Cuando faltan 14 meses para que termine el gobierno de Laurentino Cortizo y en medio de un clima institucional poco favorable a la entrega de información pública, el ministro de la Presidencia, José Simpson, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar la Ley 6 de 2002, sobre transparencia.
Se trata de un documento de 19 páginas que confeccionó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad que está bajo cuestionamientos ciudadanos por la multa impuesta a La Prensa por publicar una foto del diputado y presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, para ilustrar la nota titulada Ruta de los cupos llega hasta Robinson, que dejó al descubierto los nexos de este personaje con las concesiones para explotar el negocio del transporte público.
A primera vista, se observa que la iniciativa incorpora el término “sujetos obligados”, para referirse a los funcionarios que están en la obligación de entregar información público. También disminuye de 30 a 15 días el plazo para dar respuesta a las solicitudes de información y añade nuevos aspectos al monitoreo de transparencia de las instituciones.
El momento
Ya hay advertencias sobre los peligros que conlleva poner en manos de los diputados de la Asamblea (en un año preelectoral y con una gran cantidad de diputados ausentes de sus curules y buscando la reelección) las modificaciones a una ley sensible e importante para los derechos ciudadanos, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.
Guido Rodríguez, exfiscal de Cuentas, advierte, por ejemplo, que aunque la propuesta tiene aspectos positivos, “una cosa es el texto presentado y otra lo que pueda salir luego de su discusión en la Asamblea”.
“Hemos visto cómo muchos diputados, con intereses inconfesables, han legislado en su interés personal y de sus negocios, al margen del interés público, por lo que el momento preelectoral me parece absolutamente inoportuno y hasta peligroso para presentar esta iniciativa”, añade.
Rodríguez también pone sobre la mesa el hecho de que la sociedad civil debe estar “muy pendiente” para que no se hagan modificaciones que puedan afectar el fondo del proyecto, situación que terminaría restringiendo el acceso a la información pública en lugar de facilitarla.
“Ya hemos visto cómo una interpretación deformada de la propia Antai, incluso de la misma Ley 81 [de 2019] sobre protección de datos personales, ha ido en contravía de los principios establecidos en la Ley de Transparencia, lo que nos revela parte del riesgo de presentar esta iniciativa en estos precisos momentos”, manifestó.
La información
El proyecto incorpora nuevos términos a la Ley 6 de 2002 y redefine otros. Por ejemplo, aparece la palabra “denuncia”, a la que definen como el acto con el que se da conocimiento a la autoridad rectora y garante, por escrito, verbalmente o por cualquier plataforma o medio tecnológico o digital, de un hecho contrario a las normas que regulan la transparencia.
Igualmente, varía el concepto de información confidencial, amplificando su alcance: “aquella Información privada en poder de sujetos obligados cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”. La actual Ley 6 la establece como todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas, entre otros asuntos.
También incluye la frase “información reservada”, para definir “todo tipo de información pública que se excluye temporalmente del conocimiento de las personas por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos conforme a los requisitos contemplados en esta ley”.
Además, desaparece el término “acceso restringido “,que en la norma actual se determina como la información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública, cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deben reconocer en razón de sus atribuciones.
La autoridad rectora de la ley seguirá siendo la Antai, institución que en este gobierno dirige Elsa Fernández.
Advertencia
El pasado viernes 21 de abril, cinco organizaciones de la sociedad civil advirtieron que este proyecto no ha sido consensuado (como alegaba la Antai y repitió la Presidencia de la República) y de paso informaron que desconocen las modificaciones.
“Es nuestra responsabilidad aclarar que desconocemos tal consenso y que la Antai no nos ha proporcionado siquiera la versión final del referido anteproyecto”, se lee en el comunicado que suscriben la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), el Kernel Think Tank, Generación sin Límite y el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), organizaciones que forman parte de la Comisión Nacional para el Gobierno Abierto.
Recordaron que la Antai sí se les acercó, en el año 2020, como parte de una “consulta en línea” para recibir opiniones sobre “posibles” cambios a la Ley 6 de 2002 y a la Ley 33 de 2013. En esa consulta se publicaron algunos comentarios, lo cual alegan que de ningún modo puede interpretarse como una propuesta de anteproyecto de ley. Casi tres años después, el 27 de febrero de este año, recibieron una invitación para una reunión el 7 de marzo en la Antai, para que opinaran sobre la propuesta. Ya entonces advirtieron que la participación en esa reunión no significaba un aval o un consenso a favor de los cambios propuestos.
Algo similar contó Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, quien fue consultada por esta nota.
“Me da la impresión de que esta primera redacción fue hecha de forma unilateral y me preocupa todavía más que quieren reformar una ley tan importante como esta, en un periodo preelectoral en el que evidentemente que hay quienes querrán cubrirse las espaldas añadiendo más opacidad a procesos y datos que deben ser de conocimiento público”, advirtió.
Manifestó que someterlo a debate en este momento “podría ser peligroso”.
“Y si lo hacen, debemos exigir que sea aún más consultado y participativo, como el proceso de consulta sobre la extinción de dominio [de bienes ilícitos]. Esta ley resguarda nuestro derecho humano de tener acceso a la información, lo cual es necesario para la vigencia de otros derechos”, sustentó.
La gestión de Antai ha sido ampliamente cuestionada recientemente no solo por la multa a La Prensa, sino también porque presuntamente luego de una investigación administrativa (cuyo contenido nadie conoce), no detectaron irregularidades en los procesos que lleva a cabo el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para otorgar los auxilios económicos, luego de que muchos de ellos quedaran en manos de allegados a personas influyentes en el PRD.
