Análisis del acuerdo sobre Barro Blanco

Para valorar el acuerdo suscrito entre el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y la cacica general Silvia Carrera, hay que considerar cuatro aspectos concretos. Estos elementos son los insumos que permiten ponderar si efectivamente el resultado del proceso de negociación de Barro Blanco le conviene al país, beneficia al pueblo ngäbe buglé y sienta un precedente favorable a la institucionalidad de la gestión responsable de los sectores energético y ambiental del país.

1. Las responsabilidades del Estado

La hidroeléctrica Barro Blanco no ha sido nacionalizada, sino que la tenencia de su propiedad ha sido transferida a un fideicomiso, que deberá responder por los préstamos a los bancos europeos que la financiaron. Genisa debe recibir el repago de su inversión, y el pueblo ngäbe buglé recibirá el 15% de las rentas que produzca la hidroeléctrica.

2. Los deberes del pueblo ngäbe buglé

A partir de este momento el pueblo ngäbe buglé recibirá beneficios directos del proyecto. Aunque para algunos segmentos de esta población, la pérdida en materia cultural y religiosa es insubsanable, dado que se inundan zonas de importancia para el culto Mama Tatda, y otras áreas con valor cultural y etnobotánico, la solución del conflicto termina con una prolongada situación de tensión e inestabilidad dentro de la comarca.

3. La institucionalidad del sector energético

En la última década, el sector energético fue de los principales receptores de inversiones públicas y privadas, particularmente en el tema hidroeléctrico y térmico. Algunas de estas inversiones causaron importantes conflictos sociales en Changuinola, La Chorrera, Boquete y Colón. Las agencias del Estado que debían velar por el bienestar común, o por la protección ambiental, estuvieron enfocadas en la facilitación a toda costa de las cuantiosas inversiones provocando un fuerte rechazo popular en las comunidades afectadas.

Se utilizó la fuerza policial, amenazas de expropiación y se manipuló los procesos de evaluación de impacto ambiental para obtener la aprobación de numerosos proyectos. Esta debilidad sigue enmarcando al sistema, y permitiendo que gobiernos futuros puedan volver a aprovecharse de condiciones similares para continuar con prácticas clientelistas en esta importante actividad económica.

4. El valor del precedente

El conflicto de Barro Blanco ha sido la principal controversia ambiental que ha enfrentado el actual gobierno. El proceso de negociación fue demasiado largo por la debilidad institucional del Estado panameño y las divisiones políticas internas de la comarca. Posiblemente le cueste el cargo a la cacica Silvia Carrera, y eche por tierra más de una década de maduración política del pueblo ngäbe buglé.

Los principios que rigen el acuerdo no son necesariamente los mejores, ya que en el momento en que se negociaron los términos bancarios, el Estado panameño pudo haber obtenido mejores condiciones de la banca europea que financió el proyecto, debido a que sus propias auditorías de derechos humanos revelaron que el proceso del otorgamiento del préstamo tenía importantes deficiencias. Además, la concesión cargaba un manto de opacidad, y de una presunta vinculación al círculo cero del presidente anterior.

La concesión fue dada a pesar de que se verificaron serias faltas en los estudios ambientales, y el proceso de consulta estuvo viciado. Todo esto lo verificó la comisión de expertos que acompañó gran parte del proceso de negociación.

En principio, Panamá gana con este acuerdo porque genera paz social y se establece una fuente de financiamiento para el desarrollo del pueblo ngäbe. Aunque, sin el adecuado fortalecimiento institucional y con una falta de políticas públicas de Estado que favorezcan la buena gestión del sector energético, Barro Blanco será en el tiempo no el final de un conflicto, sino el comienzo de otra causa de luchas sociales.

Depende, entonces, de todos los ciudadanos el vigilar que efectivamente se cumplan los acuerdos suscritos el 22 de agosto de 2016.