó el cargo para buscar votos en un intento por llegar a la Asamblea Nacional en mayo de 2024, por el circuito 13-1, Arraiján. Estas irregularidades, siguen vigentes. No solo se beneficiaron políticos y sus allegados, sino que influencers e hijos de empresarios se encuentran en la lista, que han avivado las críticas ciudadanas.
En medio de los cuestionamientos y los llamados de atención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Ifarhu se ha negado a entregar la información de quiénes han sido los beneficiarios de este programa. Se escuda tras la Ley 81 del 28 de mayo de 2021, que habla sobre la protección de datos personales. En la actualidad, los panameños siguen conociendo nuevos nombres de los beneficiados con estas ayudas.
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Cabe señalar que lo poco que se conoce del programa ha sido por investigaciones de medios de comunicación. Para el 2024, presupuestariamente y en pleno año electoral, el programa contará con $518.1 millones, $148.4 millones más que en 2023, cuando se le asignó $369.7 millones. Y, $156.9 millones más que en 2022 cuando se le asignó $361.2
También fue ampliamente cuestionado el manejo que la Ampyme , a cargo de Óscar Ramos. Hasta 2021, Capital Semilla entregó $6.2 millones a 3 mil 808 personas, 73% a mujeres. Por ser este programa parte de los planes de reactivación económica del Estado, después de la pandemia, se duplicó a $2 mil el fondo no reembolsable para emprendedores nuevos o para quienes requieran un impulso. No obstante, ciudadanos que optaron por esta ayuda señalaron que nunca recibieron el dinero y que aparecían morosos en el municipio, de un negocio que nunca se inició. Otros hablaron de que había “rosca”, para entregar lograr el apoyo. Todo esto lo negó Ramos, pero a la fecha, se desconoce quiénes fueron, en ese entonces, los beneficiados de ese programa.
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La política y la danza de millones
Este año, en mayo pasado, la ciudadanía salió a las calles. Entre otras quejas, rechazaban la entrega a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), de más de $200 millones a gobiernos locales, controlados por influyentes diputados del oficialista PRD, y otros aliados políticos. La ciudadanía tuvo acceso a esa información, luego de que La Prensa publicara, el esquema de cómo se desviaban estos fondos, que a la fecha, podrían seguir dándose. Edward Mosley Ibarra, paralizó la investigación que llevaba adelante el despacho del Procurador de la Administración, Rigoberto González, al presentar un amparo de garantías.
Sin embargo, en el Ministerio Público las investigaciones siguen andando. En esa instancia, que está bajo el mando del procurador encargado, Javier Caraballo, el Movimiento Arraiján 2,000 presentó una denuncia penal en el que pide que se investigue directamente a Edward Mosley Ibarra, director de la AND y a Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos y asociación ilícita para delinquir.
¿Y el papel de la Contraloría?
En todos estos escándalos el papel de la Contraloría ha sido nulo. Al menos así coinciden varios ciudadanos.
Incluso, en el caso de la plataforma digital de la AIG que maneja los vales digitales, el contralor, según Stoute, le indicó que él era “una persona muy cuadrada y técnica y que, a mi nivel, yo debiera ser más político”; que “mis iniciativas le harían daño al programa insignia del presidente, el vale digital, lo cual era una lástima, porque el presidente Cortizo estaba realizando una buena labor […]” y que “no veía nada malo por encima en lo que yo le estaba reportando y que la labor de él era ‘corregir’ y no investigar”.
En reiteradas ocasiones, Solís se ha referido a “la cultura de la corrección y la subsanación”.
Para Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente este gobierno mantiene un patrón de gestión pública muy cuestionable donde se malgastan dineros como nunca antes sin la debida “transparencia” y “rendición de cuentas”, “en complicidad de la Contraloría General de la República, que no se preocupó por fiscalizar los proyectos gestionados que evidentemente generaban polémicas y dudas”.
Señaló que “esta cuestionable gestión tendrá que pasar por muchos procesos ante la justicia y esperamos contar, como país, con la pronta y efectiva diligencia del Ministerio Público y un Órgano Judicial vertical que aplique justicia. ¡Cada dólar que no recibió, por ejemplo, el sistema de salud o nuestra abandonada educación pero sí terminó en el bolsillo de un corrupto, debe ser considerado el peor crimen que podría cometer un funcionario y así mismo debería ser su condena!”.
Por su parte, el diputado independiente Gabriel Silva, quien ha presentado varias iniciativas anticorrupción en la Asamblea que no han recibido el apoyo de la mayoría legislativa, considera que “tenemos un contralor totalmente nulo, ausente y cómplice”.
Dijo que a él no le sorprende el actuar del contralor, pues llegó de la mano de diputados clientelistas, que utilizan estas prácticas para obtener sus curules y reelección. “Es un contralor que no tiene antecedentes independientes, sino que tiene una historia muy ligada al PRD. El contralor debe ser independiente”, precisó.
Planteó que muchas de estas irregularidades se hubiesen evitado si la información de los programas y los beneficiarios fuese pública y no secreta como ocurre ahora. Además, los criterios para la elección de los beneficiarios deben ser claros, sin margen para la discrecionalidad.
Igualmente, considera que los servidores públicos que tienen el poder de decisión sobre estos recursos deben ser de carrera, imparciales, bien formados que no respondan a un diputados, alcalde o autoridad de turno.
Por su parte el diputado independiente Juan Diego Vásquez, asegura que Solís lo que ha buscado es el favor del gobierno. “Ha trabajado para cumplir los deseos de Gaby y Benicio. No entiende su trabajo y no lo quiere hacer. Está ocupado llamando a los contratistas, no fiscalizando al gobierno”.
Solís llegó al puesto el 2 de enero de 2020, nombrado por la Asamblea Nacional, poder del Estado que está controlado por sus antiguos copartidarios del PRD. Con la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (la Ley 32 de 1984) y la ley que adopta la jurisdicción de cuentas en el país (la Ley 67 de 2008), Solís, en base su criterio, tiene la decisión de archivar auditorías.
Por estas y otras razones, la Ley 351 fue demandada en la Corte Suprema de Justicia por La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Este recurso legal fue admitido este año y está bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha.
En ese sentido, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la mencionada fundación, la Contraloría parece haber abandonado su rol de ente de control en los casos mencionados y otros como el propio contrato minero. Señaló que hasta que la Corte Suprema de Justicia no falle la demanda de inconstitucionalidad que presentaron, “no hay consecuencias para las omisiones de ese ente que debería estar fiscalizando y garantizando el uso correcto de los bienes de todos”.
