En un informe titulado El mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, desafíos y respuestas, divulgado el pasado 9 de diciembre la Organización de Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), denunció el aumento del acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en el mundo, incluyendo la proliferación de causas penales por calumnia e injuria, al igual que las demandas estratégicas contra la participación pública (Slapp, por sus siglas en inglés).
En el documento de 18 páginas la Unesco llama la atención sobre los procesos civiles para reclamar daños por difamación, tanto de calumnia o injuria, que tienen un “efecto perturbador sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.”. Además, la Unesco destacó el terrible impacto intimidatorio y de gasto de recursos económicos que requiere la defensa judicial de periodistas y medios de comunicación.
Tendencias preocupantes
Según el informe de la Unesco, el 80% de los países del mundo, es decir 160 naciones, siguen castigando penalmente la calumnia y la injuria. En 44 países, la legislación es demasiado ambigua y amplia, lo que permite un mayor grado de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación.
Con respecto a la región latinoamericana el informe puntualiza una situación muy preocupante: “Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y siguen siendo un arma contra periodistas y blogueros.”. A pesar de recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, favorables a la libertad de expresión, todavía hay mora por parte de la mayoría de los países de la región en actualizar sus legislaciones y prácticas judiciales, a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
El acoso judicial de la sociedad civil
Una novedad de este informe es el énfasis que la Unesco hace de los abusos de las SLAPPs alrededor del mundo, sobre todo por “parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio…”.
Estas acciones judiciales tienen como finalidad desalentar e intimidar al activismo ciudadano que promueve la defensa de intereses comunes en materias tales como gestión urbanística, megaproyectos de infraestructura, iniciativas perjudiciales al ambiente, o actuaciones de empresas o gobiernos que implican el desplazamiento de población indígena o campesina.
Por medio del Slapp, el actor beneficiario de la decisión gubernamental, contratación o explotación, busca debilitar los cuestionamientos o la oposición a su actividad. Al usar el sistema judicial para intimidar a la sociedad civil, el actor interesado en esa intimidación, cuenta con el comportamiento burocrático de la justicia para que los demandados civilmente o denunciados penalmente, tengan que usar sus propios recursos y tiempo, para defenderse, y no puedan continuar los cuestionamientos al actor empresarial o gubernamental.
La necesidad de derogar las normas de difamación
Como principal acción que deben tomar los gobiernos para enfrentar esta temática, la Unesco recomienda que: “Los Estados deben derogar las leyes de difamación penal y sustituirlas por una legislación de difamación civil adecuada, en consonancia con las normas internacionales.”.
Esto significaría para Panamá la derogatoria de los tipos penales de calumnia e injuria incluidos en el Código Penal, y que se actualizara la legislación civil y procesal civil para que los procesos de reclamación de daños y perjuicios económicos por calumnia o injuria, se hagan de acuerdo con los estándares internacionales que establecen el principio de la real malicia, por el cual el demandante debe probar que la supuesta calumnia o injuria se efectuó con la intención de hacer daño y con el conocimiento de la verdad de la situación. Además, los criterios internacionales exigen que la determinación de las indemnizaciones debe hacerse con un carácter de compensación de los daños, y no de castigo o censura intimidatoria de periodistas y medios de comunicación.
