Un sobrecosto por $4 millones 480 mil y la ilegalidad en la expropiación de dos globos de terreno han retrasado durante dos años la construcción del proyecto de viviendas Ave Fénix, situado entre las calles 21 Oeste y Mateo Iturralde del corregimiento de El Chorrillo, que fue licitado durante el gobierno pasado.
El inmueble, que sería construido por $13.1 millones, otorgaría viviendas a 160 familias que desde el año 2011 quedaron sin hogar como consecuencia del desplome o incendio del viejo caserón donde habitaban.
La situación surgió en 2013 cuando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), bajo la administración de la entonces titular Yasmina Pimentel, decidió expropiar los globos de terreno a la sociedad Aname, S.A. para la construcción de la obra.
Sin embargo, el proceso de expropiación fue demandado en enero de 2014 por Aname, S.A. y para el mes de agosto de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la expropiación.
Como paso siguiente, la actual administración del Miviot decidió dar por terminado el contrato con la empresa Cocige-Mallol & Mallol Interiores, S.A., que ejecutaba el diseño y construcción de la obra.
Para comenzar el trabajo, que actualmente tiene un 20% de avance, el Estado desembolsó a la empresa la suma $2 millones 636 mil.
SOBRECOSTO
Maswell de Obaldía, director de Ingeniería y Arquitectura en el Miviot, precisó que según las evaluaciones realizadas la obra tiene un sobrecosto del 35%, es decir, $4 millones 480 mil.
Cada apartamento de 45 metros cuadrados se estaba construyendo a un precio de $73 mil, cuando el precio real es $45 mil. Es decir, que cada metro cuadrado de un apartamento en El Chorrillo tendría un monto de $1,600.
Ahora la intención del Miviot es utilizar los mismos $13.1 millones para concretar la adquisición de las fincas y construir el proyecto Ave Fénix, que contempla la edificación de ocho torres de cinco niveles cada una. Los apartamentos de cada edificio contarían con dos habitaciones, sala-comedor, baño, cocina y lavandería.
De Obaldía precisó que están negociando tanto con los propietarios de los terrenos como con la empresa constructora de la obra para retomar los trabajos.
HAY QUE RESCINDIR
Para el exministro de Vivienda Gabriel Diez, los procesos en la pasada administración no se realizaron dentro del marco de la ley, por ello lo más correcto es cancelar el contrato y convocar a una nueva licitación.
Un nuevo acto público es necesario, primero por el asunto de la expropiación y segundo por los supuestos sobrecostos.
Por su parte, Manuel Soriano, quien durante la pasada administración se desempeñó como jefe de Ingeniería y Arquitectura en el Miviot, señaló que dentro de los $13 millones del proyecto se incluyó el costo de la custodia policial durante los 24 meses que se extendería la construcción.
“Estoy tranquilo con los cálculos que se arrojaron”, dijo Soriano, pues en el Miviot debe reposar un informe en el que se sustenta la ejecución de la obra de manera detallada y que ese documento fue aprobado por la Contraloría General de la República. “Sí hoy en día las autoridades del Miviot hablan de sobrecosto, tendrían que probarlo”, sostuvo.
LARGA ESPERA
Mientras se resuelve esta situación, las más de 750 personas que se beneficiarían con la obra se ven obligadas a prolongar su incómoda estancia en albergues y residenciales.
Un ejemplo es Ana Ruiz, quién lleva más de 24 años de vivir en El Chorrillo y desde 2011 se quedó sin hogar, después de que el caserón donde vivía se desplomó.
En tanto, Modesto Justiniani, quien vivía en el caserón conocido como La Bodeguita, que se quemó en 2012, contó que el pequeño espacio que lleva habitando desde entonces se ha convertido en su peor “pesadilla”, pues las ratas se han encargado de abrir huecos en los contenedores habilitados.
Tanto Justiniani como Ruiz solicitaron a las autoridades resolver el problema rápidamente para tener una mejor calidad de vida.
Pimentel, a través de su abogado, Roniel Ortiz, negó cualquier tipo de sobrecosto o ilícito. Aseguró que el proceso se realizó apegado a las leyes y a través de una licitación pública en la que participaron 12 empresas.
Los barrios necesitan ser renovados
Las viviendas que no ofrecen un mínimo de condiciones hacen que el exterior sea una prolongación de la vida familiar. Es positivo que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar las condiciones de vida mínima a las familias más desfavorecidas del país.
Y es que cuando las personas cuentan con una vivienda en la que se brinda el espacio suficiente para desarrollar de manera amplia las funciones propias de la vida en familia, como educación, alimentación, descanso y entretenimiento, se permite una mayor convivencia e integración, que se traduce en una mejor relación entre sus miembros.
Por ello, cualquier proyecto encaminado a ofertar un mejor espacio estructural, especialmente en los sectores populares, es loable y necesario.
Sin embargo, es lamentable que se registre un posible sobrecosto en una obra de interés social.
Sociólogo
