Luego de que La Prensa diera a conocer que la diputada Yanibel Ábrego, expresidenta de la Asamblea Nacional y secretaria general del partido Cambio Democrático (CD), adquirió 18.4 hectáreas a menos de un centavo el metro cuadrado, con la complicidad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), las críticas no se hicieron esperar.
Mientras tanto, la diputada se defendió diciendo que “todo está dentro de la ley” y que antes de ser diputada contaba con más tierras que ahora.
Según la investigación, Ábrego adquirió 18.4 hectáreas tituladas, divididas en dos fincas en el corregimiento de Cirí Grande, Capira. Para avalar la gestión, la Anati argumentó que se trataba de una “función social”, aunque la diputada sostiene por otro lado que muchas de las tierras son para “actividades agrícolas”.
Pero la política dijo este lunes 10 de abril en Telemetro que su vinculación con los bienes y raíces proviene desde antes de haber llegado a Asamblea Nacional. Adelantó que es un negocio que no dejará de hacer.
“Este es un proceso que es totalmente legal”, respondió la diputada @YanibelAbrego con relación a la adquisición de hectáreas de tierras estatales a precio de centavos.
— Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2023
Señala que antes de ser diputada “contaba con muchísimas más hectáreas que ahora”.#TReporta pic.twitter.com/pi8yKMClrp
“Esto es un proceso totalmente legal, quiero dejar claro que nosotros estamos vinculados a los bienes y raíces desde antes de ser diputada; ese es nuestro negocio, no lo hemos dejado de hacer y no lo dejaremos de hacer. Todas las propiedades se vienen trabajando con procesos legales que Anati pide y todas tienen más de 10 y 15 años de estar en trámite”, manifestó.
Otro que habló del tema fue su colega el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames. “No es la única seguro”, aseguró al ser consultado por el medio digital Foco. Por estos días Adames se encuentra en plena campaña política, ya que es uno de los aspirantes a obtener la candidatura presidencial del Partido Revolucionarios Democrático (PRD), en las primarias del 11 de junio próximo.
Más reacciones
En tanto, Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Liberad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, calificó el hecho de “patrón indignante y preocupante”.
“Han salido la luz pública múltiples casos de traspaso de tierras del Estado a servidores públicos, a título individual, caracterizadas por la falta de transparencia y un obvio favoritismo, que conforman un posible enriquecimiento injustificado. Las tierras del Estado son parte del patrimonio de todos los panameños y su uso debe estar supeditado a las reglas de transparencia (...)”, manifestó.
Venden las tierras del Estado a centavo y nos sacan la lengua. Eso sólo debe pasar en Panamá, qué nos aguantamos todo, sin reaccionar como corresponde, en mi opinión.
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 10, 2023
El abogado Ernesto Cedeño exigió al contralor Gerardo Solís, realizar un audito completo sobre el tema. Además calificó de “inadmisible” el hecho de que existan políticos con fuerza para poder adquirir tierras estatales por centavos.
“El contralor se debiera pronunciar de manera inmediata haciendo un audito a todo lo que son las disposiciones de las tierras del Estado, para ver si hay que hacer un reavalúo como corresponde”, añadió.
Cedeño agregó que el hecho sale a la luz, en momentos en que hay parte de la población que “se está comiendo un cable, y quisieran salir de la pobreza teniendo oportunidad para hacer lo propio”.
Señores de la @anatipma , mañana a las 8:00 de la mañana voy con estos $120.00 a ver cuántas hectáreas de tierra me pueden vender. Si la diputada Yanibel Abrego, puedo, yo también puedo. La Constitución panameña dice que no hay fueros ni privilegios. Me acompañan? pic.twitter.com/jRed4E8nHq
— Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) April 11, 2023
Mientras que la exprocuradora y aspirante a diputada por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, afirmó que es el administrador de la Anati, quien debería estar dando declaraciones públicas con información detallada sobre el tema.
“Explicar el hecho de que la diputada califique para comprar a esos precios, si hay o no otras solicitudes similares, y todo otro detalle relacionado con el posible acceso y manejo de información privilegiada que permita las adquisiciones con algún tipo de conflicto de interés”, manifestó.
Gómez agregó que las tierras estatales deben cumplir una función social y que no sean para beneficiar a servidores públicos.
“Las tierras estatales deberían cumplir una función social como en toda sociedad justa y buena, encaminada no a hacer de los servidores públicos latifundistas o terratenientes en sectores con tanto problema de pobreza y ausencia de tierra titulada a campesinos para que trabajen sus propias tierras” apuntó.
