Ante las reiteradas denuncias de supuestos sobrecostos en la construcción de la línea uno, cuyo costo total se elevó a $2,009 millones, la Secretaría del Metro de Panamá (SMP) encargó a una firma privada auditar el contrato y las adendas firmadas para edificar la obra.
Desde julio pasado, la institución solicitó a KPMG (empresa que brinda servicios de auditorías, fiscales y asesoramiento legal y financiero) que elaborara un informe sobre los costos del proyecto, las adendas y los procesos utilizados para modificar el contrato.
La decisión surgió luego de que políticos y expertos de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) cuestionaran el costo de la obra, ya que se licitó por $1,452 millones y al final, con cuatro adendas, ascendió a $2,009 millones.
La primera línea ferroviaria desde Albrook a Los Andes, en San Miguelito, fue inaugurada el 5 de abril pasado, quedando pendiente la extensión de 2.2 kilómetros hasta San Isidro.
PERSISTEN LAS DUDAS
El pasado 5 de diciembre, los miembros de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional volvieron a emitir comentarios sobre los costos y el cumplimiento de los parámetros legales de la obra.
Zulay Rodríguez, diputada del Partido Revolucionario Democrático, cuestionó el precio con que concluyó el proyecto, ya que se licitó en $1,452 millones y terminó con $657 millones de más.
Manifestó que el Metro de Panamá fue más caro que otros, como el de Sao Paulo, en Brasil, que costó $1,000 millones, y de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que llegó a $735 millones.
Precisamente, en marzo pasado, la Comisión Vial de la SPIA divulgó un análisis técnico de los costos de construcción, operaciones y mantenimiento del sistema.
En ese momento, Nicolás Real, presidente de esta instancia de la SPIA, planteó que, comparado con países como República Dominicana, México, España y Colombia, específicamente en Medellín, el costo de la línea uno fue muy elevado.
Ahora, tanto Real como el presidente de gremio, Ricardo Robles, coinciden en que se debe analizar el informe para verificar los datos y emitir una respuesta técnica de la auditoría.
JUSTIFICACIÓN
Roberto Roy, ministro del Canal y secretario del Metro de Panamá, explicó que “el equipo de la SMP fue ratificado en su totalidad por el gobierno del presidente, Juan Carlos Varela, con base en su excelente trabajo”.
Según Roy, voluntariamente se solicitó un informe independiente a KPMG sobre los temas contractuales y de las adendas”.
“El informe concluye que la SMP actuó de acuerdo con el contrato, a las leyes y en el interés público”, afirmó.
En total fueron cuatro adendas que, de acuerdo con Roy, fueron discutidas y negociadas por el equipo interno técnico de la entidad, en conjunto con el Project Manager (Metro de Barcelona-Ayes-Inelectra) y por el contratista Consorcio Línea Uno (CLU).
LOS RESULTADOS
KPMG hizo la evaluación al contrato No. SMP-028-2010, suscrito entre el CLU (integrado por Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) y la SMP para el proyecto de construcción de la línea 1 del Metro.
En el documento, presentado el 18 de noviembre y denominado Aseguramiento razonable sobre las modificaciones y órdenes de cambios realizados al contrato No. SMP-028-2010, se determinó que la aprobación de las adendas (No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4) cumplió el procedimiento basado en la Ley de Presupuesto, el pliego de condiciones, el contrato original y la Ley de Contrataciones Públicas o Ley No. 22, específicamente, el artículo 77, que dicta “reglas para modificaciones y adiciones al contrato con bases en el interés público”.
Para la construcción de la obra se dieron cuatro adendas al contrato, el cual se dividió así: el tramo de Albrook a Los Andes se denominó etapa 1 y el tramo a San Isidro, etapa 2.
Las obras adicionales de la etapa 1 fueron cubiertas con las adendas 1, 2, cuyo costo fue de $354.5 millones. (Ver tabla).
En tanto, la adenda No. 4 fue por el nuevo tramo a San Isidro (que incluye la estación de El Ingenio) y su precio fue de $211 millones.
INAPROPIADO
Para el excontralor general de la Nación Carlos Vallarino el análisis privado sobre contrataciones públicas no es el más apropiado.
Su opinión se sustenta en el numeral 5, artículo No. 220 de la Constitución, que estipula que “es el Ministerio Público el encargado de servir de consejero jurídico a los funcionarios administrativos”.
Vallarino explicó que hay dos temas que deben ser analizados por la Procuraduría de la Administración: los costos unitariamente, que se compare con los del mercado, y el otro es el cumplimiento de las leyes.
Por su parte, Héctor Castillo, asociado de la empresa KPMG, explicó que el informe se relaciona con las adendas al contrato original de la línea 1 y se trabajó en los meses de septiembre, octubre y noviembre pasados.
Añadió que todo el análisis se hizo con información de los archivos de la SMP y se basaron en el presupuesto, la Ley No. 22 y el contrato original.
Con respecto al costo de la auditoría, Castillo manifestó que prefiere reservarse ese dato.
