Pese a las críticas, el contrato de alquiler de 97 ambulancias por parte de la Caja de Seguro Social (CSS), por un período de cuatro años, está a punto de cerrarse.
El director de esa entidad, Estivenson Girón, explicó que una vez vencido el periodo de reclamos seguirán con los trámites para finiquitar el contrato con el consorcio ganador.
En este caso fue Ambuibérica Panamá, conformado por las empresas Autotransporte Sanitario, S.A. y Rodríguez López Auto S.L.U. Este consorcio presentó una propuesta económica de 21 millones de dólares, cuando el precio de referencia era de 24 millones de dólares.
Durante este proceso, la Asociación Accidental Ambulancias para Todos, la cual obtuvo un menor puntaje, presentó un reclamo ante la Dirección de Contrataciones Públicas por considerar que el informe emitido por la comisión evaluadora se fundamentó en “ilegalidades” y no se acogió al pliego de condiciones.
Pero la Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que el reclamo era “improcedente, debido a que iba dirigido a una prescripción contenida en la ley orgánica de la CSS (Ley 51 de 2005), lo cual -según la Dirección- le impide pronunciarse “en cuanto a órdenes de no hacer establecidas en leyes especiales que regulan a otras entidades”.
Este diario trató de obtener un pronunciamiento por parte de los representantes legales de la Asociación Accidental Ambulancias para Todos, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Por su parte, el director de la CSS explicó que tras la decisión de la Dirección de Contrataciones Públicas solicitarán a Ambuibérica la documentación necesaria para proceder a elaborar el contrato de arrendamiento.
Agregó que el contrato lo presentarán a la consideración de la junta directiva de la entidad para que le den su aprobación y pasarlo a refrendo de la Contraloría General de la República.
Girón confía en que antes de terminar el año se pueda contar con este servicio, pero reconoció que el consorcio tiene hasta seis meses para entregar los vehículos.
EL PROCESO
El acto público comenzó el pasado mes de febrero con la reunión de homologación de las empresas interesadas . Inicialmente eran 107 (97 operativas y 10 de respaldo). Se trataba de unidades para el traslado básico, soporte vital avanzado para áreas urbanas y de difícil acceso, las cuales deberían ser vehículos todoterreno.
Además, contemplaba la posibilidad de que la CSS podía comprar los equipos cuando terminaba el periodo de arrendamiento. Pero en el camino se dieron modificaciones como la reducción del número de ambulancias que se iban a arrendar, así como que la CSS no tendría la opción de compra de estos vehículos.
La directora de Emergencia y Gestión de Desastres de la CSS, Kathya Ochoa, expresó, en su momento, que a través del arrendamiento aseguran la disponibilidad del servicio.
Informes de la CSS dan cuenta de que solo 28 ambulancias funcionan, mientras que otras 60 están en trámites para descarte.
En medio de la licitación, organizaciones como la Comisión Médica Negociadora Nacional y el Comité de Ayuda al Paciente señalaron que era mejor que la CSS comprara los vehículos en lugar de arrendarlos, ya que con eso se estaría “privatizando” el servicio.
Incluso, el exdirector de la CSS Rolando Villalaz sostiene que si el problema es el mantenimiento de las ambulancias, entonces cómo hace la entidad para mantener su flota de vehículos.
