Usted dirige los programas de integridad política de Transparencia por Colombia. ¿Existe tal cosa como ‘integridad política’?
No existe buena política sin integridad. Y el concepto hay que aterrizarlo: es tener vocación de servicio, coherencia entre lo que dices y haces, y entender qué es la política y por qué quieres acceder al poder.
Entre esas, ¿en cuál estamos peor?
En las tres estamos graves. Sobre todo en la coherencia e incentivos para acceder al poder. Usan la democracia solo para llegar. Llegan y ejercen autoritarismo.
¿Cómo se ve Panamá desde afuera?
Tienen demasiado dinero para gastar en campañas y se ve que hay incidencia de intereses particulares, lícitos e ilícitos, en el proceso electoral. Tienen por fortalecer la democracia, la institucionalidad y los compromisos anticorrupción.
¿El financiamiento público evita que grupos influencien la política con aportes privados o esos fondos siguen entrando, pero de manera oculta?
Exacto. Se sigue permitiendo intereses particulares, pero por debajo de la mesa.
El financiamiento público garantiza, en teoría, equidad. ¿No es eso injusto con los candidatos nuevos?
Sí. Se necesita definir -no solo en teoría, sino en la práctica- cómo se accede a ese dinero, cuándo y bajo qué requisitos. Si es bajo cómo te fue en la última elección, de entrada es inequitativo con los nuevos.
Y el financiamiento privado, ¿qué?
Genera inequidad: el que más tiene, más chance tiene de ganar. Y opacidad: rastrear ese dinero es difícil. Más el altísimo riesgo de la expectativa del retorno.
¿Existe tal cosa como donarle a un político sin esperar retornos?
Es difícil. Si el donante no puede decir públicamente cuánto donó y por qué, ahí hay una alerta. Si no tiene nada que esconder, que lo haga sobre la mesa.
¿Cómo se evita que las donaciones antecedan la corrupción estatal?
Con transparencia y rendición de cuentas del que dona y del que recibe. Del candidato y del partido, porque el candidato no llega solo. Y de la autoridad electoral. Pero en tiempo real: es la única forma de actuar a tiempo y no elegir a un candidato cuyo financiamiento no conocemos. Y como te financias, gobiernas.
¿Financiamiento mixto, entonces?
Sí. 80% público y 20% privado estaría bien, pero el tema de fondo es cuándo se entrega ese financiamiento. Si es después de las elecciones, como en Colombia, pagas con recurso público el financiamiento privado de tu campaña. Debe entregarse antes, para contar de verdad con ese dinero.
¿Por qué los ciudadanos manejan tan poco estos temas?
Creo que estamos saturados. Vivimos en elecciones. Además, hay tanta información que nos gana la desinformación. Y normalizamos que todos los políticos son corruptos y eso nos juega en contra. “Es lo que hay”, pensamos. La apuesta es decir “no, tiene que haber algo mejor”.
¿Qué no aprendimos de Odebrecht?
Cómo el entramado de altísimos poderes económicos y políticos puede permear los procesos democráticos. Esa es la punta del iceberg: la práctica se mantiene. Tenemos que sincerarnos sobre los recursos extranjeros en las campañas.
En teoría, están prohibidos…
Pero le encuentran la vuelta. Con fundaciones, por ejemplo. Si son sin fines de lucro, ¿cómo pueden financiar campañas?
¿Deberían poder donar empresas con concesiones o contratos estatales?
Si lo reportan, sí. Prefiero eso a que financien por debajo de la mesa.
¿Cuál es el peligro de reformar leyes en caliente a partir de escándalos?
Tiene poca probabilidad de éxito. Varios países incorporaron leyes luego de Odebrecht. Brasil prohibió a empresas donar a campañas. Pero los trabajadores de esas empresas sí pueden donar, porque no les puedes limitar ese derecho. Entonces, ¿está dando resultado? No sé.
Usted es experta en financiamiento político. ¿De qué sirve que los candidatos reporten sus donaciones si no reportan todas, manipulan los montos o las ponen bajo otro nombre?
Solo sirve si hay control, para identificar patrones y alertas. Entre mejor entiendas el flujo del dinero, más entiendes lo que pasa fuera del radar.
¿Y hay mecanismos para evitar la infiltración de flujos ilícitos o medir la plata no reportada? ¿O la autoridad debe quedarse con lo que le reportan?
Sí hay: inteligencia de datos, cruce de datos bancarios y revisión de las unidades de análisis financiero e inteligencia.
¿Por qué no se hace?
Por falencias en cooperación interinstitucional y por falta de voluntad real.
El tope de $10 millones para una campaña presidencial en un país con 4 millones de personas. Su lectura.
Frente a tantas necesidades, es demasiado y provoca inequidad. El que más gasta, más oportunidad tiene de ganar. ¿Cuál es el incentivo para invertir tanto? Tu salario ni se acercaría a ese monto. Mas allá del derecho a participar, con tanto dinero puede haber otros incentivos, como manipular la gestión pública para fines particulares.
¿Deben limitarse las donaciones del patrimonio del candidato? ¿O que cada uno done lo que quiera?
Eso debería limitarse, sin duda.
¿Cuál debe ser la sanción para quien acepte dinero sucio? ¿Multa, pérdida de la candidatura o…?
Ambas, y no poder correr por un tiempo. Si hay cárcel, cárcel. Sanciones ejemplares, para que el resto quede advertido.
¿Se pueden controlar las donaciones en efectivo y especies?
Tendría que ser bancarizado. En actividades que requieren efectivo se debería exigir que sean montos pequeños y que se justifique por qué se usó en efectivo.
Suena lindo, pero en la práctica…
Es dificilísimo, igual que contabilizar el pago a los ciudadanos por ir a votar o protestar, pero hay que buscar cómo. Con inteligencia financiera sin duda se podría.
Empresarios o familias que donan a varios candidatos. Su opinión.
Poner huevos en todas las canastas es querer estar bien con el que llegue y usar la donación como forma de negociación.
¿Qué pasa cuando las instituciones de control no controlan?
Se generan incentivos muy altos para que la corrupción capture el proceso electoral y después la gestión pública. La elección es la puerta de entrada al poder.
¿Qué pasa cuando la entidad electoral de un país pierde credibilidad?
Estímulos perversos permiten a intereses particulares adueñarse del proceso.
Anunciar resultados rápido: ¿muestra suficiente de elecciones limpias?
No. Rapidez no necesariamente es sinónimo de transparencia. Esa carrera loca da lugar a errores y “errores”.
Fraudes. ¿Solo se dan en las urnas o también durante la carrera?
Durante. Con clientelismo, manipulación de jueces, movimiento de votantes…
El expresidente del Tribunal Electoral panameño dijo que quien no tenía plata mejor no corriera. Su opinión.
No, terrible. Sin palabras.
PERFIL
Politóloga especializada en democracia, régimen electoral y financiamiento político. Es docente, consultora, investigadora y directora de programas para las iniciativas con Sistema Político y Estado en Transparencia Internacional por Colombia. Estuvo en Panamá para participar en el Foro de Integridad Política y Financiamiento de la Democracia, organizado por Espacio Cívico, Transparencia Internacional Panamá, IPEC y la embajada de Estados Unidos.
La Asamblea aprueba el presupuesto del TE. Eso implica un control de los diputados. ¿Qué alternativa ve?
Trabajar en una reforma para volver al organismo electoral realmente independiente. Si el que tú controlas define tu presupuesto y te nombra, comprometes toda tu independencia.
En Panamá, una persona puede aspirar a varios cargos y luego elegir el que más le apetece. Su lectura.
Es una locura que, además, va contra el principio de una persona, un voto.
¿Cómo empezó el problema de la narcopolítica en Colombia?
Con criminales financiando políticos para representar sus intereses. Luego empezaron a llegar los criminales, cubriéndose con el fuero. En 2010, acabamos con más de 60 congresistas parapolíticos o financiados por ellos. Acaban los criminales imponiendo contratos, sanciones, todo… El Estado pierde el poder.
¿Por dónde se empieza a combatir eso?
Con voluntad. Y presencia estatal real, no militar, en lugares como Darién, que son tierra de nadie. Y los partidos tendrían que hacer una debida diligencia antes de postular candidatos. Con responsabilidad penal, inclusive.
Aquí los diputados plancharon la extinción de dominio. ¿Cuál es la incidencia de esa ley en Colombia?
Necesita sanciones más ejemplares y aplicarse también a los partidos, pero ha servido. Lo de Panamá es otro ejemplo de falta de voluntad. Es rechazar una ley que podría jugarles en contra.
¿Cómo se enfrenta la corrupción cuando los corruptos gobiernan?
Aplicando sanciones.
¿Y si el sistema de justicia no sirve?
A la sociedad civil y los medios les toca ejercer el control.
¿Y si la sociedad civil está desunida?
Así sí es muy difícil. Hay que entender el poder que se tiene. Unidos.
Peligro de que la protección de datos se vuelva una justificación constante para ocultar información pública.
Se promueve la opacidad y se incumple el derecho a la información pública, que es el derecho superior.
Beneficiarios de auxilios económicos para asuntos académicos y de programas de capital semilla. ¿Debe eso ser información privada?
No. Privada es la dirección de tu casa, tu teléfono o si tienes una enfermedad. Ya.
¿Sirve en la práctica la ley de conflictos de intereses o los políticos le encuentran la vuelta?
Igual que la ley de beneficiarios finales, solo funciona si van de la mano de declaraciones actualizadas de patrimonio, bienes, rentas… y luego hay alguien que las cruce. El diablo está en los detalles.
¿Debe poder un diputado electo trabajar en el gobierno y luego volver a la Asamblea?
No. Hay mucha incidencia de intereses particulares en esa puerta giratoria.
¿Qué deben hacer los organismos internacionales, aparte de denunciar y preparar informes?
Fortalecer capacidades y llevar los casos a instancias internacionales de aplicación de sanciones.
¿Cómo se evita que el juzgamiento cruzado de diputados y magistrados sea una fuente de impunidad?
Eso requiere una reforma urgente. Es la fórmula para la total impunidad.