Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), concesionaria de la hidroeléctrica Barro Blanco, en el río Tabasará, conocía los detalles del acuerdo firmado este lunes entre autoridades comarcales y el Gobierno, que establece que la empresa se retira de la operación de ese proyecto.
De hecho, abogados de la empresa y representantes de los bancos que financiaron la hidroeléctrica se reunieron el 7 y 8 de julio pasado en la Cancillería con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y con el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Roberto Meana, para tratar el tema.
Tras ese encuentro, Genisa presentó sus propuestas al Gobierno a través de sus abogados, y entre estas figura que la empresa “se retira de la operación del proyecto”.
“Yo tengo aquí la correspondencia enviada por los abogados de los señores de Genisa, donde indican que ellos salen de la operación de Barro Blanco, que el proyecto va a ser manejado por un tercero, que se hace un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá para el repago de todas las deudas y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento”, explicó Meana, luego de señalamientos de la empresa.
Por medio de un comunicado, Genisa planteó ayer su desacuerdo con el pacto firmado en Llano Tugrí, en la comarca Ngäbe Buglé.
“Manifestamos de manera formal nuestro desacuerdo ante las imposiciones incluidas en dicho convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro a este proyecto como consecuencia de la mesa del diálogo”, dijo la firma comercial.
LOS APORTES DE GENISA AL PACTO
Los pasados 7 y 8 de julio se reunieron en la Cancillería de la República abogados de la empresa Genisa, embajadores de Holanda y Alemania, países de los cuales son originarios los bancos que financiaron el proyecto.
En ese sentido, el costo de la represa llega a los $140 millones y fue financiada en su mayor parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el holandés Fondo para los Mercados Emergentes (FMO, por sus siglas en inglés) y el Banco Alemán de Desarrollo e Inversiones (DEG, por sus siglas en alemán).
Por el Gobierno estuvieron el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos, Roberto Meana.
La idea era definir la futura operación del proyecto hidroeléctrico, ubicado entre la comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, ya que era un tema que no había concluido la comisión de alto nivel establecida para encontrar una solución a este conflicto ambiental.
Precisamente, el diálogo sobre Barro Blanco se dividió en cuatro ejes temáticos, que fueron el económico, cultural, social y ambiental. Sin embargo, el más complejo (el económico) no se había resuelto aún. Ese eje evaluaría diferentes opciones sobre la futura operación de esta represa.
Tras ese encuentro, Genisa, a través de sus abogados, hizo llegar al Gobierno una “propuesta que resuelve las solicitudes de las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé”.
En la misma, la empresa señala que “se retira de la operación del proyecto”.
También plantea que Genisa será reemplazada, en lo que concierne a la operación del proyecto hidroeléctrico, por un tercero independiente a dicha empresa, con experiencia en la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas.
Otro de los puntos de la compañía es que el proyecto será operado por un grupo de profesionales contratados para ese propósito y se harán todos los esfuerzos para que la mayoría de este personal sea panameño y preferiblemente que sean residentes del área de Chiriquí.
“Las acciones de Genisa se traspasarán a un fideicomiso que mantendrá la custodia de las mismas para garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo involucrados: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco DEG de Alemania y Banco FMO de Holanda. El Banco Nacional de Panamá será nombrado como fiduciario de este fideicomiso y será el custodio de la prenda de todos los activos del proyecto”, sostiene la comunicación.
La firma comercial en su propuesta termina señalando que el Gobierno Nacional garantizará que todos los puntos antes señalados sean realizados oportunamente.
CAMBIAN POSTURA
A pesar de los anteriores planteamientos, ayer Genisa emitió un comunicado en el que indicó que tras un año de instaurar un diálogo con la comisión indígena en torno al proyecto Barro Blanco, nunca fueron parte de dicha mesa. “En la misma se han tomado y se siguen tomando decisiones que han resultado en suspensiones y atrasos en la construcción y operación del proyecto, lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura, entre otros”, manifestaron.
Según la empresa, el acuerdo con la comisión indígena firmado en Llano Tugrí, comarca Ngäbé Buglé, fue informado a la empresa con posterioridad de haber sido acordado entre el Gobierno y la comisión. “Genisa no es parte de este acuerdo”, puntualizan.
Por otra parte, expresa “su profunda preocupación” ante ciertas cláusulas contenidas en el acuerdo, que “menoscaban” sus derechos bajo el contrato de concesión. Sostiene que dichas cláusulas igualmente “violan” los derechos que amparan a sus inversionistas.
Como uno de sus últimos cuestionamientos manifiestan que se reservan el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales para proteger su derecho a un trato justo y equitativo de su inversión, y que se cumpla con los principios de legalidad como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica.
ASEP EXPLICA
El acuerdo firmado el pasado lunes con los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé para comenzar las operaciones de la hidroeléctrica de Barro Blanco replica varios puntos presentados por la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) y los inversionistas, afirmó ayer el administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana.
Después de 19 meses de negociación, el Gobierno firmó un acuerdo con los caciques de la comarca Ngäbe Buglé, pero a menos de 24 horas de ese hecho, la empresa emitió un comunicado en el que señaló que no está de acuerdo con algunos de los puntos acordados.
“Yo tengo aquí la correspondencia enviada por los abogados de los señores de Genisa, donde indica que ellos salen de la operación de Barro Blanco, que el proyecto va a ser manejado por un tercero, que se hace un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá para el repago de todas las deudas y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento”, explicó Meana.
Uno de los abogados de la empresa, cuyo nombre no se reveló, adjuntó la propuesta discutida y aprobada con los inversionistas y los bancos para tratar de resolver finalmente este problema.
Como parte del acuerdo, Genisa debe presentar al Gobierno una empresa que se encargue de la operación de la planta hidroeléctrica y debe demostrar que no tiene ninguna relación con ella. “No pueden tener vinculación y si ellos nos dicen una mentira les caerá su multa”, afirmó Meana.
La decisión de que sea Genisa y no el Estado el que escoja al operador busca que no se diga que el proyecto se está manejando mal, añadió.
“Y si a los señores de Genisa les está preocupando que en el acuerdo se habla de la posibilidad de un rescate administrativo cuando se termine el repago de la deuda, esa posibilidad existe, no solo para Genisa, sino para cualquier otro concesionario que hay en Panamá, porque todos los contratos son iguales en esa cláusula”, indicó.
La figura de rescate administrativo o expropiación significa que el Estado le quita la concesión a la empresa por el incumplimiento del contrato y le paga por sus derechos.
Sobre la denuncia de violación a la seguridad jurídica que hizo Genisa, Meana manifestó que “vivimos en un país democrático, en un país donde las instituciones legales tienen que valer por lo que son. Las personas tienen sus derechos. Lo que no podemos permitir es que existan eventos de irrespeto a la autoridad como lo vivimos ayer”.
Tras la firma, los puntos del acuerdo se deben seguir implementando, por ejemplo, trabajar en el fideicomiso, adelantar las indemnizaciones a los afectados, que los señores de Genisa escojan quién es el operador, que se inicie el llenado y operación de la planta.
Los tiempos se van a comenzar a contar una vez se tenga el documento aprobado por el Congreso de la comarca Ngäbe Buglé, que según Meana no le ve mayores problemas, y que hagamos el decreto ejecutivo. Una vez que tenga eso comienzan los tiempos a contar, dijo.
El embalse se comenzó a llenar para hacer las pruebas.
Según Meana, se están haciendo las pruebas en la planta, si pasa todas las pruebas entra a operar , si no tienen que corregir para después operar. El embalse no se logró llenar porque el 9 de junio la ASEP suspendió la operación debido a que se estaba viendo afectación de personas. No obstante, esto ya fue solucionado.
LAS REACCIONES
Para Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la ciudadanía debe estar más informada de lo convenido y debe darse mayor divulgación al acuerdo. “ Es buena la iniciativa del Gobierno Nacional el generar paz social, más aun en la comarca Ngäbe Buglé, sin embargo, ello no puede ser en detrimento de la libre empresa y seguridad jurídica de la inversión privada”, acotó.
González subrayó que en este tipo de conflictos siempre se debe buscar las paz social, una genuina, sin perjudicar de forma alguna a los actores del sector privado que han invertido en obras de infraestructura en el país.
Al respecto, menciona que no es positivo mandar un mensaje de falta de certeza jurídica a la inversión y no se puede atentar contra la libre empresa, con el pretexto de obtener paz social, ya que ello puede generar incertidumbre y una señal equívoca de Panamá.
Por otro lado, dijo que debe respetarse la investidura del presidente de la República, Juan Carlos Varela; la canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y la ministra de Ambiente, Mirei Endara, quienes acudieron a la firma del acuerdo. “ Condenamos las manifestaciones de irrespeto y violencia hacia estos, así como a miembros de la Policía Nacional, ello no es justificable”, dijo.
Mientras que Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sostuvo que es “positivo” que después de 19 meses de iniciadas las negociaciones, se haya logrado un acuerdo pacífico.
“Que se haya llegado a un acuerdo, entre el Gobierno y la comunidad indígena, que permita, entre otras cosas, culminar el llenado y pruebas para iniciar operaciones de un proyecto necesario para la generación de energía limpia en el país es un logro para el presidente Varela, la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado y para el país en general”, añadió.
A la vez, mencionó que como aprendizaje de esta experiencia es importante educar al país y a las comunidades sobre las bondades de la generación eléctrica a través de las hidroeléctricas.
“Es el Estado el que tiene que acordar con las comunidades los términos bajo los cuales se va a construir el proyecto y la concesión otorgada por el Estado. Si esto no se hace así no habrá más inversionistas y menos si son extranjeros que tomen el riesgo de construir un proyecto de infraestructura de un tamaño importante”, concluyó el empresario.
En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada indicó ayer que “la decisión sobre Barro Blanco se tomó de acuerdo con los principios de un grupo (ngäbe) que no respeta ningún tipo de autoridad, incluyendo la de ellos. Esto le va a costar mucho al país. El pacto firmado ayer es resultado de un diálogo que no contó con la participación de todos los actores”.
(Con información de Aminta Bustamante).
