Wigberto Quintero: de asesor en una junta comunal investigada a subdirector de la Autoridad de Descentralización

Wigberto Quintero, exasesor jurídico y administrativo de la junta comunal de Ernesto Córdoba Campos, en el distrito de Panamá, vinculada a investigaciones relacionadas con la controvertida descentralización paralela, ha sido nombrado subdirector de la Autoridad Nacional de la Descentralización.

Este nombramiento ha desatado un intenso debate en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Quintero compareció el martes, 28 de enero, ante la Comisión de Credenciales para la consideración de su designación, pero fue cuestionado por diputados de la coalición Vamos, como Alexandra Brenes y Luis Duke.

Entre 2014 y 2024, Quintero ocupó el cargo de asesor legal y administrativo de la junta comunal de Ernesto Córdoba Campos, liderada por Rubén Medina, exrepresentante del corregimiento.

De hecho, esta junta comunal figura entre las denunciadas ante el Ministerio Público por la Autoridad Nacional de la Descentralización tras detectarse anomalías en el manejo de más de 320 millones de dólares en este programa. En el caso de Ernesto Córdoba Campos, la junta comunal recibió 364,846 dólares en concepto de descentralización paralela.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre este nombramiento fue el diputado de Vamos, Neftalí Zamora, quien calificó la designación como irresponsable y poco ética, argumentando que alguien señalado por “mal manejo de fondos” en la junta comunal de la pasada administración (2019-2024) no debería ser considerado para ocupar un cargo en la Autoridad Nacional de la Descentralización.

En la Comisión de Credenciales

Durante su comparecencia, Quintero fue interrogado sobre la esencia de la Ley de Descentralización, a lo que respondió que su principal objetivo es garantizar la distribución equitativa de los recursos a los municipios, corregimientos y consejos provinciales, asegurando la ejecución de proyectos y una estricta fiscalización de los fondos asignados.

Sin embargo, su falta de claridad al detallar las funciones específicas que desempeñaría en el cargo generó dudas entre los diputados. “La directora es quien asigna las funciones, y mi rol sería suplirla en su ausencia y supervisar proyectos en las provincias”, comentó Quintero, sin lograr disipar las inquietudes de la diputada Brenes.

Las preocupaciones se intensificaron cuando Brenes mencionó una denuncia pasada en la que Quintero habría recibido 300,000 dólares del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) para la compra de artículos destinados a una federación de béisbol que él presidía. Aunque Quintero aseguró que el dinero fue utilizado de manera transparente y que nunca fue denunciado formalmente por el caso, Brenes opinó que estos antecedentes socavan la confianza en la gestión de recursos públicos y la institucionalidad.

En su intervención final, Brenes hizo un llamado para priorizar el nombramiento de funcionarios capacitados y competentes en cargos clave. “Este puesto es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. Es alarmante que el candidato no pueda detallar siquiera dos funciones específicas de su rol”, declaró.

Por su parte, el diputado Luis Duke cuestionó a Quintero sobre la posible incompatibilidad de haber desempeñado simultáneamente dos funciones públicas en el municipio de San Miguelito, por las cuales percibía un salario mensual de 2,000 dólares. Quintero admitió la situación, pero afirmó que solo tenía un nombramiento oficial, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de su actuación, dado que la Constitución prohíbe a los servidores públicos ocupar dos cargos con jornadas simultáneas sin una ley que lo permita.

Duke señaló que no existe normativa que avale este doble rol, poniendo en duda el cumplimiento de las disposiciones constitucionales por parte de Quintero. Además, reiteró su rechazo al nombramiento, enfatizando que el candidato no cumplió con las exigencias legales en su carrera pasada y demostró desconocer las funciones básicas del puesto al que aspira.

Ante estos cuestionamientos, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, decretó un receso hasta este miércoles, 29 de enero, para continuar con la deliberación.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política