De los 110 mil metros cúbicos de madera que son talados cada año en el país, por lo menos 50 mil metros cúbicos son deforestados ilegalmente por redes de traficantes locales, revelan informes del Ministerio de Ambiente.Los registros oficiales dan cuenta de que el 96% de la madera talada ilegalmente –unos 48 mil metros cúbicos–, proviene de la provincia de Darién, considerada la principal y más grande reserva forestal de Panamá y de toda Centroamérica.Los reportes identifican como miembros de estas redes criminales a ciudadanos de nacionalidades china y panameña, y entre estos últimos, inclusive, a indígenas darienitas.En los bosques de Darién han sido registradas 2 mil 638 especies de flora, que representan 27.7% de todas las especies del país. La mayor parte de esa riqueza de plantas está en el Parque Nacional Darién y, de ese total, 189 especies son endémicas nacionales.Noel Trejos, director de Cuencas Hidrográficas del Ministerio de Ambiente, atribuyó esta delicada situación a problemas que van desde la pobreza en la región, que se entiende alrededor de poco más de un millón de hectáreas de tierra, hasta fallas institucionales.“Aquí en Darién hay mucha pobreza y el dinero que puede salir más fácilmente es por el derribo de los árboles. Cada una de estas personas cuenta con intermediarios que solo están esperando para comprar”, dijo.
Sobre la parte institucional, reconoció que ha hecho falta más control y vigilancia de los permisos de extracción de madera, y del cumplimiento de las normas.
Por tradición, la extracción maderera en Darién se ha concentrado en las especies de mayor valor comercial como la caoba y el cocobolo, pero la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente suspendió los permisos para la tala de esta última especie.
Por ello, las especies más buscadas ahora son espavé, pino amarillo, bálsamo, cedro y cedro espino.
Los traficantes de madera derriban, incluso, árboles de hasta 50 años, según los informes del Ministerio de Ambiente.
Organizaciones ambientales advierten que al no haber control sobre la extracción de estas especies se pone en peligro su supervivencia, pues la tala incluye árboles de mayor tamaño, forma y características.
Lo anterior limita la posibilidad de que esas cualidades perduren, porque los árboles que quedan para producir semillas cada vez son menos.
Para Trejos, si la situación sigue como actualmente habrá un impacto directo sobre el principal bosque de Panamá, porque si bien pareciera que la selección de determinadas especies solo las afecta a ellas, para su extracción se abren trochas que eliminan otras plantas.
VIOLAN PERMISOS
En la actualidad hay una concesión forestal en la comarca Emberá–Wounaan, muy cerca del río Tupiza, que suma 26 mil 720 hectáreas y donde se realizan estudios y ensayos para obtener el aprovechamiento más óptimo, sin afectar demasiado a los procesos ecológicos naturales de la región boscosa.
Por ejemplo, se le permite a los indígenas comercializar varias hectáreas al año, pero el resultado de esa venta debe incidir en el mejoramiento de las comunidades. Esta práctica es controlada a través de lo que se denomina como permisos comunitarios para la extracción de madera.
Las autoridades también otorgan permisos de subsistencia a agricultores que tienen madera en sus fincas y desean venderla; sin embargo, están utilizando esa autorización para derribar plantas en otras áreas.
En estos dos casos, las autoridades enfrentan problemas, debido a que tanto para los permisos comunitarios como para los de subsistencia no se está cumpliendo con la normativa y muchas veces se extrae más madera.
Hermel López, director regional del Ministerio de Ambiente en Darién, manifestó que la mayoría de los bosques de esa zona están en las comarcas indígenas o en las áreas protegidas, por lo que es allí donde más acuden los empresarios madereros.
De hecho, la provincia tiene dos comarcas: Emberá–Wounaan y Guna Yala, así como cinco área protegidas.
“Esto se ha intensificado, porque muchos dirigentes indígenas se han involucrado en esta actividad ilegal”, reconoció López.
Sobre el tráfico ilegal, informó que ahora mismo tienen unos 200 camiones retenidos, aunque calculan que otros 300 vehículos con ese mismo tipo de madera pasaron los controles sin ser detenidos o confiscados.
Las autoridades admiten que el sector maderero es muy dinámico y quienes lo integran se las ingenian para evadir los controles tanto del Ministerio de Ambiente como del Servicio Nacional de Fronteras.
Una de esas formas ha sido el denominado “blanqueo”, ya que legalizan madera que es ilegal a través de los permisos de aprovechamiento para indígenas y agricultores.
“Nosotros hacemos cálculos sobre cuánta madera llega al mercado final y cuánto ha pasado por el control de la entidad, pero la mayoría de las veces las cifras no cuadran, así que eso nos da una idea del problema del tráfico”, añadió el funcionario.
A raíz de esta situación, dijo que se ha decidido suspender varios permisos de extracción, y la intención de las autoridades es que estos avales desaparezcan en uno o dos años.
INDÍGENAS HABLAN
Gulin Degaiza, de la Empresa Forestal Tupiza y dirigente de la comarca Emberá–Wounaan, señaló que forman parte de las comunidades beneficiadas con los permisos comunitarios.
Según Degaiza, explotan el recurso con planes de manejo autorizados por el Ministerio de Ambiente y subrayó que la tala ilegal se debe a que hay empresarios que insisten en aprovecharse de los bosques de forma indiscriminada sin importarles las normas y preservación de las especies.
Incluso, admitió que han destituido a dirigentes indígenas, porque se aprovechaban de su condición para, junto con los empresarios madereros, derribar más árboles de los autorizados. “Tomaban la decisión de tumbar árboles en zonas donde no se había autorizado y eso no es permitido”, aseguró.
En le caso de Tupiza, una gran parte de la madera es destinada para la construcción de viviendas en las comunidades indígenas, y otra para la comercialización con fines de subsistencia.
REFORMA A NORMAS
Activistas señalan que además de reformar los permisos de subsistencia, se debe fiscalizar mucho más las actividades que llevan a cabo los maderos.
En Darién, el Ministerio de Ambiente tiene cerca de 10 funcionarios que se dedican a esta labor entre los meses de octubre y mayo, cuando se tala la madera, pero no se dan abasto debido a la extensión del territorio.
Harley Mitchell, hijo, exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, considera que las autoridades deben regular mejor lo que ocurre en este tema, ya que está en juego los bosques más importantes del país.
Por su parte, Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental, sostuvo que también se deben endurecer la sanciones a quienes se dediquen a extraer árboles de manera ilegal en el área.
Darién es una de las reservas naturales consideradas como Patrimonio Mundial de la Humanidad, según la Unesco.
