La jueza de garantías de Herrera, Julissa Saturno, ordenó la noche del sábado 14 de septiembre la detención provisional de tres comerciantes de origen asiático por estar supuestamente vinculados al delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas por explotación laboral.
En tanto, una cuarta imputada -de 39 años de edad- se le impuso la medida cautelar de prohibición de salida del país y arresto domiciliario.
Se trata de Rong Lua Wu (Carlitos NG, 43 años), Zhooxuan Mu (Chayane, 30 años ), Guojie Wu (Leo, 35 años) y Hulian Wu (Sophia, 39 años).
El pasado 12 de septiembre, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia desmanteló una red criminal supuestamente dedicada a la trata de personas para la explotación laboral.
En el operativo se logró la recuperación de 23 personas, entre ellos seis venezolanos, tres chinos, dos nicaragüenses, en la barriada Renacimiento, ciudad de Chitré.
En la audiencia de control de garantías, que se realizó en la sala 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Herrera y que se extendió por más de cinco horas, Saturno legalizó la incautación de datos telefónicos obtenidos por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Previó a ello, se designó a un interprete ya que los imputados alegaban no dominar el idioma español.
De igual forma, Saturno legalizó la aprehensión de los cuatro imputados y le formuló cargos por el supuesto delito de trata de personas por explotación laboral que se daba en la empresa Importadora y Exportadora Limite, S.A. ubicada en Chitré, provincia de Herrera.
La fiscal Isaura Mejía, en representación del Ministerio Público, dijo que a los cuatro imputados se les investiga por haber facilitado el desplazamiento en el territorio nacional, por aproximadamente tres años, de femeninas y masculinos nacionales y extranjeros en "condiciones de vulnerabilidad", pues se les retenían sus documentos para "explotarlos laboralmente y obligarlos a servicios forzados".
Mejía resaltó que existe una quinta persona vinculada al ilícito, pero se encuentra fuera del país.
"Realizaremos lo que corresponde para poder traerlo al proceso", sostuvo.
El abogado defensor, Arcelio Mojica, solicitó que a sus clientes se les concediera fianza de excarcelación de $10 mil, $15 mil y $18 mil, pedido que fue negado por la juez de garantías.
El abogado apeló la medida cautelar impuesta a sus defendidos y se fijó para el 20 de septiembre la audiencia, que será presidida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, que comprende Herrera y Los Santos.
El delito de trata de personas establece penas de prisión que van de 15 años a 20 años, y si existe agravante la condena oscila de 20 años 30 años, de acuerdo explicaron las autoridades.
