El lago Miraflores, vital para el funcionamiento del Canal de Panamá, podría enfrentar dos de los embates más peligrosos: la deforestación y contaminación de sus aguas.
El vicepresidente ejecutivo de Gestión Corporativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Óscar Vallarino, confirmó que este miércoles durante una inspección al proyecto automotriz de North Properties “se evidenció” la falta de medidas de control de la erosión.
Aseguró que “los sedimentos son transportados por escorrentía a los cuerpos de agua adyacentes, los cuales, pueden ocasionar afectaciones temporales a la calidad del agua del área de Brazo Camarón y consecuentemente al lago Miraflores”. La alerta coincide con un informe de marzo pasado del Ministerio de Ambiente que trata de posibles “incumplimientos”.
La abogada del Centro de Incidencia Ambiental, Susana Serracín, consideró “alarmante” que las autoridades permitan que continúen los trabajos.
LAGO MIRAFLORES, EN PELIGRO LATENTE
Una advertencia sobre “incumplimientos” y posibles “perturbaciones en zonas de protección” del lago Miraflores, que podrían causarle “efectos desfavorables”, fue plasmada hace cinco meses en un informe técnico del Ministerio de Ambiente y confirmados este miércoles por la ACP sobre el proyecto automotriz que se construye en la cuenca hidrográfica, por la vía Centenario.
Las observaciones, efectuadas el 4 de marzo pasado por un equipo técnico de Ambiente, se dieron en una inspección al proyecto que realiza la sociedad North Properties en la zona operativa del Canal de Panamá, reactivada desde el 18 de enero de este año.
Se describe que los desniveles del terreno, suelos desnudos no compactados y con proclividad a la erosión “pueden causar efectos colaterales desfavorables sobre el ecosistema reinante, lago Miraflores”.
Determinaron que la Oficina del Área de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas requerirá corroborar las coordenadas del polígono para determinar si la zona está dentro del área de protección del lago Miraflores. “Según lo observado, se presume perturbaciones en zonas de protección del lago Miraflores”, resalta el documento.
Citan el artículo 24 de la ley forestal, que estipula prohibiciones sobre el aprovechamiento forestal, así como daños o destrucción de árboles o arbustos en las cabeceras de ríos y en los embalses naturales o artificiales.
Se agrega que “no se evidenció la aplicación de medidas para el control de procesos erosivos”.
Pero hubo más advertencias. Se indica que la empresa “deberá cumplir con la política de cuidado, conservación y restauración de la flora y fauna”, ya que el proyecto “no aplica la confección de un plan de rescate y reubicación de fauna y flora”.
El personal del ministerio describe que en el recorrido por las áreas perimetral y adyacentes “perturbadas” en el proyecto se fotografiaron los hallazgos, ya que “se evidenció rastros de especies de la fauna silvestre; huellas de venado e iguana verde”.
En cuanto al letrero informativo de la obra, consideraron que “no cumple con los formatos”, debido a la “evidente ausencia” del dato de la superficie del polígono.
Se encontraron, además, con “la falta” de recipientes para la recolección del goteo o derrame de hidrocarburos y con los relacionados a la disposición final de los desechos domésticos orgánicos y sólidos. También hubo “falta de evidencias” para deshacerse de los escombros de la demolición del búnker.
Concluyen indicando que el informe se remitiría a la Oficina de Asesoría Legal de la entidad “para que proceda, según corresponda” (ver facsímil).
Este informe coincide con otros dos que se realizaron en enero y febrero de 2014, que confirmaron la tala de árboles y afectaciones hídricas. A pesar de ello, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá autorizaron a North Properties a continuar con los trabajos, pese a la crisis provocada por el fenómeno de El Niño en la vía interoceánica meses atrás.
Desde mayo pasado, este medio solicitó información al ministerio para saber si corroboró las coordenadas del proyecto, a fin de determinar si la zona perturbada está dentro del área de protección del lago Miraflores, y si se remitió el informe de hallazgos a la Oficina de Asesoría legal de la entidad. La respuesta llegó el pasado 12 de agosto. La directora Regional Metropolitana, María Bajura, indicó que el informe “será enviado a la División de Ambiente de la ACP, ya que el lago Miraflores se encuentra dentro de la cuenca del Canal”.
Indicó que será para que realicen la verificación del área de protección hídrica al lago, “de acuerdo a sus leyes especiales”.
Destacó que ellos, de manera “proactiva”, hicieron una inspección el mismo 4 de marzo pasado a las coordenadas, pero que como fue en “temporada seca y durante el fenómeno de El Niño, el lago se encontraba en un nivel muy bajo”. Pero, al parecer, los bajos niveles continúan, ya que indicó que realizarán una segunda verificación “cuando el lago Miraflores se encuentre rebosante”.
Las irregularidades también fueron confirmadas por el vicepresidente ejecutivo de Gestión Corporativa de la ACP, Óscar Vallarino. Detalló que han hecho cuatro inspecciones al proyecto, y el miércoles de esta semana “se evidenció que la actividad de movimiento de tierra se encuentra ejecutándose sin medidas de control de la erosión, por lo cual los sedimentos son transportados por escorrentía a los cuerpos de agua adyacentes, los cuales, pueden ocasionar afectaciones temporales a la calidad del agua del área de Brazo Camarón y consecuentemente al lago Miraflores” (Ver cuadro 1).
Agregó que están verificando las condiciones establecidas en el permiso de compatibilidad con las operaciones del Canal, con las que se comprometió el promotor, ya que estas indican que debe responder por daños ambientales que cause sobre la cuenca del Canal, ya sea por deforestación no autorizada o por contaminación de las aguas (Ver cuadro 2).
Vallarino advirtió que el promotor debe aplicar una solución técnica para evitar la impermeabilización y compactación del suelo en el área del patio de estacionamientos de automóviles para evitar el cambio en las condiciones de escorrentía del polígono y la sedimentación a los cuerpos de agua en el Canal de Panamá.
Por lo pronto, Vallarino no detalló si se iniciaría un proceso sancionador a North Properties en la ACP, sin embargo, destacó que “responderá ante la ACP por todo el daño ambiental que cause sobre la cuenca del Canal, ya sea por deforestación no autorizada o por contaminación de las aguas”.
PROCESO ADMINISTRATIVO
La directora metropolitana de Ambiente confirmó que en mayo pasado se abrió un proceso administrativo a North Properties “por incumplimiento al estudio de impacto ambiental”.
“Se evidenció que el letrero no cumplía con los formatos que establece el Decreto 123, del año 2009; falta de medida de control de erosión y no contaban con un recipiente de recolección para prevenir derrames de combustible al momento del despacho”, resaltó.
Sobre los “incumplimientos”, dijo que “son subsanables” y que realizarían inspecciones de oficio aleatorias. Nada mencionó sobre las “perturbaciones” al lago Miraflores que se plasmaron en el informe de inspección.
El presidente de North Properties, Jack Silvera, evitó cualquier comunicación con La Prensa sobre la tala y los hallazgos detectados por el Ministerio de Ambiente. De manera escueta, respondió en marzo pasado que “todos los trámites y permisos para los trabajos en el terreno de la vía Centenario están en regla”.
Debido a la avanzada hora en que La Prensa recibió ayer información de la ACP sobre los hallazgos detectados, se le envió un correo a Silvera, pero no se logró una comunicación.
PREOCUPACIÓN
Para la abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) Susana Serracín, es “alarmante” que las autoridades permitan que continúen los trabajos, a pesar de haberse detectado la falta de cumplimiento de los parámetros de conservación.
Consideró que “representa una abierta complicidad e incumplimiento de sus deberes de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, toda vez que esta zona debe ser preservada y protegida con severidad y aplicar las sanciones pertinentes para frenar esta situación”.
Serracín enfatizó que “estas acciones evidentemente afectan el equilibrio ecológico y la biodiversidad, ocasionando la extinción de especies, la pérdida de recursos genéticos y daños al suelo, afectando la recarga de los acuíferos e incrementando los efectos del cambio climático”.