La empresa Generadora del Istmo, S.A. será reemplazada en la operación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, por un tercero independiente a dicha firma comercial, con experiencia en la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
Este es uno de los principales puntos del acuerdo que firmó ayer el Gobierno con caciques de la comarca Ngäbe Buglé sobre la concesión en el río Tabasará, que fue otorgada en 2006 y que desde ese momento generó uno de los conflictos ambientales más acentuados de la última década.
En representación de las autoridades comarcales, firmaron el documento Silvia Carrera, Jeremías Montero y Chito Gallardo, mientras que por la actual administración, el presidente de la República, Juan Carlos Varela; la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado; y la ministra de Ambiente, Mirei Endara.
Varela dijo que tuvieron que heredar el tema Barro Blanco de dos gobiernos anteriores, pero lo manejaron con un diálogo de 21 meses.
A la vez, subrayó que el acuerdo establece que el 15% de los ingresos brutos que tenga el proyecto hidroeléctrico será para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, artesanales y formación de personal dentro de la comarca Ngäbe Buglé.
Por su parte, Carrera dijo que firmó el documento, porque considera que cumple con las demandas del pueblo indígena y espera que las autoridades cumplan con el acuerdo.
BARRO BLANCO, UNA LECCIÓN 17 AÑOS DESPUÉS
Por la potente cuenca del río Tabasará, entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, corre cultura y religión indígena. También energía en su caudal.
Eso lo saben los grandes consorcios hidroeléctricos y también desde hace siglos los indígenas ngäbe buglés, quienes hicieron de este recurso hídrico la cuna de sus petroglifos, el custodio de árboles ancestrales y el hogar de la religión Mama Tatda que profesan.
Tal mística comenzó a ser amenazada desde el año 2000, cuando se propuso el primer proyecto hidroeléctrico en el Tabasará y ahora, 17 años después, a este Gobierno le correspondió cerrar uno de los conflictos ambientales más complejos y mediáticos del país: Barro Blanco.
De hecho, ayer durante la firma de un acuerdo con autoridades comarcales para que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) sea remplazada de la operación del proyecto hidroeléctrico, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se comprometió a la cancelación de cualquier concesión hidroeléctrica que exista sobre el río Tabasará.
El convenio, también firmado por los caciques Silvia Carrera, Jeremías Montero y Chito Gallardo, establece que las concesiones futuras en la comarca Ngäbe Buglé y sectores campesinos contarán con la aprobación de la población por medio de un referéndum y después tendrán que ser aprobadas por el pleno del Congreso Local, Congreso Regional y Congreso General.
“Hemos heredado el conflicto Barro Blanco de dos administraciones gubernamentales anteriores y desarrollamos un diálogo durante 21 meses”, subrayó Varela en la escuela de Llano Tugrí, distrito de Muna, el corazón de la comarca Ngäbe Buglé.
Precisamente, en Llano Tugrí reposan los restos de Gerónimo Rodríguez Tugrí, uno de los indígenas caídos durante 2012, en una de las tantas protestas contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Barro Blanco tuvo su génesis en el año 2006, cuando durante la administración del entonces presidente de la República, Martín Torrijos (2004-2009), se aprobó la concesión bajo ese nombre.
La propuesta era una hidroeléctrica que generara 19 megavatios y durante la aprobación del estudio de impacto ambiental se cuestionó la escasa consulta pública.
No obstante, en el pasado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), se amplió la capacidad de generación de la hidroeléctrica a un poco más de 28 megavatios, sin una evaluación ambiental cónsona con lo proyectado.
Esto ocasionó manifestaciones en el año 2012, que motivaron la muerte del dirigente indígena Gerónimo Rodríguez Tugrí.
Con la llegada de esta administración, se estableció una mesa de diálogo, que por casi dos años trató el tema.
En ese sentido, Varela subrayó que la gran lección que deja el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al país es implementar la consulta ciudadana y el consenso en cualquier desarrollo de este tipo.
Entre los puntos plasmados en el convenio se menciona que la operación de Barro Blanco será manejada por un tercero independiente con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
A la vez, se priorizará que el 50% del personal sea indígena en la hidroeléctrica.
El Gobierno también se comprometió con las autoridades comarcales a crear un fideicomiso, con aportes del Ejecutivo por el término de la concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecoturísticas y artesanales, formación de capital humano y electrificación rural, en las comunidades indígenas y campesinas aledañas al proyecto, con prioridad en las comunidades del distrito de Muna.
Para lograr lo establecido en el acuerdo, las partes velarán por el llenado y vaciado del embalse conforme a los protocolos establecidos, con el único objetivo de demostrar que el proyecto hidroeléctrico funciona, o para determinar las medidas a subsanar, según los defectos que sean descubiertos durante la prueba.
Por su parte, la cacica Silvia Carrera dijo que el acuerdo cumple con varias de las demandas del pueblo ngäbe buglé, y que con eso se logra que las empresas respeten la autonomía de la comarca.
“Hubo divisiones y el proyecto avanzó, pero ahora vemos como el pueblo es afectado en lo menos posible. Esto no resuelve todo el problema, pero ayudará al distrito de Muna”, puntualizó la dirigente indígena.
En el diálogo actuó como mediador Martín Santiago, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien explicó que el convenio entre el Gobierno y el pueblo indígena es un paso en la solución del conflicto de Barro Blanco.
La firma del acuerdo se demoró varias horas, debido a que algunos dirigentes indígenas realizaron protestas en en la escuela de Llano Tugrí. Incluso, cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos.
Ricardo Miranda, uno de los manifestantes, consideró que lo consensuado no llena las expectativas de las comunidades afectadas por la represa. “Se violan los derechos humanos de nuestro pueblo”, argumentó el activista.
Esta administración impuso una sanción a la empresa Genisa por más de 700 mil dólares, tras determinar que no cumplió con varios aspectos en cuanto a las mitigaciones que establecía el estudio de impacto ambiental, pero la empresa presentó una recurso de reconsideración que no ha sido resuelto.
Además, el Ministerio de Ambiente le hizo una serie de recomendaciones que se cumplieron para poder continuar con la culminación del proyecto. En Llano Tugrí, durante la firma del acuerdo, no estuvo ningún representante de Genisa.
Este diario contactó a un representante de la empresa para conocer su opinión sobre el pacto, pero dijo que aún no tienen el texto definitivo, por lo que se pronunciarán cuando lo hayan analizado.
Aplausos y críticas para el pacto anunciado
El acuerdo que alcanzaron ayer el Gobierno que lidera Juan Carlos Varela y autoridades de la comarca Ngäbe Buglé generó voces a favor y en contra. Por un lado, hay quienes consideran que fue un “gran paso” que ayudará a mejorar las relaciones entre la actual administración y las administraciones venideras, con las autoridades comarcales. Por otro, las críticas giran en torno a que el Ejecutivo no ha divulgado debidamente los aspectos que sustentan la negociación con la empresa Genisa, que inició la construcción de la obra, pero que no la culminará. Algunos temen, además, una posible demanda millonaria contra el Estado de no respetar las exigencias de Genisa. Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Fernando Aramburú Porras, el acuerdo es “positivo” y permite a las autoridades comarcales como de Gobierno un mayor acercamiento. Consideró que lo acordado está “balanceado, ya que respeta los intereses y aspiraciones de la comarca con un ingreso importante para el desarrollo de proyectos en la misma; y a su vez respeta los derechos de los inversionistas tanto bancos como accionistas”. Respecto a la figura del fideicomiso, al que se traspasarán las acciones de Genisa en garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos, dijo que la misma permite que el Banco Nacional de Panamá [fiduciario] designe un administrador idóneo y aceptable a las partes que garantice la operación adecuada del proyecto, de tal forma que se genere la energía hidráulica proyectada y los ingresos correspondientes para saldar la deuda con los bancos que financiaron el proyecto y una vez saldada esta deuda a los accionistas que invirtieron en el mismo. Por su parte, Horacio Icaza, del Movimiento Independiente, manifestó que el acuerdo es “verdaderamente un paso histórico, importante y positivo, donde el Gobierno, a través de la negociación, demuestra que con el diálogo, el entendimiento y con la buena fe, se puede lograr mucho en este país”. A su vez, destacó que lo logrado envía una señal de que la política de los gobiernos debe ir dirigida hacia la atención de los pueblos originarios. “Lo importante es que haya un beneficio para la comunidad y que los desarrollos mineros y de fuentes hídricas se manejen con mucha más sabiduría y con más vistas hacia el futuro”, agregó. En ese sentido, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, expresó que “somos un gobierno que cree en el diálogo, promueve la paz y los consensos; por eso se ha firmado el acuerdo de Barro Blanco. Pero, para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, más allá del acuerdo, hay que mirar si la empresa afectada que cumplió con todos los requisitos legales para hacer una inversión en el país también avaló un acuerdo con el Gobierno y se encuentra satisfecha con el mismo. “Se manda muy mal mensaje a los inversionistas, debido a que la empresa que inició la obra no la termina (...) espero que el Gobierno así como firmó con las autoridades de la comarca haya firmado con los dueños de Genisa (...) una empresa invierte para tener ganancias no solo para que se le pague lo que ha invertido; si no lo firmaron nos exponemos a una demanda millonaria”. En ese sentido, recordó que el Estado tiene más de $9 mil millones en demandas por malas actuaciones de los funcionarios. Mientras que el politólogo y miembro del partido en formación Frente Amplio por la Democracia, Richard Morales, indicó que la negociación se vio empañada con protestas y mal entendidos, lo que deja entrever que “ha sido un acuerdo a espaldas a la mayoría del pueblo...”.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, calificó como positivo que se haya logrado poner en marcha un proyecto para la generación de energía limpia en el país. Resaltó la importancia de que el Estado llegue a acuerdos con las comunidades para garantizar que continúe llegando la inversión extranjera.
