La defensora del Pueblo, Patria Portugal, fue acusada ayer por la supuesta comisión del delito de peculado y desde hoy se inicia formalmente una investigación al respecto, autorizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la firma, supuestamente irregular, de un contrato por $250 mil con la empresa Imaginarium Studio, S.A. para una consultoría y el rediseño de la página web.
En la audiencia de imputación de cargos, celebrada ayer en el Palacio de Justicia Gil Ponce, de Ancón, el magistrado José Ayú Prado, que actúa como juez de garantías en el proceso, admitió la acusación por peculado contra Portugal presentada por la procuradora de la Nación, Ana Belfon.
Además, Ayú Prado, a solicitud de Belfon, ordenó la separación del cargo de la defensora y le impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.
El juez de garantías dio dos meses a la Procuradora para la investigación, plazo que comienza a correr a partir de hoy, 25 de julio.
La denuncia que dio inicio a este caso fue presentada el 23 de mayo por la secretaria ejecutiva de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón.
En los alegatos expuestos ante el magistrado Ayú Prado, Belfon argumentó que Portugal ejecutó acciones que posiblemente constituyen una malversación de fondos públicos.
Agregó que una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que la Defensoría del Pueblo no verificó la experiencia previa de Imaginarium Studio, S.A. al otorgar el contrato el 14 de marzo de 2012, cuatro meses después de que fuese creada la compañía.
A pesar de lo planteado en dicha auditoría, la Contraloría refrendó en su momento el contrato entre la Defensoría del Pueblo e Imaginarium Studio, S.A.
Belfon expresó, asimismo, que el contrato fue dado sin ser aprobado por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Explicó que la Ley 65 del 30 de octubre de 2009, que rige la AIG, establece que esa entidad debe aprobar los contratos de tecnología que superen los 50 mil dólares y que dichos contratos de consultoría no deben incluir la entrega de bienes o equipos.
El abogado Luis Santamaría, defensor de Portugal, no hizo descargos a su favor, mientras que Ayú Prado preguntó a Portugal si comprendía la acusación y si deseaba decir algo.
Sin embargo, la defensora se limitó a decir: “simplemente los entiendo, pero no los acepto”.
Santamaría se opuso a la suspensión de su puesto con el argumento de que el artículo 129 de la Constitución establece que la suspensión corresponde a la Asamblea Nacional con el voto de dos terceras partes de los diputados.
Sin embargo, Ayú Prado explicó que la suspensión del cargo del defensor del Pueblo compete a la Asamblea en el ámbito administrativo, y no en los procesos penales.
Manifestó que los artículos 10 y 15 de la Ley 7 de 1997, que rige la Defensoría del Pueblo, y la Ley 63 de 2008 (Código Procesal Penal) dan competencia a la Corte para juzgar y conocer de procesos penales contra el defensor y su adjunto.
Santamaría apeló en el mismo acto la medida cautelar y Ayú Prado concedió el recurso aunque en efecto diferido, lo que quiere decir que se mantiene la suspensión del cargo, aun cuando esté pendiente de resolver la apelación.
La audiencia de ayer comenzó a las 11:25 a.m. y concluyó a las 12:05 p.m. Al término del acto, tanto Portugal como Belfon salieron por la parte trasera del palacio de justicia para abordar sus vehículos y no dieron declaraciones a los medios de comunicación.
Queda pendiente ahora que Belfon solicite a la Sala Penal una nueva audiencia relacionada con la investigación que también sigue a Portugal por la firma, supuestamente irregular, de un contrato por $200 mil con la empresa En Avant, S.A. el 7 de agosto de 2012.
Dicho expediente fue iniciado de oficio el 2 de julio pasado, a partir de una publicaciones de este diario.
DEFENSOR TEMPORAL
Ante la ausencia obligada de Portugal como defensora del Pueblo, Javier Mitil, actual defensor adjunto, tomará las riendas de la institución mientras continúen los procesos legales (ver noticia relacionada).
“Fue lo mejor que se pudo hacer, ya que hay un proceso penal abierto”, dijo Mitil sobre la separación de Portugal. “Había que separarla porque se podrían estar contaminando las pruebas que necesita el tribunal para su investigación”, añadió.
Mitil, además, explicó que hoy a las 8:30 a.m. recibirá la resolución de la Asamblea Nacional en la que lo nombran defensor del Pueblo encargado.
EL ÉXODO DE PORTUGAL
Al finalizar la sesión en el Palacio de Justicia Gil Ponce, Portugal no regresó a la institución; ya no era defensora del Pueblo. Se fue a su casa en El Romeral, en el Lincoln Navigator de $87 mil manejado por el chofer.
En la Defensoría del Pueblo, mientras tanto, funcionarios de confianza de Portugal entraban y salían del despacho. Javier Mitil, defensor adjunto y quien asumió ayer por unas horas el control de la institución, ordenó al jefe de seguridad que evitara que se llevaran documentación del despacho.
En El Romeral, en cambio, seguía la calma. Portugal estaba acompañada de sus dos hijos, Román y Patria Kriss Mollah. Al menos sus carros estaban en el estacionamiento. Atrás de estos, la Navigator con la mitad arriba de la acera.
A eso de las 3:00 p.m., el chofer salió de la casa y abrió la puerta del conductor en el automóvil institucional, buscó algo y regresó adentro. 20 minutos después volvió a salir, subió al carro, se despidió y arrancó. Con el tráfico de esa hora, llegaría a la oficina central de la Defensoría poco antes de las 4:00 p.m., hora de cierre de la institución. Portugal no lo acompañó; ya no estaba al mando de la Defensoría.
El presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, afirmó que a pesar de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la separación del cargo de Patria Portugal como defensora del Pueblo, la funcionaria tendrá que comparecer ante el Legislativo.
La cita será el próximo lunes ante la Comisión de Credenciales, para que responda un cuestionario de cinco preguntas que ya recibió.
Gálvez manifestó que el objetivo de la citación es para que los diputados puedan tener una visión sobre qué determinación va a tomar el pleno, “si mantener la suspensión del cargo de la defensora o la remoción definitiva y proceder a la escogencia de un nuevo defensor del Pueblo”.
Por otra parte, la Asamblea también designó ayer a Javier Mitil, defensor del Pueblo adjunto, como titular de esta institución tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.La decisión de la Asamblea Nacional, por intermedio de su presidente, Sergio Gálvez, se da luego que fuera remitido a este órgano del Estado el oficio número 381-SP-2013 por parte del Órgano Judicial, dirigido al presidente del Legislativo, en el que se comunica la decisión de suspender a la defensora del Pueblo a partir de la fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 224, numeral 6 del Código Procesal penal.En la nota remitida se solicita que “se sirva tomar las acciones administrativas para cumplir lo dispuesto por este tribunal de justicia”. “Ya se le notificó de esta decisión a Mitil vía telefónica y nos ha manifestado que está en la disponibilidad de ocupar el cargo”, enfatizó Gálvez.
GUSTAVO A. APARICIO O.
