En octubre de 2006, Rudecinda Delgado andaba por Chiriquí vendiendo boletos de tómbolas y quiso regresarse a la ciudad de Panamá.
Mamá de dos y residente en Samaria, cuando llegó a la capital sintió el bochorno del clima y pescó una gripe. “Parece que por el cambio de clima me resfrié”, relata ahora, sentada en una sala de espera de la antigua Maternidad del Hospital Santo Tomás.
Rudecinda trae un suéter rojo, un pantalón casual y unos lentes negros que no usa por moda. Acaba de salir de la sala de hemodiálisis y tiene hambre. Está ciega y no encuentra el tenedor.
No lo supo ese día de 2006, pero lo sabe ahora: que empezó a morirse cuando fue a la Policlínica Manuel María Valdés de San Miguelito porque andaba mala con el resfriado, y salió de allí con unas botellitas de jarabe contra la tos.
Cuando la gente empezó a morirse sin saber por qué, en octubre de 2006, en el Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS) el entonces ministro de Salud, Camilo Alleyne, llamó a los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), para que ayudaran a esclarecer el misterio.
Los CDC, con ayuda local, encontraron la respuesta el 11 de octubre de ese año. Como se lee en un estudio publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) –Outbreak of Acute Renal Failure in Panama in 2006: A Case-Control Study–, los expertos sospecharon de unas botellas de jarabe para la tos cuando unos pacientes afectados las mencionaron, y al examinar su contenido se halló el dietilene glycol.
“Es difícil determinar la magnitud de este brote. El ministro de Salud de Panamá reportó que más de 60 mil frascos del jarabe fueron distribuidos, aún cuando solo 119 casos han sido identificados”, se lee en el informe redactado entonces. “Dada la severidad de la enfermedad y la tasa de mortalidad entre los pacientes estudiados, es sorprendente que no se hayan descubierto más casos”, añade.
LA MAYOR TRAGEDIA
Tal vez sea el expediente más voluminoso de investigación alguna realizada en los últimos años en Panamá, porque en cuatro años de pesquisas se han acumulado mil 119 tomos y 326 anexos.
El fiscal superior especial, Dimas Guevara, a cargo del expediente, revela que las muertes por el tóxico ya llegaron a 158, confirmando que este es el mayor caso de envenenamiento masivo con dietilene glycol en el mundo, hasta ahora.
Según Guevara, la cifra real de afectados nunca se sabrá, ya que muchos jamás asociaron sus síntomas con el envenenamiento.
Hasta ahora hay mil 677 casos reconocidos, y se revisan otros mil 488 expedientes clínicos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) del Ministerio Público.
‘SOMOS SERES HUMANOS’
Cuando se le pregunta a Rudecinda cómo se siente después de cuatro años del envenenamiento, ella contesta con una palabra: “Triste”.
Porque antes de ese resfriado desafortunado, Rudecinda caminaba “de frontera a frontera” y disfrutaba de su buena salud. Afanada por curarse siguió la receta a pie juntillas y, de vuelta en Chiriquí notó que le faltaba el aire y que se le hinchaban los pies.
Cuando pasaron los días y vio que iba peor, regresó al médico y la alarma fue inmediata: la regresaron a la ciudad y en pocas horas tenía un catéter en el cuerpo. “De una vez se me afectaron los riñones”, cuenta.
Desde entonces pasa 12 horas a la semana en el hospital, haciendo diálisis.
Iris Rodríguez, en cambio, está más que triste, cab... “Aquí no envenenaron cucarachas ni ratones... Se envenenó a seres humanos”, reclama.
Lo que más las frustra –más que la ceguera, la cojera o, incluso, la pobreza– es la tardanza y la indiferencia.
“Hace un mes necesito medicinas para la vista, para el sistema neurológico y para la presión, y no hay en el Seguro”, se queja Rodríguez.
CADENA DE FALLAS
Al conocerse que muchos pacientes se habían envenenado con medicinas expedidas por la CSS, la pregunta lógica fue: ¿cómo pasó?
Según las pesquisas, en julio de 2003 el Grupo Comercial Medicom ganó una convocatoria pública para surtir a la CSS de glicerina para elaborar medicamentos, pese a que desde 2002 había presentado inconsistencias legales y técnicas para ofrecer estos productos.
Medicom, a través de su gerente Ángel De la Cruz, solicitó a la empresa española Rasfer Internacional 9 mil litros de glicerina. Esta empresa la pidió a su vez al proveedor chino CNSC Fortune Way Company, que la compró a la compañía Taixing Glycerine Factory. Pero esta última no entregó glicerina, sino un producto industrial: dietilene glycol, un refrigerante para autos.
Ni Rasfer Internacional, en España, ni la Dirección de Aduanas de Panamá, ni el Laboratorio de Elaboración de Medicamentos de la CSS verificaron la carga.
La supuesta glicerina salió de Aduanas hacia el laboratorio de la CSS y allí fue registrada como el lote 03071601. El laboratorio seguía produciendo medicinas pese a que en 2002, un informe de la Dirección Nacional de Planificación de la CSS indicaba que no estaba en condiciones de hacerlo.
Nereida Isabel Quintero Ortiz, entonces directora de Abasto de la CSS, dice en el expediente que había un consenso para ordenar el cierre del laboratorio de la CSS, pero que esta decisión fue retrasada por la junta directiva del Seguro. Afirma que incluso “altos funcionarios” la “intimidaron” para que no entregara los documentos sobre el estado del laboratorio al Ministerio Público, una vez que empezó la investigación.
El fiscal Guevara ha confirmado que partes del lote 03071601 comenzaron a usarse incluso desde 2004, por lo que el número de afectados podría ser mayor.
Hasta ahora hay 20 personas vinculadas con el proceso, pero solo dos enfrentan cargos directos: Teófilo Gateno Hafeitz –que tiene medida de casa por cárcel–; y Ángel De la Cruz, el único preso.
Aún no hay llamamiento a juicio.
UNA RUTA INCIERTA
La investigación de este caso no ha sido sencilla. Se han requerido análisis de expertos en toxicología y químicos, la certificación de que los pacientes habían recibido los medicamentos contaminados, y demostrar científicamente que las personas murieron debido al tóxico.
La fiscalía publicó en los periódicos el nombre de los posibles afectados, pero ante la reticencia de los pacientes de acudir a poner la denuncia, se hizo una gira nacional para ubicarlos, casa por casa.
“Ha sido una tarea difícil, que superó todas las expectativas del Ministerio Público, sus recursos y las posibilidades reales de tener la certeza de que ubicamos a todos los afectados”, asegura el fiscal.
Otra de las dificultades fue que, según pasaba el tiempo, los síntomas de los pacientes fueron cambiando, lo que obligó al Ilmelcf a cambiar los protocolos de diagnóstico y a revisar muchos casos calificados como no concluyentes.
Hasta ahora se ha detectado, entre los afectados por el tóxico, a 151 niños que requieren de un tratamiento especializado. Guevara ha dicho que en las últimas semanas han llegado más casos a su despacho.
AL OTRO LADO DEL MAR
El Juzgado No. 24 de Barcelona, España, adelanta un proceso contra Asunción Criado, administradora de Rasfer Internacional, y Joseph María Rovira, director de Control de Calidad de la empresa, por cargos de envenenamiento masivo y negligencia en el manejo de sustancias tóxicas.
En la denuncia también figuran René Luciani, ex director de la CSS; y Pedro Solís, ex director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud de Panamá. El juzgado solicitó interrogarlos a través de una asistencia judicial.
Según Criado, Rasfer no analizó el producto porque esto le correspondía al fabricante, y dijo que de China recibieron documentos en los que se certificaba que se trataba de glicerina para consumo humano. Pero en China las autoridades dijeron que nunca se especificó el tipo de glicerina solicitado y que Rasfer debió analizar el producto.
TENSIONES
Mientras los trámites judiciales continúan, los envenenados no hacen sino intentar sobrevivir en medio de las tensiones que han surgido, incluso en el grupo que se proclamó defensor de sus derechos.
Para contarlo corto, la creación del Centro de Toxicología de la CSS en octubre de 2009 (que debía atenderlos con prioridad), trajo sus consecuencias.
Rodríguez explica que algunos afectados han optado por inclinarse hacia el Centro y su directora, Celia Cantón, mientras que otros continúan apoyando a Gabriel Pascual, vocero del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida.
Lidia González, otra de las envenenadas, explica que lo que ha ocurrido es que los dirigentes del Comité son en su mayoría familiares de fallecidos e “imponen su criterio”.
González está vestida de blanco –como hace 27 años, por una manda– y lleva rosarios en el cuello y en la muñeca izquierda.
“En esas reuniones se iba a politizar... Porque usábamos el espacio de Asoprof (la Asociación de Profesores de la república de Panamá), teníamos que apoyar a los universitarios, a Frenadesso, a todos”, agrega.
Para Giorgina Edwards –hija de Edita Castillo, una de las fallecidas–, lo que ha ocurrido es mucho más simple: “Estamos perdiendo fuerza porque hay personas que han fallecido y otras que están súper mal... Y hay familiares que se han cansado de luchar”.
Pascual, por su parte, también tiene su versión: “Los que están diciendo esos comentarios, están peleando sus intereses particulares”.
Rudecinda prefiere no hablar mucho del asunto. No quiere saber de peleas porque sus preocupaciones son otras. Ya no ve y los doctores le dijeron después de cinco cirugías: “ya no podemos hacer más nada en esos ojos”.
Hace cuatro años que soporta la diálisis, que protesta y pide una pensión, una indemnización, el fin de la investigación, pero no ocurre nada.
“Dicen que hay que esperar... Pero uno se está muriendo...”.
