Este martes 15 de octubre vence el plazo para que más de 700 juntas comunales presenten sus informes ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), explicando el uso de los fondos asignados bajo el programa de “descentralización paralela”, también conocido como el subprograma de interés social.
Este mecanismo, implementado por el gobierno anterior (2019-2024), ha estado bajo escrutinio debido al opaco manejo de recursos públicos, generando expectativas en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. Las autoridades esperan que los informes presentados permitan esclarecer el destino de los 320 millones de dólares otorgados a los gobiernos locales.
El pasado 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino otorgó un plazo de 60 días para que los representantes electos y no reelectos rindieran cuentas sobre el uso de los fondos públicos asignados, plazo que vence este 15 de octubre. Esta medida surge tras las denuncias de la nueva administración de la AND, que ha señalado un “uso discrecional” de una cuenta financiera creada en 2018, formalizada bajo el Ministerio de Economía y Finanzas, llamada “subprograma de interés social”.
A través de esta cuenta, más de 320 millones de dólares fueron distribuidos a 473 de las 679 juntas comunales del país, al margen del esquema regulado por la ley, lo que ha suscitado preocupaciones en torno a la transparencia y el manejo de los recursos.
Tanto Mulino como la nueva directora de la AND, Roxana Méndez, han planteado que aquellos que no presenten documentación que sustente y justifique el uso de los fondos serán remitidos al Ministerio Público para que inicie una investigación.
Además, el mandatario dijo en una entrevista a TVN Noticias que dio instrucciones a Méndez para que remita los informes que reciba por parte de las juntas comunales al Ministerio Público, con el fin de que se corrobore que su contenido sea veraz.
Hasta el momento, la AND ha recibido informes de unas 200 juntas comunales.
Otras figuras
Además de los representantes de corregimiento, hubo dos funcionarios que estuvieron vinculados con el manejo de estos fondos mientras ocuparon la dirección de la Autoridad de la Descentralización: Francisco Vigil (2019-2022) y Edward Mosley Ibarra (2022-2024).
Actualmente, Vigil labora como docente en la polémica Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), y Mosley Ibarra es un empresario turístico y avícola en la provincia de Veraguas. Ambos están en el ojo de la tormenta por el manejo de esos millones en el gobierno pasado.
Millones a juntas comunales
La junta comunal que más millones recibió fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo “Bolota” Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
La junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, destaca como una de las principales beneficiarias de la descentralización paralela, recibiendo $6.6 millones. En ese momento, el representante del corregimiento era César Caballero, quien fue asesinado el año pasado al llegar a su residencia. El diputado con mayor influencia en la zona es Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En tercer lugar, se encuentra la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, que recibió $6.0 millones, con José de La Lastra, también del PRD, como representante. Sin embargo, las miradas apuntan a Benicio Robinson, diputado de ese circuito y presidente del PRD, quien habría jugado un papel clave en la distribución de casi $30 millones en toda la provincia de Bocas del Toro.
En el distrito de Panamá, las tres juntas comunales que más fondos recibieron fueron Ancón ($3.9 millones), Curundú ($3.6 millones) y Juan Díaz ($3.3 millones).
Hoy, la Autoridad de la Descentralización llevará a cabo una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre este tema.
