Lídice, una junta comunal cerrada por caso de cheques fraudulentos

Una investigación por el presunto delito contra la fe pública en perjuicio del Estado inició el Ministerio Público a través de la Personería Municipal de Capira, luego de que el representante de la junta comunal de Lídice, Luis Díaz, denunciara el hecho.

Díaz, del partido Cambio Democrático (CD), fue notificado por el Banco Nacional de Panamá (BNP) de Capira del supuesto cambio continuo de cheques con su firma, que dijo fue falsificada. Por este hecho, denunciado en horas de la tarde del pasado 28 de junio, se investiga a Kiara Quintero, secretaria de la junta comunal de Lídice y a Jennifer Sanjur, comadre de la funcionaria, que estaría supuestamente recibiendo el beneficio económico.

Quintero todavía no ha rendido declaración. Ella informó a La Prensa que el próximo lunes 4 de julio será la audiencia por este caso. Mientras que el Ministerio Público no quiso brindar información.

“Ya me siento liberada. Independientemente que se me vincule directamente, cuando esto termine, entonces va a salir la verdad de las cosas”, expresó Quintero.

¿A qué verdad se refiere?, preguntó La Prensa. “Quiero que todo se esclarezca. No he declarado, no he dado mi versión”.

La funcionaria indicó que dentro de la junta comunal hacía varias funciones: desde labores de mensajería hasta manejos administrativos. Por esa razón, dijo, prefirió que le redujeran el salario a fin de que se contratara a Flor Duarte como su asistente, para que atendieran las solicitudes de la comunidad. Aunque afirmó sentirse “presionada” en su trabajo, evitó brindar detalles.

Quintero, aparte de la junta comunal de Lídice, también manejaba la parte administrativa de la junta de Cirí de Los Sotos, que dirige Edwin Soto. La funcionaria indicó que ella supuestamente no recibía remuneración por la “asesoría” que realizaba a “varias juntas comunales”.

“Siento una paz y, ¿sabe por qué? Porque siento que me quité un peso de encima y esto se va a esclarecer y no sé cuáles sean las consecuencias que trae esto, porque desconozco lo que dice la ley y por eso estoy buscando un abogado para que me diga hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta dónde yo llego si resulto ser culpable o qué”, resaltó Quintero.

Narró que del BNP llamaron al representante Luis Díaz para notificarle sobre la anomalía y que este después la llamó a ella para que se presentara al banco. “Yo no entré al banco hasta que él [Díaz] salió. Yo no estaba cambiando el cheque. Yo llegué a ver la situación y de ahí fuimos a poner la denuncia ante la Personería y es ahí donde se me mantiene retenida durante dos horas porque la DIJ [Dirección de Investigación Judicial] no me permitía salir, porque tenía que esperar a que me notificaran. Yo estoy a la espera, porque quiero seguir con el proceso”.

El representante de Lídice, indicó Quintero, fue a interponer la denuncia y luego ella llegó trasladada por personal del BNP. Afirmó desconocer cuántos cheques son los que estarían investigando por el supuesto manejo irregular, ya que la DIJ allanó la junta comunal y su residencia.

Tanto Quintero como Sanjur residen en Brisas de Lídice, conocida como “barriada Yanibel”, una comunidad de escasos recursos con calles de tierra y aguas servidas desbordándose.

En tanto, Sanjur aseguró que se siente “víctima” de esta situación. “Nunca imaginé que se estaba usando mi nombre para esto. No sé de cuánto dinero hablan ni desde cuándo se están cambiando cheques”, afirmó Sanjur.

La Prensa también buscó la versión de la asistente Duarte, quien precisó que sus funciones son limitadas en la junta comunal de Lídice, debido a que solo recibe notas de las personas que buscan donaciones o que desean hacer actividades en la comunidad. La documentación, dijo, se la remitía a Quintero para que entonces la administración procediera a su aprobación o no. Negó manejar dinero de la junta.

La Prensa intentó obtener la versión de Díaz, el representante de Lídice, pero indicó que tenía que asesorarse con su abogado antes de brindar declaraciones.

Una fuente oficial informó que se desconoce cómo pudieron registrarse varios cambios de cheques, si estos tienen que pasar previamente por un trámite de fiscalización de la Contraloría.

El dinero, indicó la fuente, pudo salir del presupuesto de funcionamiento donde se hacen contrataciones para la limpieza, entre otros asuntos, que no son tan onerosas. Sin embargo, señaló que desde hace cinco meses la Contraloría está exigiendo que se hagan contratos con estas personas.

Al cierre de esta nota, el contralor Gerardo Solís no había respondido las preguntas de este medio.