Sus denuncias son bastante parecidas: vidas en riesgo, construcciones ilegales, cambios de zonificación sin consulta pública y amenazas de deforestación de grandes extensiones de bosques.
Se trata de docenas de comunidades del distrito de Panamá que han agotado las quejas formales en instituciones como la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Cansados de esta situación optaron por manifestarse en la Alcaldía de Panamá, donde reclamaron al alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, ser más diligente en este tema.
El edificio Hatillo, ubicado en el corregimiento de Calidonia y sede de la Alcaldía, fue el punto donde se escucharon las historias de violaciones a las normas urbanas.
María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, mencionó que los ciudadanos no tienen paz y están molestos por los cambios de uso de suelo sin planificación y orden. “Hemos hablado con Blandón y aún hay obras ilegales que se siguen construyendo”, aportó.
Por su parte, Darío Vásquez Wolff, del grupo Soy Paitilla, subrayó que lo que ocurre en la capital es una “bomba de tiempo” y cada vez hay más casos de irregularidades con construcciones. “Basta de atropellos urbanos”, puntualizó.
Usó como ejemplo lo ocurrido con el P.H. Crystal, corregimiento de Bella Vista, donde la remodelación de un penthouse tiene en peligro la vida de varias familias.
Incluso, el Sistema Nacional de Protección Civil confirmó que esa construcción, hecha hace tres años sin un permiso de la Dirección de Obras y Construcciones, representa un “peligro”.
Según Vásquez Wolff, cada vez más las comunidades están despertando y denunciando ese tipo de irregularidades. “Antes éramos 5 y ahora somos más de 100 pidiendo orden”, resaltó el residente del área de Punta Paitilla, corregimiento de San Francisco.
Los moradores de esa zona han cuestionado la construcción de rascacielos, sin seguir las normas. A raíz de esto han acudido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Kathy McGrath, de los afectados en el P.H. Crystal, lamentó la decisión reciente de un juez de acoger un amparo de garantías para suspender la demolición del penthouse en ese edificio y que está a punto de causar que su techo colapse.
“Ahora quién será el responsable si la losa me cae encima: ¿el juez o quien construyó la estructura?”, cuestionó la moradora.
MÁS QUEJAS
La dirigente del grupo Somos San Francisco, María Sofía Velásquez, criticó que esa área esté llena de calles residenciales y que se estén convirtiendo en negocios que violan la zonificación.
“Nos están convirtiendo las casas en lava autos, que luego funcionan como bares nocturnos. Así mismo hay restaurantes que son cantinas clandestinas”, denunció.
Para Velásquez, se trata de un “desastre urbano” y se le está pasando por encima al ciudadano que trata de vivir tranquilo en su comunidad.
En tanto, Marisa de Arco, dirigente de Cárdenas, sostuvo que allá también se están incumpliendo las normas urbanas, que tienden a garantizar el orden en las áreas revertidas.
Durante la actividad, los manifestantes solicitaron la presencia de Blandón, la vicealcaldesa Raisa Banfield y el director de Obras y Construcciones Antonio Docabo, pero ninguno de los tres se presentó. Funcionarios de la entidad informaron que no estaban en el lugar.
No obstante, una vez concluida la protesta se acercó a atender a algunos manifestantes Jeaninne Sánchez, de la Dirección de Obras y Construcciones , quien señaló que se está revisando caso por caso las denuncias presentadas y que el propio Docabo está realizando las inspecciones “en sitio” como elemento de las investigaciones que se ejecutan.
También se precisó en un comunicado de prensa que la Alcaldía estará convocando una reunión con la Red Ciudadana para presentar un informe de lo actuado en los casos señalados.
En horas de la tarde se pudo contactar al alcalde, quien argumentó que hay un plan de acción a largo plazo y que desde el año pasado no se hacen cambios de zonificación en el distrito. “En la junta de planificación, donde se aprueban los cambios de uso de suelo, hay miembros de la Red Ciudadana. Ellos conocen de ese tema”, acotó.
Blandón confirmó que el lunes darán respuesta a las peticiones de la Red, que tienen que ver con construcciones ilegales o cambios de zonificación.Actualmente, en la Alcaldía hay 33 órdenes de demoliciones y para hacer ese trabajo conformaron una oficina con equipo.
FALTA PLANIFICACIÓN
Para el viceministro de Ordenamiento Territorial del Miviot y exdirector de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, Juan Manuel Vásquez, este es un asunto que tomará varios años para resolverse.
Según Vásquez, una vez asumieron el cargo anularon los cambios de zonificación en comunidades como Altos del Golf y Villa Lilla, en San Francisco.
Nosotros no damos permisos de construcción y tampoco podemos paralizar obras”, explicó.
Además, sostuvo que el Plan Metropolitano Urbano, que impulsa esa entidad, ayudará en el tema del ordenamiento urbano.
Por su parte, el urbanista y expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos José Batista indicó que el distrito de Panamá cuenta con una ciudad que es un “ente viviente”, y por ende las autoridades deben dar el primer paso para poner la casa en orden.
“Debemos ir hacia una ciudad planificada y hay que construir la infraestructura necesaria para que no se reporten los problemas denunciados con los nuevos desarrollos”, añadió.
Además, recomendó actualizar la Ley 6 del 1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. En ese sentido, detalló que esta normativa debía revisarse cada cinco años, pero eso no ha ocurrido desde que fue elaborada. “Hay un atraso”, concluyó.
En la manifestación, que comenzó a las 10:00 a.m. y concluyó a las 11:30 a.m., estuvieron unos 80 dirigentes de comunidades como Altos de Curundú, Betania, El Cangrejo, Carrasquilla, Coco del Mar, Hato Pintado, Obarrio y Punta Paitilla.
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Sus denuncias son bastantes parecidas: vidas en riesgo, construcciones ilegales, cambios de zonificación sin consulta pública y amenazas de deforestación de grandes extensiones de bosques.
Se trata de docenas de comunidades del distrito de Panamá que han agotado las quejas formales en instituciones como la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Cansados por esta situación optaron por manifestarse en la Alcaldía de Panamá, donde reclamaron al alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, ser más diligente en este tema.
El edificio Hatillo, ubicado en el corregimiento de Calidonia y donde está la sede de la Alcaldía, fue el punto donde se escucharon las historias de violaciones a las normas urbanas.
María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, mencionó que los ciudadanos no tienen paz y están molestos por los cambios de uso de suelo sin planificación y orden. “Hemos hablado con Blandón y aún hay obras con ilegales que se siguen construyendo”, aportó.
Por su parte Darío Vásquez Wolff, del grupo Soy Paitilla, subrayó que lo que ocurre en la capital es una “bomba de tiempo” y cada vez hay más casos de irregularidades con construcciones. “Basta de atropellos urbanos”, puntualizó.
Usó como ejemplo lo ocurrido con el P.H. Crystal, corregimiento de Bella Vista, donde la remodelación de un penthouse tiene en peligro la vida de varias familias.
Incluso, el Sistema Nacional de Protección Civil confirmó que esa construcción, hecha hace tres años sin un permiso de la Dirección de Obras y Construcciones, representa un “peligro”.
Según Wolff, cada vez más las comunidades están despertando y denunciando ese tipo de irregularidades. “Antes éramos cinco y ahora somos más de 100 pidiendo orden”, resaltó el residente del área de Paitilla, corregimiento de San Francisco.
Los moradores de esa zona han cuestionado la construcción de rascacielos, sin seguir las normas. A raíz de esto han acudido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En tanto,Kathy McGrath, de los afectados en el P.H. Crystal, lamentó la decisión reciente de un juez de acoger un amparo de garantías para suspender la demolición del penthouse en ese edificio y que está a punto de causar que su techo colapse.
“Ahora quién será el responsable si la losa me cae encima: ¿el juez o quien construyó la estructura?”, cuestionó la moradora.
MÁS QUEJAS
La dirigente del grupo Somos San Francisco, María Sofía Velásquez, criticó que esa área esté llena de calles residenciales y que se estén convirtiendo en negocios que violan la zonificación.
“Nos están convirtiendo las casas en lava autos que luego funcionan como bares nocturnos. Así mismo hay restaurantes que son cantinas clandestinas”, denunció.
Para Velásquez, se trata de un “desastre urbano” y se le está pasando por encima al ciudadano que trata de vivir tranquilo en su comunidad.
En tanto, Marisa de Arco, dirigente de Cárdenas, sostuvo que allá también se están incumpliendo las normas urbanas, que tienden a garantizar el orden en las área revertidas.
Durante la actividad los manifestantes solicitaron la presencia de Blandón, la vicealcaldesa, Raisa Banfield y del director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, pero ninguno de los tres se presentó. Funcionarios de la entidad informaron que no estaban en el lugar.
No obstante, una vez concluida la protesta se acercó a atender a algunos manifestantes Jeaninne Sánchez, de la Dirección de Obras y Construcciones , quien señaló que se esta revisando caso por caso las denuncias presentadas y que el propio Docabo está realizando las inspecciones “en sitio” como elemento de las investigaciones que se ejecutan.
También se precisó en un comunicado de prensa que la Alcaldía estará convocando una reunión con la Red Ciudadana para presentar un informe de lo actuado en los casos señalados.
En horas de la tarde se pudo contactar al alcalde, quien argumentó que hay un plan de acción a largo plazo y que desde el año pasado no se hacen cambios de zonificación en el distrito. “En la junta de planificación, donde se aprueban los cambios de uso de suelo, hay miembros de la Red Ciudadana. Ellos conocen de ese tema”, acotó.
Blandón confirmó que el lunes darán respuesta a las peticiones de la Red que tienen que ver con construcciones ilegales o cambios de zonificación.
Actualmente, en la Alcaldía hay 33 órdenes de demoliciones y para hacer ese trabajo conformaron una oficina con equipo.
FALTA PLANIFICACIÓN
Para el viceministro de Ordenamiento Territorial del Miviot y exdirector de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá, Juan Manuel Vásquez, este es un asunto que tomará varios años para resolverse.
Según Vásquez, una vez asumieron el cargo anularon los cambios de zonificación en comunidades como Altos del Golf y Villa Lilla, en San Francisco. “Nosotros no damos permisos de construcción y tampoco podemos paralizar obras”, explicó.
Además sostuvo que el plan metropolitano urbano que impulsa esa entidad ayudará en el tema del ordenamiento urbano.
Por su parte, el urbanista y expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, José Batista, indicó que el distrito de Panamá cuenta con una ciudad que es un “ente viviente”, y por ende las autoridades deben dar el primer paso para poner la casa en orden.
“Debemos ir hacia una ciudad planificada y hay que construir la infraestructura necesaria para que no se reporten los problemas denunciados con los nuevos desarrollos”, añadió.
Además, recomendó actualizar la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. En ese sentido, detalló que esta normativa debía revisarse cada cinco años pero eso no ha ocurrido desde que fue elaborada. “Hay un atraso”, concluyó.
En la manifestación que comenzó a las 10:00 a.m., y concluyó a las 11:30 a.m., estuvieron unos 80 dirigentes de comunidades como Altos de Curundú, Betania, Cangrejo, Carrasquilla, Coco del Mar, Hato Pintado, Obarrio y Paitilla.
