La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) otorgó permiso a la empresa North Properties para el uso de la ribera de la vía acuática, en momentos cuando anunciaba restricciones temporales del calado al paso de buques por los bajos niveles de los lagos Alajuela y Gatún.
Esta decisión emanó de la junta directiva de la ACP, a pesar de que la empresa fue sancionada por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, por afectaciones ambientales en más de 5.8 hectáreas por la vía Centenario, cercanas al proyecto Ciudad de la Salud.
La Prensa consultó al presidente de North Properties sobre las afectaciones, pero se limitó a responder que “todos los trámites y permisos para los trabajos en el terreno de la vía Centenario están en regla”.
NUEVA DEVASTACIÓN EN EL CANAL
Pese a las afectaciones del fenómeno de El Niño, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) autorizó a la sociedad North Properties al uso de la ribera de la vía acuática para un negocio automotriz que gestiona desde 2013.
Los primeros trabajos han impactado directamente en la cuenca hidrográfica –vital para el funcionamiento del Canal de Panamá– con la tala de árboles y el movimiento de tierra, en momentos cuando la ACP había anunciado que habría una restricción temporal del calado que afectaría el paso de buques, debido a los bajos niveles de los lagos Alajuela y Gatún, que por entonces reportaban cuatro pies por debajo de los niveles normales.
La advertencia se concretó el pasado 26 de abril, cuando se implementó la primera de las restricciones para el paso de buques de gran calado por la vía interoceánica. El anuncio lo hizo el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano.
No es la primera vez que esta zona –que también colinda con el Parque Nacional Camino de Cruces (PNCC)– sufre el embate de la tala. En febrero de 2014, corrió la misma suerte: North Properties devastó áreas de operación del Canal, tras haberlas adquirido en 2013 en subasta pública de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos.
Aunque en el papel aparece que la sociedad adquirió 5.8 hectáreas colindantes con el PNCC, en la práctica, la tala y movimiento de tierra se han extendido sobre una superficie de 8.3 hectáreas, es decir, 2.5 hectáreas más de las que tenía derecho. En 2014, había removido 2.2 hectáreas fuera de su lote, según datos proporcionados por ambientalistas a este medio.
Una nueva medición no oficial con GPS del polígono afectado –entregada a La Prensa por ambientalistas– determinó que ahora, en estas 2.5 hectáreas, se removió toda la vegetación.
En la medición, los ambientalistas detectaron que los restos del bosque fueron depositados en un humedal adyacente al río Caimito, que desemboca en el lago Miraflores, indispensable para la zona canalera y para abastecer de agua potable a sectores de la capital y zonas aledañas.
“La cantidad de sedimentos que bajará por el río Caimito en la estación lluviosa será considerable, afectando al lago Miraflores”, expresó con preocupación un ambientalista.
A su vez, una investigación de este medio detectó que en diciembre de 2013 North Properties hizo los mismos trabajos sin autorización de la Autoridad Nacional del Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente) ni de la ACP.
Según la Ley 21 de 1997, del Plan General y Regional de uso de suelos en las áreas revertidas, se debió notificar a la ACP sobre el tipo de desarrollo que se le daría al terreno, ya que el proyecto está ubicado en el área de operación de la vía acuática.
SIN PROTECCIÓN
Aunque el vicepresidente ejecutivo de Gestión Corporativa del Canal, Óscar Vallarino, afirmó que se enteró por La Prensa de la deforestación en 2014 y de que la empresa “incumplió” al hacer los trabajos sin autorización, se le otorgó “permiso de compatibilidad [con las operaciones del Canal] y autorización de uso de ribera del Canal”.
La decisión emanó de la junta directiva de la ACP, el 29 de enero de 2015. Vallarino la justificó alegando que no es la primera vez que la directiva del Canal aprueba el uso de ribera para un proyecto.
En marzo pasado explicó que cuando el terreno está dentro del área de compatibilidad y utiliza ribera del Canal, como define el reglamento, se emiten dos resoluciones de aprobación.
Cuestionado Vallarino sobre inspecciones en la zona para corroborar que no se utilicen más tierras de lo permitido, no respondió. Empero, resaltó que “North Properties responderá ante la ACP por todo el daño ambiental que cause sobre la cuenca del Canal, ya sea por deforestación no autorizada o contaminación de las aguas”.
ÁRBOLES A CENTAVOS
Tras varias publicaciones de este medio en 2014, la entonces directora regional metropolitana de Ambiente, Victoria Tejada, reconoció los incumplimientos de la sociedad y aplicó una multa por los daños ambientes, a la vez que autorizó la tala y remoción vegetal del polígono.
En el permiso de tala entregado por Tejada después de que North Properties inició los trabajos sin autorización, informa que, por las afectaciones ecológicas, pagaría un monto de $3 mil 755, es decir, únicamente 7 centavos por cada metro cuadrado de tierra deforestado.
Según un informe de la entonces autoridad de Ambiente, la empresa solo había talado tres árboles, a pesar de que fotografías captadas por este medio evidenciaban la deforestación en la zona.
La multa aplicada porcolocar de manera parcial el letrero de estudio de impacto ambiental (EIA) fue más alta que el daño ambiental causado: $5 mil (10 centavos por metro cuadrado de tierra afectado).
El artículo 418 del Código Penal dice que los promotores que inicien construcciones o actividades antes de aprobarse el EIA serán sancionados con penas de dos a cinco de años de prisión.
Otros detalles del informe técnico de enero de 2014 advierten y coinciden con otro de febrero del mismo año, que confirma la tala de árboles y posibles afectaciones hídricas y erosión de suelos por la “no adecuada” disposición del material vegetal.
La directiva de North Properties, inscrita el 25 octubre de 2013 en el Registro Público –un mes antes de adquirir el terreno en $3.2 millones– está conformada por Jack Silvera (presidente), Ezra Silvera (tesorero) y Jacobo Abadi (secretario).
La Prensa intentó que en marzo pasado la empresa explicara dónde depositaron lo que removieron del polígono; cuáles fueron las restricciones que aplicó la ACP para otorgar los permisos y si fueron citados por las autoridades tras la denuncia contra North Properties por afectaciones ambientales en 2014, pero no respondieron a las preguntas.
Mediante correo, se limitaron a señalar que “todos los trámites y permisos para los trabajos en el terreno de la vía Centenario están en regla”.
SIN RESTRICCIÓN
Pese al daño ambiental, el permiso dado por Tejada se mantuvo en firme. Su sucesora en la Dirección Metropolitana de Ambiente, María Bajura, informó que North Properties notificó el pasado 18 de enero que iniciaría la tala y movimiento de tierra.
¿Se realizan inspecciones para verificar que no se utilice más de lo autorizado?, preguntó este medio. Bajura fue esquiva: la sociedad cuenta con “permiso de indemnización ecológica para la limpieza de su terreno”.
Aunque dijo que el personal del parque ha dado seguimiento a las actividades del proyecto y el Departamento de Área de Protección de la Calidad Ambiental de verificar la herramienta de gestión ambiental, en los recorridos realizados por este medio cuando se llevaban a cabo los trabajos de remoción no se detectó la presencia del Ministerio de Ambiente ni de la ACP.
Óscar Vallarino afirmó en su momento que, aunque el lote no es parte de los bienes patrimoniales del Canal, “sí se encuentra dentro del área de compatibilidad con las operaciones del Canal y dentro de la cuenca hidrográfica”.
EN PELIGRO
El presidente de la Asociación Panamá Verde, Elvis Rodríguez, lamentó la decisión de las autoridades de mantener la venta del terreno y no proteger las áreas de amortiguamiento.
“La verdad es que hay que poner los intereses ambientales primero y que se respeten las delimitaciones de las áreas de amortiguamiento. Estamos de acuerdo con el crecimiento, pero debe ser sostenible y a largo plazo”, expresó.
Rodríguez consideró que las zonas cercanas al PNCC están en peligro, ya que reciben una fuerte presión producto del crecimiento urbano.
“Panamá se ha propuesto reforestar un millón de hectáreas en los próximos años, pero esta estrategia debe ser pertinente y congruente con lo que actualmente ocurre en la pérdida de bosques cercanos a las áreas de reserva. No solo es sembrar más, sino establecer mecanismos para evitar la tala”, advirtió.
Manifestó que “debemos empezar a valorar nuestros activos ambientales”.
