La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) confirmó este lunes 10 de marzo la desvinculación de la directora general de Recursos Humanos, Indira Candanedo, debido a señalamientos por conflicto de interés en el nombramiento de personal administrativo.
En un informe titulado “Compromisos con la transparencia y la sostenibilidad financiera en la universidad”, la Unachi recordó que, en la actualidad, está a la espera de las recomendaciones de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para “implementar correctivos adicionales”.
Candanedo fue señalada por tener familiares laborando dentro de la universidad. De hecho, en septiembre del año pasado, admitió que su esposo, su hijo y su hermana trabajan en la institución.
Sin embargo, en ese momento defendió la legalidad de sus contrataciones, afirmando que no fue ella quien los nombró. Sostuvo que sus familiares participaron en procesos de convocatoria abiertos y obtuvieron los puestos por mérito propio.
En el informe, la Unachi también detalló que desvinculó a 40 personas del área administrativa con el fin de optimizar el presupuesto, sin afectar la asignación de recursos en “áreas fundamentales”, como la docencia, la investigación, la extensión universitaria y el estamento estudiantil.
Igualmente, eliminó las partidas presupuestarias destinadas a asesores. “Actualmente, dichas funciones son desempeñadas ad honorem”, aseguró la universidad.
Además, el Consejo Administrativo aprobó una resolución para evitar conflictos de interés en la contratación de personal administrativo y ordenó a Recursos Humanos abstenerse de contratar a personas que sean cónyuges, parejas en unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los administrativos y docentes.
La gestión de Etelvina de Bonagas, rectora de la Unachi, ha sido objeto de críticas por su cuestionada reelección, el tamaño de la universidad, costo de su planilla y la contratación de familiares. Hasta el 2024, la universidad tenía 2,000 colaboradores, entre personal administrativo y docente. De este total, 219 empleados recibían salarios de $7,000 o más al mes, lo que representó un gasto de unos $18 millones al año.
“No hay que darle un real más de lo que ya tiene y despilfarra”, dijo en agosto pasado el presidente José Raúl Mulino.
