El reciente escándalo en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sobre nepotismo y conflicto de intereses ha puesto en el centro del debate la transparencia y la gestión de las universidades públicas en Panamá, que manejan millones de dólares en presupuesto cada año.
En Panamá, hay seis universidades del Estado que en 2024 recibieron en total $820 millones de presupuesto para funcionamiento e inversión: la Unachi, la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la Universidad Marítima de Panamá y la recién creada Universidad de los Pueblos Indígenas.
No obstante, para el próximo año 2025, el total que recibirán estas seis casas de estudios superiores será de $726.5 millones, es decir, $93.5 millones menos que lo asignado en 2024.
En este grupo sobresale la Unachi, una institución que se encuentra bajo escrutinio público y que ha sido objeto de fuertes críticas luego de que varios de sus directivos y docentes fueran señalados por mantener en la planilla a familiares con salarios elevados.
También, varios diputados han dirigido su atención a otras casas de estudios superiores y, por ello, han presentado dos propuestas: el anteproyecto de ley 140, que propone establecer un marco regulador para las universidades oficiales del país, y el anteproyecto de ley 141, que busca modificar la Ley 4 de 2006, reorganizando la Unachi.
Costo por estudiante
A esto se suma que la distribución de los recursos en las universidades públicas de Panamá ha generado controversia, especialmente por las diferencias en el costo por estudiante entre las distintas casas de estudio.
Si tomamos en cuenta el presupuesto de 2025 y la matrícula de cada universidad pública, el costo promedio por estudiante en la Unachi es más alto que en la Universidad de Panamá, pero menor que en la UTP.
La Unachi, que tiene como rectora a Etelvina Medianero de Bonagas, contará con un presupuesto de $107.9 millones para 2025, muy similar al de 2024, cuando fue de $108 millones.
Si se divide el presupuesto de la Unachi por el número de estudiantes, que es de unos 22,300, cada alumno le costaría al Estado $4,838. Este costo es menor que el promedio de un estudiante de la UTP, que es de $6,277, pero mayor que el de un universitario de la UP, cuyo costo es de aproximadamente $4,000.
La Universidad de Panamá, a cargo del rector Eduardo Flores, cuenta con una matrícula de unos 95,000 estudiantes, y una de las principales quejas de Flores es el bajo presupuesto que reciben para la cantidad de estudiantes que atienden.
De hecho, la UP solicitó para 2025 un presupuesto de $426 millones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $380 millones, es decir, $46 millones menos.
En el caso de la Universidad de Panamá, hay varios proyectos pendientes, como la construcción de la nueva Facultad de Medicina, que se ha venido programando desde hace una década para la formación de los futuros médicos del país.
En otras universidades, como Udelas, que contará con un presupuesto de $50 millones para 2025, el costo por estudiante es de unos $4,080.
Rendición de cuentas
Frente a este escenario, los diputados consideran que se debe reevaluar lo que está ocurriendo en estas universidades y cómo se están manejando esos recursos millonarios. Por ejemplo, el anteproyecto de ley 140 busca garantizar la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en la gestión de estas instituciones.
La iniciativa surge como respuesta a la preocupación por prácticas como el nepotismo, la corrupción y los conflictos de interés, que, según sus proponentes, afectan la calidad y confiabilidad del sistema universitario público.
Uno de los puntos principales de la propuesta es el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas. Aunque las universidades públicas en Panamá gozan de autonomía en sus decisiones académicas y administrativas, el anteproyecto destaca la importancia de que esta libertad no se traduzca en opacidad o falta de supervisión. Se busca, mediante este marco normativo, implementar mecanismos que aseguren la eficiencia y transparencia en la toma de decisiones, especialmente en la gestión de recursos públicos.
En cuanto al anteproyecto 141, que reorganiza la Unachi, uno de los puntos centrales es la eliminación de la posibilidad de reelección de los rectores de esta casa de estudios superiores, limitando el mandato a un solo periodo de cinco años.
Otra de las reformas clave planteadas en la ley es la eliminación de las primas y bonos de antigüedad para el personal administrativo y docente de la Unachi.
