Productos y Procesos Industriales, S.A. (Propinsa), cuyo presidente es Javier Pariente, es otra de las empresas que han obtenido contratos directos en el aeropuerto de Tocumen durante la presente administración.
Pariente no es cualquier persona; fue vicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar (razón social del Súper 99) y actualmente aparece como dignatario de varias sociedades junto con el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
En la actualidad, y desde que entró en vigencia la modalidad de contratación que eliminó la competencia como regla general en el aeropuerto internacional de Tocumen, S.A., Propinsa ha recibido contratos directos por unos $3.5 millones, la mayoría relacionada con el suministro, mano de obra e instalación de repuestos de máquinas de rayos X.
Al respecto, Juan Carlos Pino, gerente de Tocumen, explicó que Propinsa es la única representante y distribuidora de equipos y piezas Smith Detection, fabricante de las máquinas de rayos X que utiliza Tocumen. Igualmente, la empresa posee los técnicos certificados y calificados por el fabricante, aseguró Pino.
En efecto, Propinsa, empresa creada en 1998, lleva 15 años brindando servicios de seguridad en el aeropuerto de Tocumen.
Junto con Pariente –que también es miembro de la junta directiva del Área Económica Especial Panamá Pacífico y actual gerente de la empresa de distribución eléctrica Ensa– aparece como suscriptor de Propinsa Ulises Dioger González, padre de la exdirectora de Migración María Cristina González y dignatario de un sinnúmero de sociedades anónimas del presidente Martinelli y de miembros de su familia.
Dioger González es gerente de seguridad de los Súper 99.
INCINERADORES
Pero Propinsa no solo se dedica al tema de rayos X. El 24 de marzo del año 2010, importó desde Estados Unidos un incinerador de desechos para uso industrial por un valor de $65 mil (incluyendo el flete), de acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Aduanas.
Un mes después, Tocumen, S.A. pagó $217 mil a Propinsa por la adquisición de un incinerador tipo Air Burner, modelo 116, procedente de Estados Unidos para darle tratamiento a la basura internacional.
Esta compra, explicó Pino, se hizo porque el equipo existente presentaba anomalías y, además, porque en el año 2009 estuvo a punto de colapsar.
El contrato incluía instalar, poner en funcionamiento y una garantía de un año del equipo, además de mantenimiento preventivo durante seis meses.
¿Precio abultado?, preguntó este diario, teniendo en cuenta el monto registrado en Aduanas.
“No hay que dejarse llevar por el precio. Esto incluía la instalación, adecuación en sitio y la garantía extendida”, argumentó Sabas Cordero, gerente de Propinsa.
Pino, que no era aún gerente de Tocumen cuando se dio este contrato, relató que Propinsa se acercó a su antecesor Rafael Flores para venderle el incinerador.
“No solo era la traída del incinerador, sino la liquidación, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento”, justificó Pino, mientras afirmaba que el costo promedio de un incinerador es de $200 mil.
“Los costos varían según su tamaño, requerimientos del cliente y lugar de operación, y pueden conllevar costos de embalaje, transporte pesado, seguros, cargas y descargas, preparación de terreno o plataforma de operación, capacitaciones, mantenimientos y garantías extendidas”, insistió el gerente de Propinsa.
Tan solo el 14 de junio de 2012, el Consejo Económico Nacional (Cena) le aprobó a Tocumen, S.A. un crédito extraordinario por $4.6 millones, de los cuales $2.8 millones serán usados para comprar un nuevo incinerador.
“Será una licitación internacional para comprar un incinerador con varias recámaras”, informó Pino, al tiempo que anunció que el servicio de recolección de estos desechos también será licitado próximamente.
¿sin experiencia?
Pero mientras se realizan estas licitaciones, Tocumen, S.A. sigue dando contratos directos para recoger los desechos internacionales.
Y otra vez, Propinsa es la empresa favorecida, con un contrato por $176 mil para prestar este servicio durante seis meses.
“Nosotros le solicitamos a Propinsa que hiciera el trabajo, porque estábamos en una situación crítica y no sabíamos qué hacer... se nos estaba acumulando la basura porque no tenemos la capacidad, y esa empresa nos sacó del hueco”, sostuvo Pino.
En tanto, el gerente de Propinsa defendió el contrato alegando que han hecho trabajos similares en Costa Rica. “Tenemos proyección internacional y mucha experiencia... contamos con personal calificado, vehículos asignados y todos los permisos”, acotó.
Sin embargo, a pesar de la alegada experiencia, este es el único contrato de recolección de desechos que tiene la empresa en el país.
Propinsa también está relacionada con la empresa Ingeniería y Gestiones, S.A. (Ingesa), creada en marzo de 2010 para dar servicios de mantenimiento en general y especializado, construcción de apartamentos, remodelaciones, inspecciones a construcciones y construcción en general. La relación se basa en que la primera es proveedora de la segunda.
En ninguno de los documentos constitutivos de la sociedad que reposan en el Registro Público se menciona que Ingesa se dedicaría a la recolección de desechos.
A pesar de ello, en noviembre de 2011, Tocumen, S.A. contrató directamente a Ingesa por $1 millón para que prestara los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos internacionales no peligrosos.
Cuatro meses después, Ingesa –en una reunión extraordinaria– incluyó entre sus actividades la recolección, transporte, incineración, disposición de basura y residuos, así como el tratamiento de desechos sólidos comunes y hospitalarios.
Tras efectuarse ese cambio en su pacto social, Tocumen, S.A. otorgó a Ingesa otro contrato directo por $294 mil para prestar el servicio de tratamiento de los desechos sólidos internacionales.
A pesar de ello, el informe de adjudicación elaborado por Tocumen, S.A. establece que “...la empresa posee la experiencia, la capacidad necesaria, los técnicos capacitados y la maquinaria para realizar el trabajo de recolección de basura internacional”.
El contrato, que cubriría el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2011, no se materializó, porque Tocumen lo anuló sin dar explicaciones.
¿Tiene esta empresa todos sus permisos sanitarios? “Cuando contrato una empresa es porque tiene la capacidad demostrada por mi equipo técnico que la califica. En este caso, en particular, se trata de seguridad sanitaria que debemos buscarle solución y la encontramos”, sostuvo Pino.
A pesar de esta rotunda afirmación, el gerente de Tocumen agregó que “todos los permisos de estas empresas están en trámite, ya que esta era una responsabilidad de Cuarentena Agropecuaria que nos fue traspasada”.
Es decir, las compañías fueron contratadas directamente sin contar con los permisos sanitarios requeridos.
Ingesa no solo tiene contratos de recolección de desechos. También fue contratada directamente por $130 mil para la remodelación, diseño y adecuación del incinerador actual.
Pino justificó el costo de este contrato asegurando que el área de incineración es amplia. “Allí hay lockers para empleados, baños, vestidores y un comedor”, indicó.
Samuel Buitrago, exdirector del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y militante del Partido Revolucionario Democrático, se identificó como el “verdadero dueño y accionista de Ingesa”.
Al solicitarle una entrevista con otros accionistas de Ingesa, Buitrago aseguró que “la empresa considera que el más idóneo frente a la documentación legal para contestar soy yo”.
La gerente administrativa de Ingesa es Marisol De La Hoz, exjefa de Compras del aeropuerto de Tocumen; mientras que la representante legal es Kerima Quintero Ureña, la misma persona que inscribió en el Registro Público el 12 de agosto de 2010, una reunión de accionistas de la sociedad Mejores Acabados, S.A. que tiene contratos por unos $90 millones con varias entidades del Estado, como el Instituto Nacional de Desarrollo Humano o el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Justamente el PAN contrató a la empresa Mejores Acabados, S.A. por la suma de $1.6 millón, tras ser seleccionada en una rápida licitación para la construcción de un parque sobre el terreno de Paitilla que fuera titulado gratuitamente por la hoy exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte.
Travel Services Pro, S.A. es otra empresa que no ha tenido que competir por un espacio comercial en Tocumen.
Constituida el 17 de octubre de 2010, logró que la Contraloría refrendara en marzo de 2011 un contrato directo para vender pizzas, snacks y bebidas.
Su presidenta es Zelideth Tello, secretaria de la gerencia de la empresa eléctrica Ensa, que dirige Javier Pariente, persona vinculada, laboral y comercialmente (a través de sociedades anónimas), con el presidente, Ricardo Martinelli.
El tesorero de la empresa es Pedro Martez, cuñado de Pariente; mientras que la abogada que protocolizó el acta de la sociedad es Mariel Jované, abogada de Ensa.
A pesar de estas coincidencias, Pariente aseguró que “no tenía nada que ver con Travel Services Pro ni como administrador, director o accionista. Sí era de mi conocimiento que un hermano de mi esposa es director, condición que es de su total incumbencia”.
Pariente, incluso, dijo que desconocía las generales de Martez.
“Ellos tienen sus agendas particulares, de las cuales me mantengo al margen. Uno es jefe en Ensa, pero en temas personales, familiares o de otra índole, no me inmiscuyo”, dijo Pariente en relación al papel de su secretaria en la sociedad beneficiada con un contrato directo en Tocumen. Este diario intentó lograr una reacción de Tello, de Martez y de la abogada Jované, pero fue imposible.
SANTIAGO CUMBRERA
