Luego de la firma el pasado lunes del acuerdo entre el Gobierno y las autoridades de la comarca Ngäbe Buglé sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, situado entre Chiriquí y esa región indígena, las autoridades evalúan una hoja de ruta para implementar el pacto.
De hecho, la Cancillería informó este miércoles 24 de agosto que trabaja para determinar el cómo y cuándo de la implementación del acuerdo. Para ello, mañana y la próxima semana se realizarán reuniones que abordarán el asunto.
Mientras eso sucede, el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, subrayó que completar el llenado del embalse de la planta de Barro Blanco tomará entre 8 y 12 semanas. Este proceso se hace paulatinamente, a razón de medio metro por día. Cuando se llegue a la cuota 103, se efectuarán las pruebas de generación de energía.
Según Meana, en estos momentos el proyecto está bajo la responsabilidad del contratista y la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa).
La ASEP espera que la empresa le envíe la propuesta de Genisa que se encargaría de operar la planta, dijo, y agregó que cuando reciban esta información evaluarán si el consorcio recomendado es independiente y no tiene vinculación con Genisa. En caso de que haya algún vínculo, la ASEP puede imponer una sanción o multa.
Como parte del proceso, la ASEP también le envió a Genisa el pasado martes copia del acuerdo firmado, entre otros, por la cacica Silvia Carrera y el presidente Juan Carlos Varela.
En cuanto a la denuncia de inundaciones en el área del proyecto, Meana informó que solo quedan dos familias en el lugar, cuya reubicación es tramitada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Sobre la posibilidad de un rescate administrativo, aclaró que esto lo debe evaluar el Gobierno que esté de turno cuando se termine de pagar, a través de un fideicomiso, la deuda que tiene Genisa con los bancos. En ese momento, el Gobierno debe revisar si es prudente aplicar el rescate administrativo.
Si esto ocurre, se crearía una empresa estatal, de la cual, el 51% será de la comarca y el 49% del Estado.
“Es difícil calcular cuánto tiempo tomará completar el pago de la deuda, porque son proyectos que recuperan la inversión a largo plazo”, aportó el funcionario.
En el caso de esta planta, para cuya construcción se calcula una inversión de $130 millones, cuando se hicieron los cálculos el precio de la energía estaba alto, porque el barril de petróleo rondaba los $100. En ese momento, el precio del kilovatio hora era de hasta 40 centésimos. Hoy, por la baja del petróleo, el kilovatio hora en el mercado spot es de unos 10 centésimos de dólar.
CONGRESO SE REUNIRÁ
En tanto, la junta directiva del Congreso General Ngäbe Buglé divulgó ayer un comunicado, en el que convocó a una sesión extraordinaria del 15 al 18 de septiembre próximo en la comunidad de Altos de Jesús, distrito de Ñurum, para tratar tres temas: aprobación de un nuevo decreto de la comarca, el acuerdo de Barro Blanco y la elección de los próximos caciques en 2017.
La cacica Silvia Carrera explicó que la intención de este encuentro es que el pueblo de la comarca ratifique el acuerdo de Barro Blanco que se firmó el pasado lunes.
De hecho, el convenio de Barro Blanco establece que su validación será a través de un decreto ejecutivo, pero antes deberá ser ratificado por los miembros del Congreso General.
Carrera también salió al paso a los planteamientos de Genisa en cuanto a que el acuerdo vulnera la seguridad jurídica, y advirtió que en años anteriores, en complicidad con otros gobiernos, no solo no ha respetado la seguridad jurídica de los habitantes de la comarca, sino que además provocó daños ambientales. “El negocio ya se hizo. Nosotros ahora estamos buscando una salida que beneficie a nuestro pueblo”, acotó, y argumentó que los grupos indígenas opositores solo buscan “protagonismo” en la comarca.
En relación con los daños ambientales, el Ministerio de Ambiente sancionó a Genisa en 2015 con una multa de $775 mil 200. Mediante Resolución DM-0323 del 31 de agosto de 2015, esa entidad estableció una amonestación escrita contra Genisa por la falta de cumplimiento de las medidas de “negociación, reubicación e indemnización de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”.
También multó con $450 mil a la compañía Hidráulica San José, contratada por Genisa, debido a “descargas sin permiso en la quebrada Manchuria y falta de entrega de informes de seguimiento”.
Por otra parte, Weni Bagama, del movimiento indígena 10 de Abril, denunció que el pasado viernes comenzó nuevamente el llenado de la presa, lo que ha generado inundaciones.
Además, confirmó que rechazan el acuerdo firmado entre sus autoridades y el Gobierno. “Demandamos que se detenga de una vez por todas el proyecto Barro Blanco y no reconocemos el convenio”, advirtió.
LLAMADO A DIÁLOGO
En tanto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideró, a través de un comunicado de prensa, que el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los pueblos originarios satisface sus exigencias, a la vez que respeta la seguridad jurídica de Genisa, por lo que hizo un llamado al diálogo entre las partes.
“Es importante recalcar que no somos voceros de la empresa, sin embargo, como gremio empresarial hacemos un llamado a la cordura y al diálogo entre las partes, para culminar esta serie de reclamaciones y descalificaciones que genera mayor conflicto”, dijo Jorge García Icaza, presidente de la Cciap.
García Icaza añadió que, así como se logró un acuerdo en paz entre el Gobierno y el pueblo originario, el gremio exhorta a la empresa a que tome en cuenta el atraso en la entrega de la obra, en parte causado por este conflicto que se ha dado.
“Es cierto que la empresa no participó en las negociaciones con los pueblos originarios una vez que el Gobierno inició el proceso; no obstante, según la información que manejamos estaba anuente a la opción de colocar sus acciones en un fideicomiso”, expresó.
Esto, a juicio del presidente del gremio, respeta la seguridad jurídica de Genisa como propietaria.
NUEVA POSICIÓN
La empresa Genisa reiteró ayer al Gobierno su "disposición y voluntad de llevar a cabo las conversaciones necesarias para alcanzar una solución integral" en el tema del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
Esto se da luego de que el martes emitiera un comunicado en el que rechazaba el acuerdo firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y las autoridades comarcales.
Según la empresa, si bien el acuerdo suscrito contiene temas que son de competencia exclusiva del Gobierno y de la comisión indígena, que no tenían que ser consultados con Genisa, también fueron incluidos temas que guardan relación directa con la propiedad del proyecto y sus inversionistas, algunos de los cuales “fueron discutidos previamente con Genisa”, y otros de los cuales solo se tuvo conocimiento tras el acuerdo.
