Desde el inicio del proyecto Ave Fénix, entre las calles 21 Oeste y Mateo Iturralde, en el corregimiento de El Chorrillo, se cometieron supuestas ilegalidades por el pasado gobierno, las cuales han complicado la ejecución de la obra a las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
José Javier Rivera, representante legal de Aname, S.A., expresó que la primera arbitrariedad por la que demandan al Estado es que “esos terrenos fueron ocupados de manera autoritaria por el Miviot en 2012”. Allí, la institución habilitó 16 contenedores para las familias damnificadas por el incendio del caserón conocido como La Bodeguita, en febrero de ese año.
El espacio fue ocupado, denunció Rivera, sin que se notificara a sus dueños que sería utilizado para albergar a los afectados.Una vez los propietarios de la finca se enteran de lo ocurrido por los medios de comunicación, se inició las negociaciones con el Miviot para permitir su utilización.
Tras varios inconvenientes y reuniones entre ambas partes, el 2 de julio de 2013 el Miviot suscribió un contrato de alquiler con los dueños del lote por un monto de $48 mil 811 anuales y con fecha de expiración el 31 de diciembre de 2015.Mientras el terreno se mantenía en concepto de alquiler, el entonces titular del del Miviot, José Domingo Arias, se retiró de la entidad para dedicarse a su campaña presidencial.
Es allí cuando entra en escena Yasmina Pimentel, quien como ministra de Vivienda decidió, en septiembre de 2013, iniciar un proceso de licitación para construir el proyecto habitacional Ave Fénix, adjudicado al consorcio Cocige–Mallol & Mallol Interiores, S.A.
Posteriormente, y ante los reclamos desatendidos de Aname, S.A., el Estado, mediante la Resolución No. 661 del 9 de diciembre de 2013, ordenó la expropiación de cuatro fincas en El Chorrillo, dos de ellas para la ejecución del proyecto Ave Fénix.
En enero de 2014, Aname, S.A., presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se declarara el incumplimiento del contrato de arrendamiento, la ilegalidad de la licitación y la suspensión de la obra.
Siete meses después, la CSJ declaró inconstitucional la expropiación y ordenó la suspensión del proyecto.
PIDEN JUSTICIA
Ante este hecho, Eduardo Cabaleiro, miembro de Aname, S.A., detalló que hace menos de un mes el titular del Miviot, Mario Etchelecu, manifestó que el Estado no estaba interesado en adquirir los terrenos y que estos serían devueltos.
Esto contradice las declaraciones del director de Ingeniería y Arquitectura del Miviot, Maswell de Obaldía, quien hace poco dijo a este medio que se adelantan negociaciones con los propietarios de las fincas, así como la empresa constructora, para retomar los trabajos.
Cabaleiro reconoció que el error no fue cometido por esta administración, pero como Estado deberá responder por los “abusos”.
Los integrantes de Aname, S.A. proponen que el Estado compre el terreno, con una superficie de 4 mil 67 metros cuadrados, a un costo de $500 por metro cuadrado, de acuerdo con un avalúo realizado o sean retirados los contenedores de la propiedad privada.
Además, se les pague el alquiler moroso desde 2014 y asuman su responsabilidad por daños y perjuicios.
En esas tierras, las pasadas autoridades del Miviot tenían planeado edificar apartamentos de 45 metros cuadrados, a un precio de $73 mil cada uno, cuando el precio real es de $45 mil.
Es decir, cada metro cuadrado de un apartamento en El Chorrillo costaría $1,600.
La Prensa intentó obtener la posición del Miviot referente a las peticiones de Aname, S.A, pero no hubo respuesta.
ANTECEDENTES
El proyecto de interés social Ave Fénix comenzó a tomar forma el 20 de septiembre de 2013, cuando el Miviot publicó en PanamáCompra la licitación pública para la edificación de ocho torres de cinco pisos cada una.
Una semana después, la entidad organizó una visita de campo para que las empresas interesadas en los trabajos conocieran la ubicación y topografía del sitio.
En el recorrido participaron: Grupo Oligary, Construcciones Civiles Generales, S.A. (Cocige), Mallol & Mallol Interiores, S.A., Arranz Acinas Panamá, Antalsis, Ingeconser, Ecohabitat, Demport Construction e Importadora Siglo XXI.
Siete días más tarde se convocó a las compañías a participar de la reunión previa y de homologación, en la que solo estuvieron cuatro: Arranz Acinas Panamá, Geed Arquitectos, Mallol & Mallol Interiores, S.A. y Cocige. Estas dos últimas hicieron una alianza para participar.
El 30 de octubre de 2013, en el acto de presentación de las ofertas, solo participó el consorcio integrado por Cocige y Mallol & Mallol Interiores, S.A., que presentó una oferta de $13.1 millones.
La adjudicación definitiva se dio el 8 de noviembre de ese año, bajo la Resolución No. 671, firmada por Yasmina Pimentel, entonces ministra de Vivienda.
De Obaldía, director de Ingeniería y Arquitectura en el Miviot, precisó que, según las evaluaciones realizadas, en la actualidad la obra tiene un sobrecosto del 35%, es decir, $4 millones 480 mil.
(Con información de Yaritza Gricel Mojica)
