Tanto el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la procuraduría de la Administración han optado por darle prioridad a una posible salida legal a la crisis generada por la aprobación y sanción de la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para la operación de una mina a cielo abierto en Donoso, Colón.

Ayer viernes, el procurador de la Administración, Rigoberto González, informó que el próximo 21 de noviembre responderá a la consulta del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre la viabilidad de derogar con otra ley el contrato con la minera, como lo exigen los grupos que protestan cerrando calles y autopistas.

Minutos después de que Cortizo dirigiera un mensaje al país, la noche del pasado jueves, el secretario general de la CSJ, Manuel Calvo, anunció que el próximo viernes 24 de noviembre el pleno se reunirá en sesión permanente para analizar las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato.

Mientras esto ocurría, ayer, en el parque de Las Madres en David, Chiriquí, ciudadanos y sectores productivos hicieron un mitin para exigir el fin de los bloqueos.

Dirigentes de la construcción y docentes insisten en que se mantendrán las medidas de bloqueo hasta que se derogue la Ley 406.

¿Es viable la derogatoria?

En manos del procurador de la Administración, Rigoberto González, está la decisión sobre la viabilidad o no de derogar la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, con una nueva ley que deberá emitir la Asamblea Nacional.

Así lo anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el jueves pasado en su mensaje al país.

El mandatario dijo que consultó al procurador González sobre la solicitud que le hizo la Alianza Pueblo Unido por la Vida, organización que aglutina a obreros, educadores y representantes de grupos comarcales y campesinos, el pasado 9 de noviembre.

Ayer viernes, en la Procuraduría de la Administración informaron que la consulta fue presentada por el ministro de la Presidencia, José Simpson, en la tarde del pasado 15 de noviembre. El procurador, consciente de la crisis que atraviesa el país por culpa del contrato minero, ya se reunió con su equipo y el próximo martes 21 de noviembre enviará al Ministerio de la Presidencia su opinión sobre esta consulta. Es decir que, en menos de una semana desde que se elevó la consulta, González entregaría su opinión, a pesar de que la norma indica que tiene hasta 10 días para hacerlo.

Seguirán en las calles; insisten en derogatoria

La Alianza, en tanto, cuestionó ayer viernes la tardanza con la que el presidente hizo la solicitud al procurador. Señalaron, en conferencia de prensa, que se mantendrán en las calles hasta que se derogue la Ley 406. De hecho, plantean un “cierre total” del país con bloqueos de calles para este lunes 20 de noviembre.

Insisten en su criterio, de que jurídicamente sí se puede derogar el contrato ley con otra ley, sin que ello favorezca a Minera Panamá en un posible arbitraje contra el Estado panameño.

Para este lunes también otras organizaciones ciudadanas han convocado a una protesta nacional pacífica para exigir el fin del cierre de vías. Piden a los ciudadanos salir al mediodía, entre 12:00 md. y 12:30 p.m. salir a manifestarse al borde de las calles.

Tanto el procurador de la Administración como el de la Nación, Javier Caraballo, han advertido a la Corte Suprema de Justicia que la Ley 406 es inconstitucional. Lo han hecho mediante opiniones sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato ley, por diversos abogados. En total, se han presentado al menos 10 demandas de inconstitucionalidad.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida también entregó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para derogar la Ley 406. Para aprobar esa iniciativa, necesitan que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias o esperar a que termine el receso del pleno legislativo, el próximo 2 de enero de 2024.

El contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.

Desde el domingo 22 de noviembre se iniciaron las protestas ininterrumpidas, que han culminado en la última semana con bloqueos de vía, paro de docentes, suspensión de clases en los colegios oficiales, pérdidas en el agro, desabastecimiento de alimento, gas y combustible (en algunas provincias), 1,156 personas aprehendidas por la Policía Nacional, 63 comercios y 19 instituciones vandalizadas y hasta la muerte de por lo menos cuatro manifestantes.

Otras organizaciones que iniciaron el movimiento social contra el contrato minero han advertido que es preferible esperar a que la Corte emita un fallo sobre la constitucionalidad o no de la Ley 406.

Aminta Bustamante

Reportera Política.