“Convirtieron un hecho en delito y para eso se prestaron cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, expresó Rigoberto González, en relación al proceso de separación del cargo y condena de la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez hoy diputada electa.
En 2010, Gómez fue sancionada por abuso de autoridad, por autorizar unas intervenciones telefónicas como parte de un operativo para perseguir un acto de corrupción.
González, que fue secretario general de la Procuraduría General de la Nación durante la gestión de Gómez, fue imputado por los mismos delitos. No obstante, mientras a Gómez la procesó la CSJ, el expediente de González fue enviado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
El 12 de octubre de 2011, acogiendo una solicitud de la fiscalía, el Juzgado Tercero Municipal dictó un sobreseimiento a favor de González.
Así, Gómez y González, pese a estar imputados por un mismo hecho, tuvieron un desenlace distinto. Gómez fue condenada a seis meses de prisión, pero la pena fue reemplazada por 40 días multa, que equivalen al pago de 4 mil dólares. Adicional, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por cuatro años.
“El caso de Ana Matilde se forzó a convertirlo en un acto delictivo por la injerencia y manipulación del Ejecutivo, con cinco magistrados que primero la separan de su cargo, luego la llaman a juicio y después la condenan. Yo puedo sustentar eso”, dijo González en entrevista a prensa.com.
González hace referencia al libro Una vida póstuma, de Fernando Berguido, en el que el autor describió una conversación con el presidente Ricardo Martinelli, el 11 de enero de 2010, en la que éste le expuso sus planes para sacar del puesto a Gómez.
“Me contó que ya había hablado con los magistrados de la Corte, o con algunos de ellos, para juzgarla y sacarla del cargo… Mientras lo escuchaba, imaginaba el escenario macabro del complot”, escribió Berguido en su libro.
“Con absoluta claridad se lo dije al presidente de la República: el diario no puede de ninguna manera participar de esta jugada ni mucho menos apoyarlo en sus pretensiones. Incluso le sugería que reconsiderara lo que iba a hacer por el bien de la institucionalidad del país”, agregó Berguido, quien entonces fungía como presidente de Corporación La Prensa.
De la conspiración para sacar a Gómez dejó constancia Zulay Rodríguez, integrante del grupo autodenominado “Perseguidos por Ana Matilde Gómez” (Pamago). Rodríguez contó que, para fraguar el plan, el grupo se reunió en varias oportunidades en la Presidencia, con el magistrado José Abel Almengor.
Rodríguez –actual diputada electa por el PRD- denunció a Almengor en la Asamblea Nacional, por delitos contra la administración pública. La acción fue archivada por los diputados, pero las denuncias siguieron llegando a la Comisión de Credenciales. Antes de que éstas se resolvieran, Almengor renunció.
Hay más evidencias del interés que despertaba Gómez en la Presidencia. La exprocuradora contó que el 1 de febrero de 2010 recibió en su casa a la ministra Luci Molinar, quien le propuso llegar a un acuerdo para suspender la investigación en su contra, “por el bien del país”. Molinar luego reconocería que sí hubo encuentro, pero negó haberse acercado a Gómez como enviada del Gobierno.
Un fallo, dos bloques
Siete meses después de la conversación de Martinelli con Berguido, Gómez fue condenada. Aquella decisión del 11 de agosto de 2010 dividió a la CSJ: cinco votos a favor y cuatro salvamentos. En su momento, la Alianza Ciudadana Pro Justicia advirtió que se trataba de un fallo “con connotaciones políticas”, ya que en él se apreciaban dos bloques: el de los magistrados que llegaron al cargo gracias a los partidos de la entonces alianza de gobierno y el de los designados por el opositor PRD.
Entre los primeros estaban Wilfredo Sáenz –suplente primero de José Abel Almengor y ahora de Harry Díaz, que actuó como ponente-, Alejandro Moncada Luna, Aníbal Salas, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista. En el segundo grupo figuraban Jerónimo Mejía, Harley Mitchell, Oydén Ortega y Víctor Benavides.
A Salas, Spadafora y Cigarruista se les venció el periodo. Por tanto, en la audiencia que se realizará mañana para resolver la solicitud de rehabilitación o modificación de condena que presentó Gómez, participarán tres magistrados que no conocieron el caso en el 2010. Se trata de José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León.
La mayoría de los magistrados que salvaron su voto cuestionó la prueba sumarial aportada para acreditar el delito de abuso de autoridad: un fallo de la propia Corte, del año 2007, que declaró inconstitucional la orden de Gómez para interceptar teléfonos en un caso seguido al entonces fiscal Arquimedes Sáez. Coinciden que el uso de un fallo como prueba sumaria podría acarrear acusaciones contra –por ejemplo- diputados, cuando estos expidan leyes que posteriormente sean declaradas inconstitucionales.
Gómez necesita que la Corte modifique su condena, para poder tomar posesión de su curul, el 1 de julio de 2014. El argumento de su defensa es que el Código Penal actual indica que la pena accesoria no puede ser superior que la principal.
“Si en el 2010 cuando la condenaron no tomaron en cuenta ese aspecto, se violó la norma”, indicó González. De hecho, en su escrito de salvamento, el magistrado Mejía hizo esa observación.
